Más Información
En estos días, se debate el futuro del proyecto estrella del gobierno federal en materia de seguridad. A pesar de acumular críticas, el proyecto de creación de la llamada Guardia Nacional pasó la aduana de la Cámara de Diputados, gracias a los votos del PRI.
Pero ahora falta el Senado y allí los apoyos podrían escasear. O no, dependiendo de cómo se interpreten las señales que ha venido mandando Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la bancada senatorial priísta. Hace dos semanas, señalaba lo siguiente: “Si hacen una Guardia Nacional que esté de acuerdo a los órganos internacionales a los que nos hemos adherido en el artículo 1 de nuestra Constitución y que esté con mando civil, pero no sólo el mando sino todo el proceso, nosotros estaremos apoyándolos”.
Unos días después, endureció el tono y reventó la posibilidad de un nuevo periodo extraordinario para aprobar la Guardia Nacional. Pero en días recientes, parece haber regresado a una posición más conciliadora. Hace dos días, en la reunión plenaria de su bancada previa al inicio de la sesión ordinaria del Congreso, dijo lo siguiente: “Si se hacen las modificaciones que estamos buscando, si podemos encontrar que se escuchen nuestras propuestas y las de otros para poder ir a su estrategia, la vamos a apoyar”. Al parecer, esas propuestas incluyen mayor capacitación para policías estatales y municipales (es decir, más dinero para sus gobiernos).
Esas podrían no ser demandas intransitables para el gobierno y su mayoría legislativa, pero la discusión no parece estar cerrada sobre el texto mismo de la iniciativa. A medio debate legislativo, los diputados eliminaron un artículo transitorio que permitía la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en tanto se organiza la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó del cambio y pidió que se reintegrara al proyecto.
Eso, sin embargo, abre un doble problema político. En primer lugar, cualquier modificación a la minuta regresaría la discusión a la Cámara de Diputados. Y si regresase con el transitorio eliminado, los promotores de la iniciativa correrían el riesgo de enfrentar una oposición que podría exigir modificaciones adicionales, con lo cual el proyecto se pospondría hasta el periodo de sesiones que inicia en septiembre.
Segundo, cambiar el dictamen en el sentido que quiere el presidente López Obrador probablemente encarecería la colaboración del PRI en el propio Senado, tal vez hasta un punto no pagable por el gobierno y su mayoría legislativa.
Esto crea una coyuntura complicada para el gobierno. Puede aceptar la minuta tal como fue enviada por la Cámara de Diputados, para bajar el costo de la colaboración priísta, pero dejando mal parado al presidente y creando un problema de transición durante la creación de la Guardia Nacional. En contrapartida, puede insistir en reincorporar el transitorio, jugársela de nuevo en la Cámara de Diputados y correr el riesgo de ver derrotado el proyecto.
Hay por supuesto un escenario adicional: el PRI acepta el dictamen en los términos que quiere el gobierno, pero solo si va en paquete con la legislación secundaria vinculada a la Guardia Nacional (la ley orgánica, la ley de uso de la fuerza y la ley de registro de detenidos).
Eso, por supuesto, sería una tremenda táctica dilatoria: hasta donde sé, esas iniciativas no existen ni en borrador. En consecuencia, eso podría enviar la decisión hasta septiembre.
Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿habrá Guardia Nacional? No sé, pero al final del día depende de qué tanto quiera estirar la liga el PRI y qué tanto quiera el gobierno evitar su primera gran derrota legislativa.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
