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Con alta probabilidad, Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República . En consecuencia, hay que empezar a reflexionar sobre los retos que enfrentará a partir de diciembre.
En ese espíritu, van algunos apuntes sobre la violencia y su impacto político:
1. Según se desprende de múltiples declaraciones, López Obrador concibe a la violencia como un fenómeno que tiene su origen en la exclusión social y la marginación económica . Ese es un diagnóstico parcial, pero no equivocado. Sin embargo, si se toma en serio, limita la posibilidad de ofrecer resultados en el corto plazo. La pobreza o la desigualdad no son problemas que se corrijan rápidamente.
2. Tal vez consciente de ese problema, López Obrador ha articulado a lo largo de la campaña una explicación más política de la violencia: hay una condición de guerra en el país, generada por decisiones explicitas de las dos últimas administraciones federales. Se impone por tanto la necesidad de impulsar una política de paz. Es en esa lógica dónde se inscribe la idea de la amnistía .
3. Ese diagnóstico puede o no ser correcto, pero sí genera un problema político para la próxima administración. De manera explícita, asume que, en lo fundamental, la violencia es responsabilidad de las autoridades federales. En consecuencia, si la violencia era culpa del gobierno bajo Calderón y Peña Nieto, la violencia, si persiste, va a ser culpa del gobierno bajo López Obrador.
4. Durante los meses iniciales de la administración, resultará posible trasladar a los gobiernos previos la responsabilidad por los elevados niveles de violencia. Sin embargo, esa explicación se va a desgastar con el transcurso del tiempo. En algún punto de 2019 o 2020, los homicidios van a ir sin más a la cuenta del gobierno de López Obrador.
5. Las políticas de seguridad anunciadas hasta ahora tendrían plazos largos de maduración. La amnistía, por ejemplo, requeriría una discusión legislativa compleja. Asimismo, tendría probablemente un calendario gradual de implementación, de varios meses o varios años. Algo similar sucede con la Guardia Nacional : se necesitarían reformas constitucionales, cambios legislativos y modificaciones reglamentarias, entre otros requerimientos.
6. No hay nada por ahora que permita anticipar una mejoría dramática de las condiciones de seguridad en plazos políticamente relevantes (antes de las elecciones intermedias de 2021). Con alta probabilidad, el gobierno va a tener que confrontar los comicios de medio sexenio con 70 mil homicidios bajo el brazo (por lo menos).
7. Antes de ese punto, los funcionarios responsables de la política de seguridad probablemente intenten un viraje discursivo: menos énfasis en la reducción de violencia, más insistencia en indicadores de proceso (número de presos amnistiados, número de policías certificados, etcétera), o en métricas tradicionales de combate a la delincuencia organizada (detenciones, decomisos, etcétera).
8. Un viraje de esa naturaleza tendría, sin embargo, un costo evidente. Enfatizar logros similares a los de las administraciones previas reduciría las posibilidades de marcar diferencias con los gobiernos anteriores.
9. El nuevo gobierno probablemente intente modular expectativas y anunciar que no se deben esperar grandes resultados durante la primera mitad del sexenio. Eso daría espacio, pero no eliminaría del todo el desgaste de la violencia cotidiana (ante una masacre, por ejemplo, el gobierno no puede decir paciencia).
10. La pregunta no es si la violencia va a desgastar al gobierno de López Obrador, sino cuánto y qué tan rápido. Eso no significa que no pueda tener éxito, pero sí implica que cualquier éxito va a venir con costos sustanciales.
