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La Guardia Nacional va. Ya hay un despliegue en el sur de Veracruz y ya viene un segundo en Hidalgo. Y eso es sólo el principio: para junio, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva corporación estará ya presente en 51 coordinaciones territoriales.
“Ahora nos están pidiendo por todos lados a la Guardia Nacional”, dijo el presidente en una conferencia mañanera. No hay razón para dudarlo: todos los gobiernos de todos los estados y todos los municipios van a pedir presencia de la Guardia Nacional.
Pero eso no es buena noticia:
1. La Guardia Nacional se puede ver desbordada. Se está planeando una corporación de 120 a 150 mil elementos para el final del sexenio, distribuidos en 250 a 266 coordinaciones territoriales. Eso implicaría, en el techo, 600 elementos por coordinación (en promedio). Pero los operativos iniciales han contado con un despliegue mucho mayor. En Tijuana, están desplegados más de 2,300 elementos federales; en Minatitlán, algo más de mil. Con eso, se consumió más del 5% de lo que se supone que será el estado de fuerza inicial de la Guardia Nacional (61 mil elementos). Si los operativos siguen en ese orden de magnitud, no va a haber reclutamiento que alcance.
2. La posibilidad de contar con la Guardia Nacional puede generar desincentivos para construir capacidades estatales y municipales. Esa dinámica quedó de manifiesto luego de la reciente balacera en el centro de Cuernavaca. La primera petición del alcalde, Antonio Villalobos, no fue al gobierno del estado, el cual controla la policía del municipio por la vía del mando único, sino a las autoridades federales: “Este cabildo en pleno, hacemos un llamado urgente y con mucha humildad al gobierno federal para contar con el apoyo de la Guardia Nacional”. Lo mismo se está reproduciendo en otras regiones: en San Martín Texmelucan, Puebla, un grupo de comerciantes, golpeados por una oleada de robos, exigió no una respuesta del gobierno municipal o estatal, sino el envío de la Guardia Nacional. Eso es música para los oídos de presidentes municipales y gobernadores: no tienen que dedicar recursos y capital político para transformar sus policías, sino solo negociar el arribo de la nueva corporación federal.
3. Las demandas crecientes a la Guardia Nacional pueden acabar desviando recursos que se podrían dedicar a construir capacidades estatales y municipales. En la primera versión del proyecto de ley orgánica de la Guardia Nacional, se contemplaba un pago de gobiernos estatales y municipales por la presencia de la corporación en su territorio. Esa disposición se eliminó en redacciones posteriores, pero eso no borra las transferencias. Por ejemplo, en Salamanca, el ayuntamiento piensa donar un terreno, valuado en 17 millones de pesos, a la Guardia Nacional para la construcción de un cuartel. Lo mismo se repite en Cajeme, Sonora. El gobierno estatal de San Luis Potosí hizo lo propio. Algo similar sucede con la infraestructura: en este año, los centros de control de confianza de los estados van a priorizar la evaluación de elementos de la Guardia Nacional. Debido a lo anterior, se acordó en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública posponer un año las evaluaciones a parte del personal estatal y municipal.
En resumen, se puede generar un círculo vicioso: se demanda en todas partes la presencia de la Guardia Nacional, la cual se ve desbordada de tanta petición, lo que obliga a desviar recursos que podrían ir a policías estatales y municipales, frenando su desarrollo y exacerbando la demanda de contar con la nueva corporación federal.
Eso nos puede dejar con menos y peores policías de los que tenemos ahora. No es buen desenlace.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
