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Febrero ha sido un mes terrible en una época de espanto en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Este sábado, hacia las cuatro de la tarde, los cuerpos de seis hombres con heridas de bala fueron encontrados en una casa en obra negra.
Este no es el primer multihomicidio del mes en esa ciudad del Bajío. Una semana antes, los cadáveres cuatro hombres y una mujer fueron hallados en una casa que había sido escenario de un doble asesinato unos meses antes.
Junto a esos casos dramáticos, se suceden en Salamanca escenas cotidianas de violencia homicida. De acuerdo a un conteo informal del gobierno federal, construido con fuentes abiertas, se acumularon no menos de 29 asesinatos en ese municipio en los primeros 14 días de febrero. De mantenerse ese ritmo, la ciudad terminaría el mes con casi 60 homicidios. Eso equivale al doble del promedio mensual experimentado en 2018.
En términos relativos, ese número implica una tasa anualizada de 263 homicidios por 100 mil habitantes, 10 veces más que la tasa nacional y una cifra que recuerda el peor momento de Ciudad Juárez en 2010.
Al hablar de violencia, nunca hay causas únicas ni explicaciones sencillas. Pero en el sur de Guanajuato, (casi) todo apunta al huachicol. La región es sede de la refinería Antonio N. Amor, el nodo central, según la versión del gobierno, del robo de combustible en Guanajuato. En torno a ella, se habría creado una amplia y diversa economía del saqueo, que incluiría lo mismo a funcionarios de Pemex que a autoridades de los tres niveles de gobierno, distribuidores de combustible y pobladores de las comunidades vecinas a la refinería y los ductos. El negocio ha atraído lo mismo a grupos foráneos (como el Cartel de Jalisco Nueva Generación) que a grupos de extracción local, como el llamado Cartel de Santa Rosa de Lima.
Salamanca es por esas razones el epicentro de la ofensiva del gobierno en contra del huachicol. La refinería está virtualmente parada y bajo ocupación militar. Los ductos no están operando aún a plena capacidad y una parte considerable de la distribución se realiza por vía de pipas. Se ha incrementado la presencia federal en la región desde diciembre y el despliegue debería aumentar en las próximas semanas: cuatro de las 17 coordinaciones territoriales señaladas como prioritarias se ubican en Guanajuato
La estrategia podría estar funcionando en términos de litros robados. Según las estadísticas publicadas por Pemex, el volumen desviado de combustible habría disminuido más de 80% desde el arranque de la ofensiva hace dos meses.
Pero esa aparente disminución del huachicoleo no se ha traducido en una reducción de la violencia conectada al fenómeno. Por el contrario, el problema se ha agudizado en los últimos dos meses. La escasez relativa de combustible robado parece haber intensificado la disputa por el control de las fuentes remanentes de suministro. A su vez, algunos de los grupos involucrados en el huachicol se han movido a otros delitos como la extorsión, el secuestro o el robo.
Entonces las cosas no pintan bien para Salamanca (y para Guanajuato, en general): la violencia no para de crecer a pesar de un amplio despliegue de fuerzas federales y de la aparente disminución del robo de combustible. El problema empezó con el huachicol, pero ya agarró dinámica propia: no se irá solo porque se acabe el saqueo a Pemex.
Nota: Ante esa situación, las autoridades estatales no están respondiendo a la altura de la crisis: en un hecho incomprensible, el Congreso está a un paso de confirmar como primer fiscal general del estado a Carlos Zamarripa, procurador estatal desde hace nueve años, bajo cuyo mandato, la violencia creció sin freno. Mala noticia
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
