El jueves pasado, una mujer asesinó a dos israelíes en una plaza comercial de la Ciudad de México. Tras el tiroteo, la mujer fue detenida.
La atención de los medios se ha centrado en la trayectoria rocambolesca de las víctimas. A mí me interesa más la presunta asesina ¿Qué sabemos sobre ella? No mucho: según información de medios, se llama Esperanza, trabajó en un bar en Tláhuac y cobró 5 mil pesos por la ejecución.
El bajo precio cobrado por la supuesta gatillera sorprende. Según un reporte publicado por la organización Impunidad Cero, la tasa de impunidad por el delito de homicidio doloso en la Ciudad de México fue 62.4% en 2017. Es decir, casi 4 de cada 10 homicidas recibió una sentencia condenatoria. Para fines del argumento, asumamos que la tasa de impunidad creció en los últimos dos años hasta llegar a 90%.
La pena por el delito de homicidio calificado en la capital del país va de 20 a 50 años de prisión. Supongamos que, una vez atrapado y sentenciado, un homicida tiene un 10% de probabilidad de recibir y cumplir la pena máxima. Es decir, la probabilidad ex ante de que un asesino pase 50 años tras las rejas sería 1%.
Asumamos que, en su empleo formal, Esperanza recibía un salario mínimo. Es decir, aproximadamente 3000 pesos al mes y 36 mil pesos al año. Y supongamos que ese ingreso no cambia por el resto de su vida laboral, tal vez 40 años. Dicho de otro modo, podría aspirar a recibir 1.44 millones de pesos en las próximas cuatro décadas.
Pero, si recibe la pena máxima por homicidio, va a perder ese ingreso. Considerando las probabilidades de que las cosas salieran mal, Esperanza tendría que haber cobrado al menos 14,400 pesos por el asesinato, tres veces más de lo que presuntamente cobró. Y eso sin considerar el riesgo de acabar muerta, los costos psicológicos que pueda generar la pérdida de la libertad, etc.
En resumen, Esperanza, si recibió lo que dice que recibió, no cubrió ni de cerca el riesgo de matar a dos personas ¿Por qué lo hizo entonces? Van algunas posibilidades:
1. El autor intelectual la obligó a hacerlo
2. El homicidio genera algún tipo de compensación intangible que suplementa el pago en efectivo
3. Ya sea por una naturaleza impulsiva o por el consumo inmoderado de alguna sustancia, Esperanza no valora el futuro.
4. Hay un efecto lotería: una asesina a sueldo sabe que le están pagando muy poco, pero tiene la esperanza (así sea remota) de convertirse en la jefa de jefas.
5. Esperanza estaba mal informada y subestimó severamente los riesgos que enfrentaba.
Esta última posibilidad resulta particularmente interesante. Los humanos somos malos para calibrar los riesgos: a veces tendemos a sobreestimarlos severamente (por ejemplo, el riesgo de viajar en avión) y a veces los subestimamos bestialmente (el riesgo de viajar en automóvil).
A ese rasgo humano hay que añadirle insuficiencias de información: la gigantesca mayoría de la población no tiene ni idea de cuál es la sanción por un homicidio ni, mucho menos, cuál es la probabilidad de ser procesado.
Entonces, tal vez, un esfuerzo de combate al delito violento tendría que tener un componente de comunicación: informar sobre los riesgos objetivos que incurre alguien por ponerse del lado equivocado de la ley. La comunicación podría ser masiva o directa: en las prisiones, por la vía de iglesias, escuelas u organizaciones sociales, con las familias de jóvenes en riesgo, etc. Quizás funcionaría, quizás no.
Como sea, la lección del asunto de Plaza Artz debería de ser que los delincuentes no actúan con plena racionalidad ni cuentan con información perfecta. Las estrategias para combatir el delito deberían de ajustarse a ese hecho ineludible.
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