La razón era simple: el gobierno local, encabezado por el perredista Arturo Núñez, había desviado la partida correspondiente enviada por el gobierno federal.
El escenario, sin embargo, no era un simple lunar en el mapa. Se trata de un cáncer generalizado que alcanza, más, menos, a todas las entidades federativas del país.
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, tres de ellas —Chiapas, Oaxaca y Michoacán— arrastran irregularidades en el manejo de los recursos por 3 mil millones de pesos.
El organismo presentó, junto con Justicia Justa, que encabeza Luis Pérez de Acha, una denuncia penal que involucra a siete entidades federativas bajo la acusación de peculado… de recursos deslindados al Seguro Popular.
Aunque la revisión se realizó de cara a 28 entidades, la lupa se concentró en cinco: Baja California, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Estado de México.
En el marco existen 230 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación con relación al manejo del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
En la ruta existen reclamos millonarios de facturas pendientes de pago por parte de las distribuidoras que ganaron partidas en la Licitación Consolidada de Compra de Medicamentos orquestada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Creado durante el sexenio foxista como alternativa para ofrecer cobertura de salud pública a 25 millones de mexicanos sin inscripción al IMSS, la alternativa planteaba utilizar la infraestructura de las entidades federativas, a las que se apuntalaría con recursos federales.
De la cuota que se le cobra a quienes se inscriben, 90% se canaliza a las propias entidades, dejando el resto para gastos administrativos. La derrama se convirtió en botín de gobernadores.
En su último reporte, la Auditoría Superior de la Federación señala que sólo cuatro entidades muestran una gestión eficiente y transparente de los recursos destinados para cubrir la obligación constitucional.
El ramillete de desvíos para atender otros capítulos, incluida la nómina burocrática, cuando no para pagar facturas a proveedores distintos a los del sector, se llega incluso a desaparecer las partidas por arte de magia.
Naturalmente, la posibilidad de incluir en la cobertura cirugías mayores como las practicadas a corazón abierto, trasplantes o enfermedades crónicas degenerativas en cuyo marco se reclama diálisis peritoneal, se vuelve cada vez más lejanas.
Y aunque las partidas están etiquetadas, el seguimiento del uso de los recursos se vuelve desesperadamente lento. Cuando finalmente se comprueba el desvío, la Secretaría de Hacienda descuenta el monto de sus participaciones a la entidad, sólo que el disparo podría llegar en tres años.
La posibilidad que plantea el nuevo gobierno es centralizar no sólo el flujo, sino la supervisión de los recursos desde la Secretaría de Salud. De hecho se habla de plano de transferencias en especie.
Durante la ceremonia conmemorativa de los 75 años de la Secretaría de Salud, el presidente Enrique Peña Nieto dijo sentirse orgulloso de los avances del Seguro Popular.
“Con orgullo, dijo, puedo afirmar que México cuenta hoy con una mayor infraestructura médica, una mayor cobertura de padecimientos y los programas sociales dedicados a la salud son más amplios”.
La visión desde Los Pinos.
Balance general. Una de las críticas más recurrentes al gobierno saliente apunta al excesivo gasto en materia de publicidad y propaganda oficial, en cuyo marco se erogó el año pasado 2.5 veces más de lo presupuestado, con la novedad de que quien se llevó la mayor rebanada del pastel fue la Secretaría de Salud. Entre 2015 y 2017 el monto fue de 3 mil 705 millones de pesos, lo que representó 14.23% del total.
El problema, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es que en los dos años
no se encontró evidencia de evaluación de campañas publicitarias sobre temas que se derivaron de las declaraciones de emergencia epidemiológica.
El organismo enfatiza que este tipo de gasto tiene una normatividad débil sin evaluación ex post que mida si se alcanzaron metas y objetivos. Más aún, la nueva Ley de Comunicación Social no tiene mecanismos claros para inhibir la discrecionalidad en el gasto ni contempla evaluaciones posteriores para conocer posturas, actitud u opinión del público objetivo sobre el mensaje.
Comisiones por decreto. Colocado en la mesa de las administradoras de fondos para el retiro un conminatorio de la Comisión Nacional que las regula para entregar antes del 10 de noviembre sus propuestas para reducir comisiones a los usuarios, hete aquí que de acuerdo al asesor del Foro Económico Mundial, Xavier Sala-i-Martín, la competencia es la única vía para bajar éstas.
La tesis la planteó en la tercera Convención Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. De acuerdo con el presidente de la Consar, Carlos Ramírez, las intermediarias pueden reducir aún más las comisiones que cobran, bajo la fórmula de ser más eficientes.
El problema es que la competencia es escasa, dado que cuatro de las Afore concentran 70% del mercado. Estamos hablando de Banorte, CitiBanamex, Sura y Profuturo.
Comenor, listo. En la expectativa de que bajo el acuerdo mercantil firmado entre México, Canadá y Estados Unidos se provoque una mayor integración entre las economías, en cuyo marco se reclamaría estandarizar leyes y normas, se está planteando una modificación a la Ley de Metrología y Normalización.
La intención es actualizar, fortalecer y eficientar el Sistema Mexicano de Metrología Normalización y Evaluación de la Conformidad, para ofrecer sólidas marcas mexicanas. La reforma ha sido aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados.
El que está listo para el escenario es el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, conocido como Comenor, que encabeza Gerardo Hernández Garza.
Nueva Sofom. Quien está por arrancar operaciones tras recibir el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la sociedad financiera de objeto múltiple Juntos Financiera.
Encabezada por Mauricio Hubard y Miguel Gallardo, la intención de la intermediaria es enfocarse al gran público que no tiene acceso a la banca tradicional.
Estamos hablando de micro y pequeñas empresas, con trato especial para las mujeres y premios para clientes cumplidos.