En 2017, no menos de 5,700 personas desaparecieron. Dicho de mejor forma, es el número de expedientes de desaparición que se abrieron en algún punto del sistema de procuración de justicia en ese año. Y a eso hay que sumar los miles de casos que no se reportan o se clasifican mal o no derivan en una carpeta de investigación.
Eso no es más que flujo. Hay miles de casos rezagados, algunos ya con décadas de antigüedad. De esos, algo más de 37 mil tienen un expediente abierto. Pero hay también un océano de casos sin denuncia, donde nadie, salvo las familias de los desaparecidos, hace un esfuerzo de búsqueda.
Este asunto es una tragedia nacional a la cual le deberíamos de estar dedicando recursos extraordinarios.
No lo hacemos, a pesar de que, desde 2017, existe legislación específica en la materia (la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas).
En 2018, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR recibió apenas 25 millones de pesos. Para 2019, le aplicaron un recorte presupuestal de casi una tercera parte. Por su parte, el Sistema Nacional de Búsqueda (considerando a la Comisión Nacional de Búsqueda y sus contrapartes estatales) tendrá que conformarse con un presupuesto de apenas 400 millones de pesos, 17% menos en términos reales que en 2018.
Ahora, si eso es insuficiente, ¿cuánto deberíamos gastar?
Para intentar responder esa pregunta, participé en una iniciativa de la Fundación GEA, en colaboración con mis colegas Jaime López Aranda, Elsy Alcalá y Carlos Servín, apoyada generosamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su proyecto EnfoqueDH, para desarrollar una herramienta que permita calcular el presupuesto que se necesita para implementar plenamente las leyes generales en materia de desaparición y tortura.
Como parte del proyecto, tratamos de dimensionar al número potencial de víctimas, los procesos que implica cada ley, sus indicadores de desempeño y los principales costos asociados. Sostuvimos múltiples reuniones con funcionarios públicos, tanto federales como estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.
El resultado es una herramienta de planeación, de fácil uso, que permite a funcionarios, activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil interesadas ir estimando el presupuesto necesario para atender desde las instituciones públicas los fenómenos de desaparición y tortura. Se puede consultar aquí: https://www.cuantoparaencontrarlos.org.
Eso nos permite observar, en un ejercicio inicial, que necesitaríamos aproximadamente 11 millones de pesos por cada mil casos de desaparición que se quiera investigar al año. Eso no incluye los costos de la búsqueda inicial ni los recursos necesarios para las tareas de exhumación que exige la ley. Considerando que, en 2017, se acumularon 5,700 expedientes nuevos y se tiene un rezago de por lo menos 37 mil casos, los montos requeridos no son triviales. Y eso antes de empezar a cerrar la enorme cifra negra.
El instrumento es flexible: permite que el usuario modifique parámetros claves, desde el número de casos a atender anualmente hasta la razón de carpetas a peritos.
Esto puede sonar frío y burocrático, pero creemos que es crucial ponerle pesos y centavos a la crisis de derechos humanos en el país. Una prioridad que no tiene presupuesto no es prioridad, es retórica.
Nuestra herramienta no es más que un instrumento para medir la distancia entre el discurso y la realidad. Ojalá sirva para gradualmente cerrar la brecha.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71