El profesor James Heckman —economista destacado de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía en 2000— ha dedicado su trabajo profesional en las últimas dos décadas a investigar la importancia de invertir en programas que se centren en el desarrollo de los niños en su primera infancia. Heckman ha probado que invertir en todas las facetas de la educación de los niños de familias en situación de desventaja económica, desde su nacimiento hasta los cinco o seis años de edad, contribuye a que ellos posteriormente alcancen mayores niveles educativos, mejores niveles de salud y a lograr mejores resultados económicos y sociales.
Tales programas conducen a menores desigualdades, mayor productividad y a incrementar el potencial de ingreso de los individuos y a un mejor comportamiento social de las personas, lo que se traduce en menores niveles de criminalidad. De hecho, los hallazgos de Heckman indican que es muy difícil identificar proyectos sociales que compitan con las altas tasas de rentabilidad que se alcanzan al invertir en el desarrollo educativo y social en la primera infancia de los niños. Además, la inversión en programas de asistencia integral y educativa de los niños representan una política pública que no tiene un “trade off” entre equidad y eficiencia.
Hay que reconocer que la mayoría de los problemas que aquejan a México, como los bajos niveles de productividad y de ingresos de las personas, el reducido crecimiento económico del país, las desigualdades sociales que prevalecen, los problemas de criminalidad y de salud, se derivan en buena medida de una insuficiente inversión en capital humano.
En este marco de referencia conviene comentar sobre los anuncios recientes de la sustitución del programa de Estancias Infantiles por otro de Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras en el que el apoyo se entregaría en efectivo. En efecto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, comentó que habría dos modificaciones importantes respecto al esquema anterior: (1) Los recursos federales destinados a las estancias infantiles se recortaron en 50% en términos nominales; y (2) los recursos serán entregados directamente a los padres de familia través de una tarjeta bancaria.
Tales anuncios llaman la atención, ya que la actual administración del gobierno federal ha señalado que uno de los ejes fundamentales de sus políticas es impulsar la inclusión social y el desarrollo económico. No obstante, con el recorte de 50% en los fondos dedicados a los propósitos mencionados se reduciría drásticamente el número de niños que se beneficiarían de estos recursos.
De igual forma, es importante mencionar que las estancias familiares son un mecanismo por el cual un porcentaje significativo de mujeres se incorporan al mercado laboral, por lo que reducir los fondos destinados a tales propósitos tendría también como consecuencia una menor tasa de participación laboral de las mujeres. De hecho, el porcentaje de mujeres mexicanas en edad de trabajar que efectivamente participan en el mercado laboral está muy por debajo de lo observado en otras economías emergentes como en los países industriales.
Otro aspecto a comentar es la manera en que se entregarían los recursos. La actual propuesta incorpora otorgar mil 600 pesos bimestrales (3 mil 200 en el caso de niños con discapacidad) a los beneficiarios del programa a través de tarjetas bancarias. El propósito de esta medida es simple, el gobierno federal busca que los beneficiarios tengan la libertad de escoger la estancia infantil de su preferencia, propiciando una mayor competencia con el fin de aumentar la calidad de éstas a un menor precio.
En este esquema existe la posibilidad de que otorgando estos recursos a través de una transferencia, éstos sean utilizados para cubrir fines distintos al pago de la estancia infantil. De hecho, lo que se conoce en economía como la “Teoría del Consumidor” indica que seguramente una parte de esos recursos monetarios se dedicarían a propósitos distintos al de la educación y formación de los niños.
Para que el otorgamiento de estos recursos a través de tarjetas bancarias funcione efectivamente en el propósito socialmente deseable sería necesario que tales fondos solamente se pudieran utilizar en erogaciones asociadas a la educación y formación de los niños. No obstante, ello implicaría que el gobierno federal tendría que llevar a cabo un monitoreo cuidadoso de las transacciones que se realizarán con dichas tarjetas, lo cual sería un propósito prácticamente imposible de alcanzar.
Director de Analítica en Grupo Financiero Banorte. Las opiniones que se expresan son responsabilidad exclusiva del autor.
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Twitter: @alexcervantes