Mis (pocos) lectores saben que he escrito mucho en el último año sobre la Guardia Nacional. Tanto, que ya pensaba dejar el tema. Pero en los próximos días se decidirá el futuro del proyecto. Se impone por tanto una recapitulación de las ideas que he venido presentando en estos meses:
1. Si al crear la Guardia Nacional se busca resolver la contradicción entre la necesidad de seguir contando en el corto plazo con apoyo militar en tareas de seguridad pública y la falta de un marco legal y constitucional para esa intervención, ¿por qué se optó por una ruta tan complicada? Hay algunas alternativas que parecen más simples. Por ejemplo, se podría adoptar la propuesta del colectivo #SeguridadSinGuerra de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional (referido a la suspensión de garantías), con un artículo transitorio que mandatara un retorno gradual del Ejército y la Marina a los cuarteles.
2. Si se pretende crear un cuerpo intermedio de origen militar con fines de control territorial, a la manera de varios países europeos, ¿por qué se eligió este modelo específico que no se parece a los ejemplos que se invocan en el proyecto? Los modelos de Francia, España o Italia tienen características que difieren del proyecto que se discute: a) complementan, no sustituyen a la policía. En España, por ejemplo, conviven la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; b) Las gendarmerías suelen tener misiones acotadas geográficamente: por lo regular se les despliega en zonas rurales y pequeñas poblaciones.; y c) crecientemente, esos cuerpos han sido transferidos de los ministerios de defensa a los ministerios del interior.
3. En la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, la Guardia Nacional quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero, para fines prácticos, la Sedena tendrá el control operativo. Y eso lleva a una pregunta: ¿por qué esa estructura bicéfala? La respuesta a esa interrogante es obvia: los militares no quieren estar sujetos a mando civil. Sin importar la adscripción administrativa, el titular de la SSPC no va a controlar nada de peso.
4. El proyecto preocuparía menos si existiesen en México controles civiles robustos sobre las Fuerzas Armadas. No es el caso. México es, junto a Guatemala, el único país latinoamericano que nunca ha tenido a un civil como ministro de defensa. Peor aún, los militares en México tienen un importante grado de autogobierno. De 1946 a la fecha, no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio.
5. La Guardia Nacional no va a tener impacto en el corto plazo: las brigadas de Policía Militar y Policía Naval que la conformarían ya están desplegadas en el territorio y ya realizan labores de seguridad pública. Lo mismo vale, por supuesto, para la Policía Federal. Eso significa que, en el inicio de la Guardia Nacional, se va a contar con la misma cantidad de elementos, en los mismos lugares, con las mismas tácticas, liderazgo y equipamiento que hasta ahora, pero con uniforme distinto. Salvo que el uniforme sea mágico, no se deberían esperar resultados distintos.
6. Hay múltiples alternativas al proyecto de Guardia Nacional. Van dos a manera de ejemplo: a) duplicar en un periodo de seis años el número de integrantes de la Policía Federal, y b) fusionar la Policía Militar y la Policía Naval para crear un cuerpo intermedio, llamado Guardia Civil o Territorial, ubicado administrativamente en la SSPC, y que coexista con la Policía Federal.
En resumen, mi sugerencia a los senadores es sencilla: voten contra la minuta y regresen el proyecto a la mesa de diseño.
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