El fin de semana pasado, un colectivo de familiares de desaparecidos localizó en Cajeme, Sonora, 19 fosas clandestinas que contenían 27 cuerpos. Es de suponerse que todos eran víctimas de homicidio.
Sin embargo, en el conteo diario de homicidios que publica el gobierno, no están registradas esas muertes. Según el reporte (http://bit.ly/2IAFLHd), no hubo un solo homicidio en el estado de Sonora el 13 de enero, fecha del descubrimiento de las fosas. Estas se mencionan en una nota de pie de página, pero los cadáveres no se incluyeron en el total diario.
A primera vista, no parece mala esa decisión. Con alta probabilidad, esos homicidios no se cometieron el sábado. Dado el grado de descomposición que presentaban algunos de esos cadáveres, es posible que llevaran semanas, meses o años en las fosas. Idealmente, se debería determinar, mediante pruebas forenses, la fecha probable de cada una de esas muertes y hacer el registro correspondiente.
Pero entre el ideal y la realidad, media un trecho importante. Hay en el país un déficit radical de peritos: en 2017, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, había 1,088 médicos forenses en todas las procuradurías estatales. En Sonora, había 44 médicos forenses laborando en la procuraduría del estado. En esas circunstancias, la sobrecarga para los peritos es inmanejable.
A esto se suma un asunto procesal. Una carpeta de investigación por homicidio doloso se abre en el momento en que se descubre un cadáver y hay indicios de que la muerte fue producto de una agresión. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cuenta carpetas de investigación y las víctimas asociadas. Para fines de registro, no puede poner otra fecha que la del inicio de la indagatoria, así los muertos en cuestión lleven meses en una fosa clandestina.
Dadas esas consideraciones, la convención es registrar los homicidios de personas encontradas en fosas clandestinas en el mes del hallazgo.
Ahora, el Inegi sí realiza una distinción entre la fecha de ocurrencia y la fecha de registro de los homicidios, ya que su información procede de actas de defunción donde, en principio, los médicos legistas deben informar sobre la fecha y hora probable de muerte. Sin embargo, las divergencias tienden a ser menores. En 2017, por ejemplo, sólo 2.2% de los homicidios registrados en ese año sucedieron en años previos.
Entonces, para fines prácticos, las personas encontradas en una fosa clandestina van a ser registradas como víctimas de homicidio en la fecha del hallazgo correspondiente.
Esto obviamente se complica cuando no hay restos completos, pero en ese terreno, una práctica convencional es contar cráneos. Además, en el mediano plazo, la contabilidad tiende a compensarse: este mes hay probablemente personas siendo arrojadas a fosas clandestinas que no serán encontradas sino hasta dentro de varios meses o años.
Entonces, ¿estuvo mal excluir a las personas que fueron encontradas en las fosas de Cajeme del conteo diario de homicidios que lleva el gobierno? En mi opinión, sí. Por una parte, esa exclusión amplía la distancia entre esa serie y los datos oficiales (agudizando la desconfianza en esos números). Pero, más importante, se está omitiendo información importante sobre la situación de seguridad.
La aparición de fosas clandestinas es señal de que probablemente las autoridades han venido subestimando el problema durante semanas o meses. Eso le debería de dar claves a los tomadores de decisiones (empezando por el presidente de la República) sobre las condiciones de seguridad en el territorio.
En conclusión, los muertos encontrados en fosas clandestinas cuentan y deben ser contados.
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