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La ruta habla, además, de eliminar las asimetrías regulatorias a lo largo de las cadenas de valor de los hidrocarburos y asociar indisolublemente la política energética con la ambiental y la industrial.
En el documento se plantea modificar el régimen fiscal de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para incrementar sus posibilidades de inversión, además de mejorar sus perfiles de deuda, y en dado caso recibir el financiamiento de las sociedades de inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las alternativas que en el papel revalorarían el papel de la empresa productiva del Estado con el desarrollo del sector energético, están en el Proyecto de Nación 2018-2024, que se ubica como puntual para el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El marco habla de posponer las alianzas de Pemex con empresas nacionales o extranjeras, conocidas como farmouts, hasta que sea modificado su esquema.
En paralelo, flexibilizar el mercado de gasolinas hasta que existan verdaderas condiciones materiales para el establecimiento de un mercado de combustibles.
Además, se plantea el rescate del Instituto Mexicano del Petróleo para impulsarlo hacia una empresa de ingeniería o, en el peor de los casos, en una de servicios.
Desde el plano internacional se plantea un mayor acercamiento y coordinación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y evaluar la participación del país en la Agencia Internacional de la Energía, creada para defender los intereses de los países industrializados frente a los productores de petróleos.
Desde otro ángulo, se señala que en caso de descubrimiento de eventuales yacimientos transfronterizos, Petróleos Mexicanos deberá ser el operador responsable del lado mexicano.
Más allá, se plantea quitar a los operadores petroleros la posibilidad de establecer regiones sustraídas a la soberanía y control del Estado mexicano.
El texto reitera el propósito de construir al menos dos refinerías, cada una de ellas con capacidad de procesar 300 mil barriles de petróleos diarios.
Además de la proyectada en Dos Bocas, Tabasco, el documento retoma el frustrado plan de la Bicentenario de Tula, Hidalgo.
La inversión requerida se calcula en 6 mil millones de dólares por cada una de ellas.
En paralelo, se planea reactivar la petroquímica contratando personas calificadas “para garantizar el suministro de materias primas a las cadenas productivas”.
En este caso se habla de una inversión de mil 500 millones de dólares.
El punto de arranque, de acuerdo con el documento, es patético; mientras la producción de petróleo ha caído 15.8%, la de gas natural lo ha hecho 9.3%, en un escenario en que en los últimos cuatro años se han dejado de producir 455 mil barriles diarios de aceite y 593 millones de pies cúbicos de gas.
Las reservas de hidrocarburos han descendido en el caso de las probadas en 26.1%, y en el de los probables en 32%, en un marco en que para provisión en el caso del petróleo pasó de 12 a 10 años, y en el caso del gas de cinco a cuatro.
A su vez, la extracción de productos refinados cayó 20.3% en promedio.
En el caso concreto de las gasolinas, la producción se redujo 22.2%; la del diésel en 22.8%, y el queroseno y el combustóleo 24.6% y 11.6%, respectivamente.
Como consecuencia, las importaciones de gasolinas, diésel, gas natural y otros productos se incrementaron 38.6%, 40.6%, 77.8% y 87.1%.
La pregunta es si todavía hay espacio para el milagro.
Balance general.
La decisión de la fracción legislativa de Morena en el Senado de seguir el curso de la iniciativa de reforma a la Ley para Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias, que en el terreno práctico implica la desaparición de 19 comisiones que cobran las intermediarias, volvió a impulsar a la baja la cotización de las acciones de los bancos en la Bolsa Mexicana de Valores.
La excepción a la regla fue Inbursa.
Sin embargo, la propuesta legislativa ha levantado una espesa polvareda entre los usuarios sobre la justeza de los cobros.
Las quejas más copiosas en las redes sociales apuntan hacia el uso de cajeros automáticos y las tarjetas de débito que se entregan a los usuarios de pago vía nómina.
El año pasado el Banco de México rechazó 72.8% de las solicitudes de incremento de comisiones por parte de los bancos, poco más de 65.6% que se había negado en 2016.
Y aunque existe la posibilidad de competencia ésta es escasa, y generalmente apunta más a productos novedosos que a reducción de comisiones.
Justicia laboral.
Como era previsible, la victoria de los demócratas que les permitió obtener mayoría en el Congreso de Representantes de Estados Unidos, dio pauta para apretar en el capítulo laboral del acuerdo mercantil de México, Estados Unidos y Canadá.
La primera exigencia de la nueva líder de la mayoría, Nancy Pelosi, es que se descongele una iniciativa que apuntaba a la justicia laboral, en cuyo marco desaparecen las juntas de conciliación para sustituirlas por tribunales laborales.
La propuesta la frenó, paradójicamente, una queja de las centrales sindicales de Estados Unidos y Canadá sobre la introducción subterránea de un capítulo en el que se le abría la cancha completa a la actividad del outsourcing o tercería, es decir, la posibilidad de subcontratación de las empresas para realizar actividades específicas.
E-comercio.
Los recientes ataques de ciberpiratas que pusieron en jaque la supuesta inviolabilidad de las redes para transacciones bancarias vía electrónica incrementó la desconfianza de los usuarios hacia la vía.
Aunque en 2016 el comercio electrónico alcanzó transacciones por 17 mil millones de dólares, lo que representó un salto de 28%, el país está muy lejos aún, en proporción, a la facturación de Estados Unidos.
De hecho, la propia Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información está reconociendo la necesidad de una estrategia de ciberseguridad que de confianza.
Se calcula que para 2020 habrá 50 mil millones de dispositivos conectados a internet.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
