Como usted sabe, el quebranto alegado por la intermediaria de 5 mil millones de pesos fue negado por el juez Felipe Consuelo Soto, quien libró a la firma de un concurso mercantil y le permitió seguir operando.
La razón era simple: Banamex no pudo demostrar en los tribunales que la empresa lo había defraudado al avalar con papeles falsificados créditos de factoraje por la cantidad señalada.
Estamos hablando de facturas por cobrar con cargo a Petróleos Mexicanos.
De hecho, el marco le permitió a Yáñez abandonar el penal con una fianza de 7.5 millones de pesos e incluso hablar de revancha frente a lo que consideraba un complot contra la entonces exitosa empresa.
El caso es que revivido el asunto ante la inconformidad de Banamex, la acusación contra su exfuncionario por infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito en su fracción II se sustenta en presunto robo de documentos, justo los falsificados, en un marco en que Pemex había desconocido deberle cantidades mayores a la empresa, tras ser suspendida por dos años para recibir contratos públicos.
De acuerdo con el alegato de Oceanografía, sin embargo, al momento de ser incautada tenía un remanente de cuentas por cobrar de 950 millones de dólares, lo que habría representado cuatro tantos del monto del adeudo.
En el proceso de concurso mercantil el juez había ordenado que se le restauraran a la firma de mantenimiento de plataformas marinas contratos por 650 millones de dólares, a lo que se negó Pemex, argumentando que la empresa no sabía operar.
La aprehensión de Cervantes Murillo, uno de los 11 empleados y funcionarios cesados y acusados penalmente por Banamex, pues, revivió la interrogante de si la denuncia de éste tenía peso real o la empresa efectivamente había sido víctima de una perversa maniobra.
En lo que se consideraba un revire, Amado Yáñez había señalado en las redes sociales que en ésta habrían participado personajes de apellidos Autrey, Maza, Ortega y Murillo.
De hecho, le envió una carta al inicio del nuevo gobierno al titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamándole 3 millones de dólares que se le habían incautado de una cuenta administrada por Whitney Bank con sede en Oregon, Estados Unidos, para cubrir un adeudo.
De acuerdo con su dicho éste era inexistente, obedeciendo solo el organismo a una instrucción del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
¿Dónde quedó la bolita?
Balance general
El choque de posturas entre el Bank of America y el gobierno sobre si México estaría a punto de entrar en una recesión técnica se explica por la diferente metodología que utiliza Estados Unidos para medir el fenómeno económico.
Mientras en el país del norte se considera que se alcanza la recesión cuando se acumulan tres trimestres en desaceleración, es decir con crecimiento menor, en el nuestro la comparación se realiza sobre cifras anualizadas, es decir el último trimestre de 2018 se compara con el de 2017.
Bajo ese marco, pues, el país está lejos del escenario, por más que la caída en el incremento del PIB se está volviendo más aguda ante la lentitud de la inversión pública y lo raquítico de la privada nacional.
Activismo al mil
La animadversión del presidente de la Coparmex, Gustavo De Hoyos Walter al presidente Andrés Manuel López Obrador está alcanzando niveles temerarios.
En el afán de denuesto permanente el dirigente del sindicato patronal acaba de publicar en las redes sociales una fotografía de un estadio vacío en cuyo graderío conversan el titular del Ejecutivo y el entonces candidato de Morena al gobierno de Baja California, Javier Bonilla, afirmando que se trata de un encuentro en San Diego.
Lo peor del caso es que se aduce que ahí fue donde se fraguó el que, de ganar la posición, Bonilla extendería el mandato por el que habría sido electo.
El dirigente empresarial estaría obligado a presentar las pruebas correspondientes.
Negocios alternos
Desde antes de que fuera candidato de Morena al gobierno de Jalisco, habíamos denunciado en este espacio el tráfico de influencias del entonces diputado priista, Carlos Lomelí Bolaños, para obtener contratos de suministro de medicamentos e insumos médicos en el sector salud de Jalisco.
Derrotado éste en las urnas, fue nombrado delegado federal en la entidad federativa, en cuyo marco negó ser propietario y socio de empresas del ramo.
Sin embargo, en el directorio del Grupo Lomedic aparecen familiares, así José Torres Barreda y Mario Vargas Lomelín, en paralelo a 11 más.
Al mismo tiempo, aparece el nombre del abogado Juan Sotero Moya, quien al parecer fue funcionario de la PGR en Jalisco.
Oro Negro
Ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión judicial que ordenaba la congelación en cuentas de la empresa Perforadora Oro Negro, éstas, radicadas en BBVA, CitiBanamex, Scotiabank y Monex, acumulan un monto de mil 375 millones 748 mil pesos.
Este representa apenas un poco más de la décima parte del débito que arrastra la firma, cuyo nivel es superior a 11 mil millones de pesos.
En paralelo, se congeló el movimiento de un fideicomiso radicado en el Deutsche Bank, en donde se depositaban parte de los ingresos de la firma para garantizar el pago a los acreedores.
Acusada de administración fraudulenta, la empresa finalmente perderá en definitiva las cinco plataformas marítimas con que operaba, además de pagarle al fisco una cuantiosa deuda y liquidar a sus 800 trabajadores.
Chambas a federales
La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada está realizando una promoción entre sus socios para contratar servicios de policías federales que no quieran integrarse a la Guardia Nacional.
La oferta habla de tareas de traslado de valores, guardias intramuros, escoltas y también ciberseguridad.