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Esta semana, Olga Sánchez Cordero, hoy senadora y secretaria de Gobernación en un mes, presentó una iniciativa de ley para regular la producción, comercio y consumo de marihuana. La propuesta cuenta con el potente respaldo de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado. Dada la actual aritmética legislativa, su aprobación en fecha próxima es altamente probable.
Eso es, creo yo, algo bueno. De pasar, se ampliarían las libertades individuales, se excarcelaría a algunos miles de reos que jamás debieron de haber pisado la cárcel, se le quitaría poder de extorsión a las policías y aumentarían en el margen los ingresos tributarios. Todo eso a cambio de costos bastante moderados de salud pública.
Dicho lo anterior, hay algo que no se va a lograr con esta medida: reducir la violencia homicida. Consideren lo siguiente:
1. En las jurisdicciones que han sido pioneras en la legalización de la marihuana, los homicidios se han movido en la dirección contraria a la anticipada. En Uruguay, se registraron 258 homicidios en 2013, el año en que se aprobó la legislación que dio paso a un mercado legal y regulado. En 2017, las autoridades uruguayas reportaron 283 asesinatos. Y 2018 apunta a ser año récord: se contabilizaron 215 homicidios en el primer semestre. Algo similar ha sucedido en Colorado y Washington, las dos primeras entidades de Estados Unidos que legalizaron la marihuana para fines recreativos: en 2013, último año antes de la operación del mercado legal para consumo lúdico, la tasa de homicidio en esos dos estados fue de 3.4 y 2.3 por 100 mil habitantes, respectivamente. En 2017, la tasa de homicidio de Colorado fue de 3.9 por 100 mil habitantes; la de Washington, 3.1. Ahora, se puede argumentar que son muy pocos casos y muy pocos años y que tal vez se tenga que controlar por otros factores. Es posible, pero un hecho es innegable: el presunto efecto pacificador de la regulación de las drogas no parece obvio ni contundente.
2. Toda la evidencia disponible sugiere que las exportaciones mexicanas de marihuana a Estados Unidos han disminuido notablemente en el último lustro. La erradicación de plantíos de marihuana se encuentra en niveles históricamente bajos, de menos de 5 mil hectáreas por año. Los decomisos en México han seguido la misma tendencia: en 2017, se decomisaron 407 toneladas de marihuana, una cifra casi 70% inferior a la registrada en 2012. Algo similar ha ocurrido en la frontera: en el lado estadounidense, las incautaciones de cannabis han disminuido en casi dos terceras partes desde 2014. A esto hay que añadirle un efecto precio: en los estados que han legalizado en el vecino del norte, los precios se han desplomado hasta 70% en los últimos cinco años, generando impacto a escala nacional. Dicho de otro modo, los ingresos mexicanos por exportación de marihuana probablemente se han colapsado en los últimos cinco años. Pero eso no parece haber generado mayor efecto pacificador en las zonas de producción o tránsito. Entre 2014 y 2017, mientras el comercio ilegal de la marihuana caía en picada, la tasa de homicidio aumentaba en Chihuahua y Sinaloa, y se mantenía estable en Durango. Asimismo, crecía en todos los estados de la frontera norte, con la excepción de Coahuila.
De nuevo, hay muchos otros factores y no pretendo sugerir que la legalización de la marihuana genera un incremento de violencia. Pero ciertamente los datos disponibles no parecen validar la hipótesis de que el surgimiento de un mercado legal de cannabis tiene efectos notables sobre el número de homicidios.
Para concluir: bienvenida sea el arribo de la marihuana legal y regulada. Por muchas razones de peso. Pero no pretendan vender la medida como política de seguridad.
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