La Paz cada vez hace menos honor a su nombre. Hace dos días, la capital de Baja California Sur acumuló ocho homicidios en 24 horas. A ese total macabro, hay que sumarle dos víctimas en San José del Cabo. Diez asesinados en un solo día.
Lo peor de todo es que no fue un día inusual en el estado. De enero a agosto, 347 personas fueron asesinadas en la mitad sur de la península bajacaliforniana. No menos de 45 se acumularon en septiembre y octubre lleva paso récord. Se han vuelto frecuentes los días de más de cinco homicidios. Al ritmo actual, Baja California Sur podría acabar el año con la mayor tasa de homicidio del país, por encima de Colima y Guerrero.
No sólo es un problema de números. La violencia homicida se está volviendo más pública y más indiscriminada. La semana pasada, una familia entera fue atacada en plena calle, dejando herida de bala a una niña de tres años. Unos días antes, estalló una balacera en un centro comercial y acabó siendo transmitida en vivo por Facebook Live. En agosto, tres personas fueron ejecutadas en Playa Palmilla, una zona turística de Los Cabos. En ese incidente, para hacer gala de sus prioridades, el gobierno del estado se apresuró a declarar que las víctimas eran locales, no turistas (como si eso tranquilizara).
Como ya se ha narrado en muchas ocasiones, hay detrás de esta oleada de violencia una disputa a varias bandas entre grupos criminales. Hace no tanto, Baja California Sur era escenario de la guerra entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y Dámaso López El Licenciado. Y hay aún en el estado bandidos de Sinaloa y pistoleros de Jalisco, además de gente que alguna vez se asoció con la banda de los Arellano Felix. Hay también delincuentes locales, muy locales. Todos parecen pelearse el ingreso generado por la venta de drogas, sobre todo en las zonas turísticas.
Pero hay en la península algo más que drogas y delincuentes. Hay una indiferencia extraordinaria de las autoridades de todos los niveles. Ante cuestionamientos sobre la violencia, el gobernador Carlos Mendoza Davis declaró esta misma semana que “afortunadamente, sigue siendo un problema entre ellos”.
En julio pasado, el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, se aventó una puntada similar: “Revisen: a últimas fechas, la violencia se ha detenido enormemente”. En agosto, su municipio acumuló 20 homicidios, la mitad de los registrados en el estado.
Por su parte, el delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, Ricardo Millán Bueno, soltó hace menos de cinco meses la siguiente perla referida a Los Cabos: “Ha habido una disminución de la incidencia delictiva, una muy significativa a partir de la implementación de este operativo (federal)”.
Dicho de otro modo, ninguna autoridad en Baja California Sur quiere reconocer y hacerse cargo del problema. El resultado: un incendio que se extiende a diario, una matazón que no para.
Y luego nos sorprendemos de que nuestros destinos turísticos aparezcan en las alertas emitidas por gobiernos extranjeros.
POSDATA: le mando a mi amigo Leonardo Curzio un abrazo solidario y un aplauso rabioso. Su renuncia fue un acto de grandeza moral, poco usual en estas tierras. Estoy seguro que, más pronto que tarde, el país entero se lo reconocerá.
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