El sábado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de junio. La información no es alentadora: en el mes de referencia, fueron asesinadas 3080 personas, casi 9% más que en junio de 2018.
Medido en promedio diario, este fue el segundo peor mes del año, con 102.6 víctimas de homicidio doloso y feminicidio por día, apenas por debajo de la cifra de febrero (102.7).
En algunos estados, los resultados fueron de terror. Destacan en particular los casos de Hidalgo, Tlaxcala, Sonora y Nuevo León, donde los homicidios crecieron 355, 300, 156 y 150%, respectivamente, contra el mismo mes del año pasado. En varias otras entidades, se registraron igualmente tasas de crecimiento de dos dígitos: Morelos (81%), Michoacán (67%), Jalisco (23%), Oaxaca (16%) y el Estado de México (11%).
¿Por qué sigue la escalada de violencia homicida? ¿Qué se necesita para detenerla? Mi respuesta es la misma en ambos casos: no sé. Puedo intentar algunas respuestas a manera de hipótesis, pero no sería más que especulación. Y creo que la mayoría de los colegas que estudian el fenómeno tendrían una respuesta similar.
A pesar de la importancia que la población y los medios le asignan al problema, sabemos muy poco sobre los resortes de la violencia homicida en México. Sí, hay en el trasfondo problemas estructurales, tanto de orden social como institucional, pero eso no ayuda mucho a entender la evolución temporal y territorial de la violencia. Por ejemplo, las instituciones sonorenses no son notablemente peores hoy que hace un año ni la sociedad de ese estado es muy distinta a la existente en 2018. Sin embargo, los homicidios se han casi duplicado en este año con respecto al primer semestre del año pasado.
Las causas de los brincos y las caídas abruptas se ubican probablemente en la coyuntura. Pero, ¿cuáles son? No está claro. En la bibliografía académica, existen no menos de 19 teorías distintas para explicar el gran disparo de violencia homicida que experimentó el país entre 2008 y 2011. Todas son útiles, todas revelan algo, pero no acaban de resolver el enigma.
Pero al menos hay algo escrito y teorizado sobre ese periodo. Sobre lo que vino después, sobre la caída experimentada entre 2011 y 2014 o sobre el rebote de 2015 a la fecha, la producción intelectual ha sido más bien escasa. Y sobre los casos extremos, sobre la explosión de violencia en Ciudad Juárez entre 2007 y 2010 o el milagro de La Laguna a partir de 2013 (una caída de casi 90% de los homicidios), la base de conocimiento es extraordinariamente limitada.
Esto no es solo un problema académico. En ausencia de evidencia, la política pública está dominada por la ocurrencia y la inercia ¿Más homicidios en un estado? Manden más tropas federales, construyan un C5 y gasten en recuperación de espacios públicos ¿Sirven de algo esas medidas? Nadie sabe y todo mundo lo duda, pero a nadie se le ocurre nada más.
Si queremos confrontar en serio la crisis de violencia, necesitamos como primer paso empezar a cerrar la brecha de conocimiento ¿Cómo? Va una idea: necesitamos crear una institución similar al Coneval para las políticas de seguridad y justicia, que identifique las carencias de información, colabore con las instituciones académicas para la producción de estudios rigurosos sobre la materia y ayude a dilucidar lo que sirve y no sirve para atender el problema.
Eso o nos seguimos como estamos, reportando a ciegas subidas y bajadas de homicidios, sin entender lo que sucede y sin nada que ofrecer que no sean lugares comunes para frenar la matazón.
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