El sábado, Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases, fue asesinado en Salamanca, Guanajuato.
¿Qué motivó el asesinato? No se sabe por ahora ¿Tiene alguna relación con los grupos de delincuencia organizada que operan en esa región del Bajío? Lo ignoramos. Pero el asunto debería de obligar a reflexionar sobre un escenario particularmente serio: la transformación de las bandas del crimen organizado en extorsionadores de segundo piso.
Eso significaría dos cosas:
1. La delincuencia organizada obtiene el control de sindicatos. Si una banda criminal puede controlar, por la vía de la corrupción, la intimidación o la violencia abierta, una estructura sindical, podría obtener un flujo de rentas enorme (las cuotas sindicales, por ejemplo). Esa fue de hecho una de las principales fuentes de ingreso de la mafia en Estados Unidos. Si, por ejemplo, se pudiesen apropiar de algunas secciones de algunos sindicatos de la CROM, la CROC o la CTM, podrían sacar ingreso de todas las construcciones y todos los contratos colectivos en regiones enteras del país. Y, lo mejor de todo para su causa, podrían hacerlo manteniéndose en las sombras, sin la molestia de tener que extorsionar directamente a los empresarios o al Estado.
2. La delincuencia organizada obtiene el control de un trozo del gasto público. Tanto la mafia estadounidense como los grupos mafiosos italianos obtuvieron y, en algunos casos, obtienen buena parte de sus ingresos extorsionando al extorsionador primario: el Estado. Si la delincuencia organizada se hace del control de ayuntamientos (y no sólo de las policías locales), puede capturar una parte importante del gasto en obra pública (pavimentación, por ejemplo) o de los ingresos generados por servicios públicos (recolección de basura, por ejemplo). También puede darle una mordida a los derechos o licencias que expidiese el municipio. En esas circunstancias, puede manipular elecciones e imponer candidatos: sería el sincretismo completo de la corrupción política y la delincuencia organizada.
Esos escenarios son graves no sólo porque le generan a los delincuentes cantidades impensables de dinero, sino porque significan una afectación directísima a la economía del país y a la vida cotidiana de los mexicanos. Como demuestra la experiencia italiana, es muy difícil desalojar a las mafias una vez que se han enquistado en las instituciones públicas. En ese entorno, los grupos delictivos pueden volverse menos violentos, pero más parasitarios y, en el largo plazo, mucho más dañinos.
De hecho, parte de ese camino ya se ha recorrido en algunas regiones del país. La violencia dirigida contra candidatos y políticos locales podrían formar parte de ese proceso. Y no es un asunto aislado: según un reporte reciente de Etellekt Consultores, se registraron 180 agresiones contra políticos en el primer trimestre de 2019, incluyendo 24 homicidios.
El fenómeno podría ahora extenderse al ámbito sindical, dados los cambios recientes a la legislación laboral que obligan a elecciones de dirigentes por voto secreto en organizaciones gremiales.
No sé qué probabilidad asignarle a este tipo de escenarios, pero me queda claro que no es cero. Hay que ir pensando en las distintas formas que tiene el crimen organizado para enquistarse en la vida pública del país. Lo de Muñoz Mosqueda importa no sólo por la tragedia individual: importa por lo que dice de los riesgos que podríamos enfrentar en un futuro próximo.
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