En la ruta, como lo comentábamos ayer, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros se ha convertido, paradójicamente, en el principal obstáculo de la justicia.
La instancia emitió cuatro laudos que, a juicio de los abogados del denunciante, fueron dictados con parcialidad hacia el banco, lo que obligó a derribarlos con sendos amparos.
En la madeja, el escenario dejó vivo un primer laudo sobre el caso, dictado éste por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en que se obliga al nuevo dueño de la intermediaria, Scotiabank, a devolver el principal y cubrir los intereses correspondientes.
El reclamo se planteó en 1994.
El depósito original fue de 119 millones 112 mil 386 nuevos pesos.
En la disputa, la parte denunciante decidió llevar el asunto en 2005 al ramo penal, lo que también ha representado una empinada montaña.
Obligada la PGR a realizar una pericia contable para el cálculo de los intereses devengados, siete años después ésta no se había realizado.
Peor aún, había una propuesta para enviar el expediente a las reservas, lo que objetó, previo reclamo de la parte quejosa, la Contraloría Interna de la PGR.
En el marco, el delegado de la instancia en el Distrito Federal instruyó a la titular de la mesa XXIX, María Elena Ramírez, para reabrir la denuncia, lo que hasta hoy no ha realizado, aunque tampoco el expediente se ha ido a la reserva.
Sin embargo, en 2012, solicitado el apoyo institucional a la justicia militar, tras una negativa del secretario de la mesa, la titular de éste debió avalar la intervención.
El peritaje estuvo a cargo del capitán segundo, contador público Romualdo Rodríguez Vega, a quien se le entregaron los cálculos de intereses diarios generados por la cuenta de la discordia desde el 1 de junio de 1990 hasta el 3 de abril de 2016.
El rendimiento del modelo de cuenta se publicaba de lunes a viernes en un periódico especializado.
El peritaje determinó la existencia de un daño económico y patrimonial a Jesús Antonio Reyes Ruano, dado que legalmente la cuenta generaba intereses que no se le entregaron en el momento oportuno.
El banco nunca estableció qué hizo con estos rendimientos.
Lo inaudito del caso es que la titular de la mesa XXIX ignoró el dictamen, negándose nuevamente a consignar el expediente a un juez. En la cumbre del escenario nebuloso, hete aquí que a la salida de ésta del cargo se omitió entregar el expediente al relevo, dándose por perdido.
Reclamado el asunto, se comisionó a dos ministerios públicos para atenderlo, uno de los cuales propuso el no ejercicio de la acción penal, lo que fue objetado por una solicitud de amparo… que fue denegada.
El argumento habla de que el asunto era de la jurisdicción civil, no penal.
Colocado en la mesa otro amparo, éste fue resuelto con inaudita velocidad por un Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien también lo rechazó.
Sin embargo, se aceptó y confirmó la retención indebida de la cuenta, como la novedad de un voto particular del magistrado Juan Pablo Pérez Villafana, señalando que no se puede determinar la participación en un delito que ignoraron los otros dos en la mesa.
Calvario de 24 años.
Balance general
. Ofrecida por el quipo de transición del gobierno al relevo una solución integral para evitar que el Sistema de Ahorro para el Retiro y los esquemas pensionarios gubernamentales converjan en la frustración, la baraja está en la mesa.
Desde el ángulo patronal existe un criterio bajo el cual se plantea elevar la edad de retiro o el número de años de cotización para acceder al derecho. La exposición de motivos habla del aumento de la esperanza de vida de la población.
El nuevo escenario podría llegar a 70 años o 40 de trabajo.
Del lado académico, la alternativa plantea incrementar las aportaciones en el caso del sistema público privado, para empatarlas con las del público.
Estamos hablando de saltar del 9.5 al 11.5% del salario base de cotización
Al arribo al poder de Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil, éste arriesgó su enorme capital político en una reforma al sistema público pensionario sobre tres vías: aumentar la edad de retiro, incrementar la aportación patronal y la del trabajador, y reducir la expectativa, de cara a los contratos.
El ejercicio lo realizó el actual gobierno en el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, tras el advenimiento de su nuevo estatus derivado de la reforma energética.
Armisticio.
Aunque sería exagerado calificar de tersa la reunión entre el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, dada la catarata de preguntas sobre su plan de gobierno, acotadas por más interrogantes, el escenario fue diametralmente distinto al de hace algunas semanas.
Atrás quedaron la orquestación de campañas negras lideradas por el presidente de Kimberly Clark de México, Claudio X. González, presente en la reunión; las cartas a los trabajadores exhortándoles al voto útil o a la reflexión, y hasta los calificativos mordaces.
En el viento de reconciliación destaca un desplegado del presidente de Grupo México, Germán Larrea, que ofrece trabajar con el nuevo gobierno.
Los empresarios se comprometieron a invertir en el próximo sexenio el equivalente a 30% del Producto Interno Bruto.
Caballo Marango
. Le comentábamos hace unos días de una riesgosa maniobra de Oceanografía al ordenar zarpar del puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, aparentemente con proa a Coatzacoalcos, Veracruz, al barco Caballo Marango, a unos días de que se vencía una orden judicial para entregarlo a la firma Shanara Maritime International, con sede en Panamá.
De acuerdo con el oficio 9281 emitido por el juez Felipe Consuelo Soto, el navío debía ser entregado a las 10 de la mañana del 4 de julio.
Este salió el domingo 24 de junio.
Bien, pues a 24 horas de vencerse el plazo el propio juez está ordenando la localización del barco y su recuperación, incluso usando la fuerza pública.
En el deslinde de responsabilidades, además del principal socio de la contratista de Pemex, Amado Yáñez, estaría al capitán del puerto, Ildefonso Carrillo Mora. Hace días se había solicitado la localización a la Secretaría de Marina.