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En la emergencia de la espesa polvareda levantada por la decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, la instancia encargada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) solicitó que sus contrataciones tuvieran el status de seguridad nacional, es decir la posibilidad de hacerlas sin la formalidad de las licitaciones.
La exposición de motivos hablaba de apagar la beligerancia del Sindicato Mexicano de Electricistas, vía liquidaciones expeditas y la posibilidad de conexión de la Comisión Federal de Electricidad en la zona de servicio.
Estamos hablando de la Ciudad de México y cuatro entidades federativas.
El caso es que siete años después la instancia que había surgido a la muerte del organismo de liquidación de bienes nacionales, Fideliq, por sus siglas, no había dado de baja la prebenda administrativa.
En el lapso se entregaron contratos a un solo despacho de abogados por mil 800 millones de pesos.
De hecho en su informe sexenal el organismo plantea haber recibido poco más de nueve mil millones de pesos por la venta de los ingenios expropiados por el gobierno foxista, con énfasis en los del Grupo Azucarero Escorpión, cuyo monto fue de 11 mil.
Hace unos meses el Instituto Mexicano para la Competitividad acusó a la instancia de haber otorgado un contrato de 288.2 millones de pesos a la firma de outsourcing Vasa Holding Company, clasificada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria.
Hace siete años estaba listo el cierre de la liquidación del Sistema de Bancos que integraban el Banrural, y sin embargo la tarea se prolongó cuatro más.
El organismo fundado en el 2002 está siendo acusado por la contratista de Pemex, Oceanografía, de llevarla a un escenario de quiebra.
Concretamente el presidente de la firma, Amado Yáñez, plantea que el SAE dispuso de tres mil millones del erario público sin justificación ni aviso al juez Felipe Consuelo Soto, quien llevó el concurso mercantil.
La ofensiva se refiere también a que el administrador designado tras la incautación de la firma que le daba servicio a Pemex, Alfonso Maza Urueta, recibía un sueldo mensual de 650 mil pesos más gastos de viaje, hospedaje, despensa, personal de servicio… que un conjunto sumaba otros 200 mil pesos.
La tarea de éste se prolongó tres años.
En la catarata se culpa al SAE de despedir a más de 11 mil trabajadores engañando a tres mil con liquidaciones que nunca se pagaron, bajo la protección de un sindicato blanco.
Lo cierto es que hasta entonces el organismo sólo había participado en la administración de empresas públicas en proceso de liquidación.
De hecho, en algún momento el gobierno pensó en entregar Mexicana de Aviación a su custodia, lo que se rechazó por no tener soporte jurídico.
El SAE en la mira.
Balance general
En la antesala de la entrada en vigor de una serie de reformas a la Ley Aduanera, prevista para el 22 del mes que corre, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales le está solicitando una prórroga a la Cámara de Diputados.
La intención es que entre en vigor el 25 de junio de 2019, es decir al año de su publicación en el Diario Oficial.
La solicitud, firmada por el presidente del organismo, Felipe Miguel González James, se dirige al diputado Marco Antonio Adame Castillo.
La exposición de motivos habla de que bajo el nuevo marco se le confirieron facultades de comprobación y fiscalización a la autoridad aduanera, que en la práctica atentan contra la facilitación comercial y seguridad jurídica.
En el marco se permite retener la carga hasta por cinco días, a contrapelo de la aplicación del resultado de solución automática en función de un análisis previo de riesgo.
Más aún, la posibilidad habla de que se puede realizar la revisión de la mercancía que no ha sido formalmente presentada a la autoridad aduanera y se encuentra aún en depósito ante la aduana.
Cuello de botella, pues.
Outsourcing en callejón
Hace 10 años, a la vera de las acres críticas por la falta de vigor con que operaban las tercerías u outsourcing en relación con los compromisos derivados de la Ley Federal del Trabajo, se ideó una fórmula para obligarlas a regularizarse.
La receta hablaba de una Norma Oficial Mexicana, vía la cual se les obligaría a certificarse como requisito para operar.
El asunto se congeló durante siete años en el escritorio del director de Normas de la Secretaría de Economía.
Revivida la tarea, llegaría otro descarrilamiento ante la resistencia de un segmento de las firmas convocadas a ubicar consenso frente a los requisitos exigidos por la autoridad.
De hecho, sólo 20 de las empresas en el mercado permiten auditorías legales y fiscales.
El problema es que ahora la regularización de las firmas que dan empleo a 2.5 millones de trabajadores vendrá por la vía legal… a exigencia de la negociación del acuerdo mercantil México-Estados Unidos-Canadá.
El marco serán las leyes secundarias derivadas de la reforma laboral.
No paga el gobierno
En su comparecencia de ratificación del cargo ante diputados de la comisión del ramo, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ratificó que los recursos para cubrir la oferta de recompra de los bonos emitidos para financiar al aeropuerto de Texcoco, no gravitarán en el presupuesto del 2019.
El recurso, como lo habíamos advertido, se encuentra en un fideicomiso a resguardo de Nacional Financiera.
El total en caja es de 108 mil millones de pesos.
Como usted sabe, la oferta apunta a papeles por 6 mil millones de dólares, precio superior al de cotización del mercado secundario.
Asesores de lujo
Acusado el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de desconocer las telas y entretelas de los mercados, hete aquí que a título pro bono, es decir sin cobro al calce, tiene como asesores a dos expertos.
Estamos hablando de Rodolfo Sánchez Arriola, director general de la Fibra Educa, y Luis Garza, experto en cuestiones financieras.
Ductos sin salida
Criticada por su nuevo director general, Manuel Bartlett, la enorme inversión realizada por la Comisión Federal de Electricidad en materia de ductos para gas natural que a su juicio están desaprovechados, el problema es que no se construyeron plantas regasificadoras en paralelo.
Por aquellas cosas raras de la vida, el país sólo tiene una, ubicada en Manzanillo, que la empresa utiliza para almacenar el combustible que importa de Perú, vía un contrato con la española Repsol.
