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Sigue la mata dando en el asunto de la Guardia Nacional. Como comentaba el lunes en este espacio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una maniobra dirigida a obtener los votos necesarios para aprobar el proyecto, parecía haber cedido en un punto central: el nuevo cuerpo tendría un mando civil y estaría ubicado desde el inicio en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ayer vino la rectificación de la rectificación. En su conferencia mañanera, el Presidente de la República afirmó lo siguiente: “Sobre el mando es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que contempla la iniciativa y yo acepto que sea de esta forma porque nos hace falta tener la Guardia Nacional”.
Y en efecto, esa parece ser la dirección que está tomando la discusión. Un proyecto de dictamen circulado ayer en la Cámara de Diputados dice a la letra: “La dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones. La dependencia del ramo de la Defensa Nacional, conforme a la ley, dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.
Dicho de otro modo, la Guardia Nacional sería una suerte de extensión del Ejército, ubicada en otra Secretaría, pero controlada desde Sedena.
A esto se le añade un párrafo garantizando el control operativo de los militares sobre la Guardia Nacional: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, la cual tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.”
Esta estructura bicéfala tiene problemas que saltan a primera vista: ¿quién sería el responsable político de la Guardia Nacional? Si hay algún caso de violación grave a derechos humanos, ¿quién se hace cargo? ¿El secretario de Seguridad o el secretario de la Defensa Nacional? Si la Guardia Nacional no da los resultados anticipados en materia de reducción de violencia, ¿quién le responde al Congreso y a la opinión pública?
Pero, además, ¿qué pasa si hay divergencias entre la Sedena y la SSPC? ¿Qué sucede si hay criterios opuestos entre el secretario de Seguridad y la Junta de Jefes de Estado Mayor? ¿Cómo se zanjan esas diferencias sin que todo acabe en el escritorio del Presidente de la República?
Ahora, los promotores de la propuesta tal vez aleguen que, por ejemplo, la Guardia Civil española tiene igualmente una suerte de doble mando, civil y militar. Sí, pero no: la Guardia Civil solo depende del Ministerio de Defensa en lo referente a ascensos y misiones de carácter militar (ejemplo, la participación de Guardias Civiles en operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior). Para todo lo demás, la conducción recae claramente en el Ministerio del Interior. La Gendarmería francesa tiene una distribución similar de responsabilidades.
En resumen, los cambios propuestos, de ser aprobados, crearían una confusión grave de las líneas de responsabilidad en la Guardia Nacional. Lo planteado no es mando civil: es, en buen mexicano, un desmadre.
Entonces, reitero mi sugerencia del lunes para los legisladores y legisladoras: voten en contra de este dictamen, regrésenlo a comisiones y empiecen de nuevo. Lo que tienen enfrente no tiene arreglo.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
