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La cuña, por absurdo que parezca, la habían colocado en la mesa del Congreso dos líderes obreros con credencial de senadores: Isaías González y Tereso Medina Ramírez, ambos priístas.
El primero es dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); el segundo del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos afiliado a la CTM.
El marco propuesto hablaba además de eliminar un artículo de ley que vuelve corresponsables de las omisiones de las tercerías en materia fiscal, prestaciones sociales o salarial a las empresas contratantes.
La queja liderada por la central estadounidense AFL-CIO en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obedecía, naturalmente, a la fama de laxitud en que operan las firmas que ofrecen recursos humanos a las empresas para determinadas actividades.
Ninguna de ellas cuenta con sindicato.
El caso es que desde hace tres años navega a la deriva en la Secretaría de Economía una posibilidad de Norma Oficial Mexicana que fijaría parámetros para la contratación de capital humano, además de obligar a cumplir las obligaciones de inscripción al IMSS, al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Hace una década el Seguro Social había enviado al Congreso un estudio en que se hablaba de graves irregularidades de las firmas para incumplir con sus obligaciones que oscilaban desde la creación de empresas fantasma con oficinas prácticamente “pelonas”, para no sufrir en caso de embargo, hasta de manejar dos nóminas para efectos de inscripción al organismo.
La discusión derivó, siete años después, en una modificación a la Ley Federal del Trabajo para corresponsabilizar de las omisiones a los clientes de los patrones de quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia.
En el marco terció el Servicio de Administración Tributaria, quien emitió en 2017 una miscelánea fiscal vía la cual se exigía a las empresas contratantes enterar la nómina de la tercería con acuse de recibo de percepción por parte de los trabajadores, en paralelo a la comprobación de pago del Impuesto Sobre la Renta y la declaración del IVA.
La sanción para las omisas sería cancelar el derecho de deducción de los gastos que generaran las subcontratadas. Sin embargo, tras una tórrida batalla en tribunales, las empresas lograron que se simplificara el papeleo, colocando como simple requisito al registro del contrato con las outsourcing y los datos de los trabajadores.
La posibilidad de la norma que colocaría en línea requisitos y obligaciones para instalar una empresa de tercería, con obligación, naturalmente, de someter a inspección las existentes, la ha frustrado la exigencia, prácticamente, de unanimidad por parte de las firmas consultadas.
Aunque la mayoría de las grandes exige implantar la regulación para trabajar sin sobresaltos para su causa y la de la contratante, la resistencia es impenetrable.
¿Nos esperamos a que se vuelva requisito para dar el sí al TLCAN?
Balance general.
Aunque oficialmente no hay nada escrito aún, hay señales que apuntan a que la Casa Blanca se saldrá con la suya, como lo había planteado el presidente Donald Trump, de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte derive de un acuerdo trilateral a dos bilaterales. La negociación se está desenvolviendo a partir de la semana pasada sólo entre México y Estados Unidos, destrabándose el punto nodal que impedía avances, es decir el tema automotriz, donde ya habría un acuerdo en ubicar la regla de origen, es decir el contenido regional en 72%, frente a 80% que pedía EU.
En el marco laboral parecería perfilarse la propuesta de México de un mínimo salarial de 16 dólares por hora para trabajadores en el área de ensamble de motores. Sin embargo, Estados Unidos insiste en que el acuerdo tenga muerte súbita cada cinco años, lo que implicaría volver a negociar algunos temas en medio de la presión de un paréntesis. México acepta revisar el concierto cada lustro, pero sin la posibilidad de cancelación abrupta.
Esperanza inútil.
Mientras las administradoras para el retiro Sura y Banamex se curan en salud aduciendo que hay muchas apuestas ganadas frente a un posible quebranto de cara al dinero de los trabajadores que arriesgaron en la adquisición de Certificados de Capital de Desarrollo expedidos por Axis Capital a favor de la empresa Oro Negro, en proceso de quiebra, los accionistas extranjeros de la firma contratista de Pemex se juegan su resto en la demanda colocada bajo el marco del TLCAN . El reclamo habla de una indemnización, a título de que Pemex provocó la derrota de la firma, por mil millones de dólares. El problema es que aún no ha sido aceptada la querella, lo que ha impedido la constitución en un panel de solución de controversias, por más que los quejosos ya tienen un perito listo. La deuda a favor de los trabajadores en proceso de retiro es equivalente a 250 millones de dólares. Magia digital. Aunque Televisa y Televisión Azteca elevaron sorprendentemente sus audiencias a la vera de los dos eventos de mayor expectación en el país, el Mundial de futbol y la elección presidencial, la primera logró posicionarse, en paralelo, en el marco de internet.
La audiencia total en el primer evento para la televisora de Avenida Chapultepec fue de 186 millones, alcanzando Azteca 139.
El hecho es que en el marco digital, de acuerdo con cifras de Comscore, la primera sumó 28 millones de usuarios únicos, de los que 42.4% visualizó los contenidos alusivos a la justa deportiva y 36.4% en los noticiarios. La firma de medición ubicó un crecimiento de 351% en la señal de Televisa deportes, superando a los portales más populares del país.
Del proceso electoral, la audiencia digital se elevó 34%, pasando de 7.8 a 10 millones entre mayo y junio. La estrategia la diseñaron Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.
Nocáut.
El escándalo desatado por el descubrimiento en la sangre del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez de clembuterol provocó una alerta que está derivando en la ubicación de un listado de 32 sustancias prohibidas para uso y consumo en la producción pecuaria por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). En ella está, naturalmente, el clembuterol.
De acuerdo con la Ley Federal de Salud Animal se tipifica como delito el uso de la sustancia en la ingesta de ganado y aves.
El ordenamiento plantea una pena de tres a ocho años de cárcel para quien recurra a la aplicación de cualquiera de las 32 sustancias o se presuma su uso por encontrarlas en lugares donde se realiza la crianza. Además, habrá una multa de hasta 50 mil días de salario mínimo. Entre las sustancias prohibidas están también el clorafenicol y el hexoestrol, además del corbadox para porcinos adultos y otras especies para consumo humano.
