Reconozcamos lo evidente: lo del aeropuerto es simulación.
Se le llama consulta a algo que no será consulta, sino encuesta o hasta sondeo tipo Twitter. No se ciñe a lo establecido en el marco legal para consultar a la población. No hay nada aquí que se parezca a lo que manda la Constitución. Es más, ni siquiera queda claro qué se va a preguntar en específico ni cuál sería la implicación de las respuestas. Todo el ejercicio parece más un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada que para resolver una controversia o adjudicar una disputa.
Dicho lo anterior, deberíamos de darle la bienvenida a las consultas directas a la población. Las legales, por supuesto. Con condiciones de equidad. Sujetas a lo establecido en el texto constitucional. Con aval de la Suprema Corte de Justicia. Organizadas por el INE en año electoral. Con umbrales de participación para volver vinculante el resultado. Con los adjetivos que quieran. Pero rechazar las consultas per se o recelar sin más de los mecanismos de democracia directa es francamente irracional.
Y eso es particularmente cierto si alguien no es partidario de Andrés Manuel López Obrador. Las consultas son una magnífica oportunidad para que la oposición se aglutine, se organice, ensaye mensajes, construya estructura y se reposicione frente al electorado. Con alternativas binarias, se aclara el panorama, se reduce la ambigüedad, se facilita la comunicación: sí o no. Sencillito. El resultado acaba siendo lo que tanto se pidió (y nunca se obtuvo) en la campaña electoral: un movimiento de voto útil y una contienda entre dos.
Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere una consulta sobre amnistía y justicia transicional, venga. Si quieren poner ante los votantes su política educativa y su decisión de liquidar la reforma en la materia, venga. Si el hoy Presidente electo quiere cumplir su promesa de someterse a un referéndum de revocación de mandato en tres años, venga. La oposición debe de estar dispuesta a dar la batalla en la calle, con argumentos, sin miedo. Eventualmente ganará alguno de esos pleitos, alterando radicalmente todo el escenario político.
Y no está de más recordar que la próxima administración federal va a tener una mayoría legislativa. Amplia, sólida, casi constitucional, de tamaño suficiente para aprobar casi lo que sea. Si, por angas o mangas, el presidente López Obrador y su equipo no la quieren usar y prefieren recurrir a las urnas en algunos temas, ¿qué sentido tendría para la oposición decir no a esa ruta? Parecería, de hecho, una estrategia suicida. Si un asunto, el que sea, se procesa por el canal legislativo, la derrota para los opositores es más que segura (al menos de aquí a septiembre de 2021). Pero si se va a consulta, si el tema se acaba dirimiendo con los votantes, hay una oportunidad de ganar. Remota si se quiere, pero ciertamente mejor que nada.
En resumen, vengan las consultas. Muchas, sobre muchos temas. Sobre lo importante y sobre lo trivial. Bien organizadas, equitativas y sujetas a la ley, por supuesto, pero vengan. No hay que decir no a la oportunidad de decir no.
No hay palabra más rotunda ni acto más libre.
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