Hasta julio de este año, México se había mantenido con un perfil neoliberal en cuanto a sus políticas económicas respecto a los diferentes cambios ocurridos en el escenario político latinoamericano durante las últimas décadas. La única variación hasta entonces fue la alternancia panista durante los primeros doce años de este siglo, cambio que no solamente fue breve, sino irrelevante para la dirección política del país por el continuismo económico y productivo imperante en casi todos los sentidos.
Este periodo se caracterizó por las grandes dificultades para el desarrollo industrial de pequeño y mediano tamaño (pymes) (Dussel, 2004; Góngora, 2013; Romero, 2003) debido, principalmente, a la monopolización de las subvenciones y apoyos del Estado a las grandes empresas , así como al encarecimiento en el precio de bienes intermedios que imposibilitaban incrementar la competitividad de este sector productivo, el cual, representa más del 90% del universo empresarial nacional y emplea a 70% de la población económicamente activa (INEGI, 2017).
En particular, las grandes industrias con orientación extractivista , principalmente las empresas mineras, han recibido notables beneficios públicos (exenciones fiscales, flexibilidad en trámites concesionarios, etc.) con la intención de impulsar su competitividad, aunque 70% de estas sean extranjeras , generen menos del 1% de la ocupación nacional, aporten 0.35% de la tributación que recibe el Estado, tengan nulo impacto en las finanzas de las entidades donde llevan a cabo dicha actividad y fomenten la pobreza y la marginación , pues al menos 50% de las comunidades más productivas de este sector se encuentran por encima de la media de pobreza (Azamar, 2017 y 2018; Fundar, 2018).
Como resultado de este continuismo político que bien podría calificarse como oligárquico , es que se han obtenido resultados poco alentadores (crecimiento económico por debajo del promedio regional y baja competitividad, entre otros) que indican la necesidad de impulsar nuevas estrategias enfocadas en fortalecer el mercado interno antes que seguir intentando competir o satisfacer a otras naciones del mundo. Es en este escenario es que el cambio de gobierno en nuestro país genera grandes expectativas.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el primer mandatario en México proveniente de un partido autodenominado reformador y progresista que encabeza el gobierno de este país. Entre sus propuestas, existen varias que podrían tener comprometedoras implicaciones socioambientales , esto a pesar de que en múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor de una conciencia más ambiental. Las diferentes vías férreas, la conclusión del nuevo aeropuerto, la plantación de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, el fortalecimiento del sector minero y petrolero, entre algunos otros. Todos proyectos que, de no implementarse adecuadamente, se vislumbran como amenazas a la ecología nacional y a las poblaciones originarias.
La modificación y reutilización de cientos de miles de kilómetros del territorio nacional (mucho del cual está ocupado por comunidades indígenas o campesinas) para fines puramente productivos es algo ajeno a las necesidades y diferentes cosmovisiones que persisten en el país y que seguramente fueron piezas clave para la victoria de AMLO. En parte, se puede entender que el presidente electo tenga una perspectiva economicista y semi continuista , pues no se ha mostrado radical sobre las estructuras económicas contemporáneas, sino que busca apropiarse de ellas y usarlas a favor de una agenda política más social.
Aunque el inconveniente de esto es que se mantiene una perspectiva poco plural que sigue invisibilizando a quienes han pasado toda su existencia en el olvido, los habitantes de la periferia que, en su mayoría, dependen de la tierra que les fue heredada o que ganaron por derecho, mucha de la cual se vería en peligro o directamente afectada por los proyectos antes mencionados. Por ejemplo, más de 50 poblaciones indígenas se encuentran en conflicto con el Estado y/o con empresas por invasión de sus territorios, principalmente por minería y petróleo.
Se trata de encontrar un rumbo económico en el que quepan todos. Por ejemplo, en el proyecto de nación obradorista uno de los objetivos más notables es fortalecer a las pymes al beneficiarlas con mayor acceso a créditos, participación en proyectos del Estado, etc. Ya que como se mencionó, son éstas las que emplean al grueso de la población, pero generan solamente la tercera parte del Producto Nacional Neto (PNN) y, por lo tanto, también crean pocos beneficios para la sociedad.
Hay pymes que surgen dentro de las comunidades indígenas y campesinas e, incluso, quieren apoyar su propio desarrollo sin cambiar su forma de vida; son estas las que reclaman mayor atención y deben ser escuchadas. Si el gobierno de López Obrador se empeña en mantener una agenda continuista ajena a la realidad del país, replicará los mismos errores de algunos presidentes con orientación progresista de América Latina , los cuales lograron su victoria electoral gracias al soporte de las comunidades periféricas, quienes a base de edictos se toparon con la resistencia orgullosa de la población rural que se niega a ser olvidada y/o traicionada.
Vale la pena recordar las palabras de AMLO en el material de campaña llamado Pejenomics Vol. II (2018, p. 9): Hemos olvidado a muchos estados y regiones. [...] el rezago económico [...] no puede continuar. Una de sus primeras y más dolorosas causas es la inaccesibilidad . Ojalá no olvide a los pueblos marginados y sea incluyente con todos los habitantes del país.
