Según ello, el convenio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y Grupo México apuntaba a la realización de obras para conservación y mantenimiento de la fuente de trabajo.
El documento fue avalado por el entonces subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Emilio Gómez Vives, y dos funcionarios conciliadores de la Secretaría del Trabajo: Alejandro Peguera Pérez y Fernando Reséndiz Guzmán.
Ese mismo día, el Grupo México, propietario de la mina, vía Gabino Pérez González, director general y corporativo de Recursos Humanos, le envió una carta al Comité Ejecutivo del Sindicato, señalando que por el arreglo alcanzando con el Comité Local se le otorgarían a éste 190 mil pesos por gastos de previsión social.
En carta aparte se confirmaba un pago de 108 mil pesos por 1% de cuotas sindicales de los contratados.
En una tercera, además, se planteaba un pago más de 100 mil pesos por el mismo concepto de gastos de previsión social.
La modalidad con que se contrató a los 100 trabajadores fue “terceros” o “contratistas”, especificándose que entre las tareas estaría la instalación de bandas generales, ampliación de baños, operación minera continúa y edificio para laboratorio.
El salario sería de 300 pesos diarios, asumiéndose que las labores se realizarían “con medios propios y bajo su absoluta responsabilidad”. De hecho, utilizaban transporte propio del contratista, y entraban por una puerta diferente a la de los sindicalizados.
El convenio tenía un alcance de 12 meses. El sindicato pues, no sólo conocía sino avaló y se benefició de la subcontratación de personal desprotegido de mínimas prestaciones sociales.
Como usted sabe, la explosión de hace 12 años le costó la vida a 65 trabajadores, entre ellos parte de los subcontratados.
De acuerdo con un documento titulado El carbón Rojo de Coahuila. Aquí se termina el silencio, elaborado con apoyo de la Fundación Heinrich Böll México y Caribe, la tragedia no la originó, como se ha sostenido, una caprichosa acumulación de gases, sino un sistema de ventilación ineficiente por las precarias condiciones de seguridad y mantenimiento de la mina.
El texto resalta que en la región carbonífera de Coahuila se han registrado 3 mil 103 muertos por explosiones a partir de 1900, sin que se haya penalizado a alguna empresa por malas condiciones de seguridad laboral. Grupo México descuidó la mina al ya no ser rentable.
El trabajo se realizó a lo largo de 12 años por la tenacidad de la Organización Familia Pasta de Conchos. Esta ha mantenido en pie la exigencia de que sean rescatados los 63 cuerpos que permanecen en los túneles, además de que sus familias reciban una justa reparación del daño.
De acuerdo con el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, la tarea de exhumación de los cuerpos era misión imposible por los gases y elementos que podrían derivar en una epidemia de tuberculosis.
¿La digna lucha de Gómez Urrutia?
Balance general.
En afán de consolidar su reinado tras haberse reelecto anticipadamente y tras impedir la participación de opositores en la elección de dirigentes seccionales, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, maniobra desde las sombras en complicidad con funcionarios de Pemex, para sacar de la jugada al único que estatutariamente le pueda competir por el cargo.
Estamos hablando de Sergio Morales Quintana, dirigente del Frente Nacional Petrolero, con delegados en las 36 secciones sindicales.
El 5 de noviembre pasado se le rescindió el contrato sin que se le hubiera dado vista de las razones.
La acción derivó en la expedición de una circular en la que se le prohibió el paso a las terminales Añil, Barranca del Muerto y Azcapotzalco, además de no otorgarle servicios médicos, ni generarle contrataciones o ascensos.
El documento lleva la firma de Cesáreo E. Rodríguez, responsable de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex.
Las hostilidades se habían iniciado al negarle el 17 de septiembre un permiso de 30 días, según ello por órdenes de su jefe inmediato, Sergio Gutiérrez y del secretario general de la Sección 34 del sindicato, Héctor Sosa Rodríguez.
Una modalidad para darle la vuelta a la cláusula de exclusión que prohíbe el recién firmado Convenio 98 con la Organización Internacional del Trabajo.
Aprietan al Senado.
Bajo la hipótesis de que si México aprueba el documento final del acuerdo mercantil con Estados Unidos y Canadá en forma expedita se obstaculizaría la posibilidad de los cambios que reclaman los demócratas, la Secretaría de Economía está urgiendo al Senado a darle velocidad al trámite.
Como usted sabe, los demócratas recuperaron mayoría en la Cámara de Representantes, cuya líder, Nancy Pelosi, anunció que pediría adecuaciones en materia laboral y de productos agrícolas.
Lo cierto es que aún aprobado el documento queda la rendija, como ocurrió en el primer acuerdo, de colocar adendum bajo el manto de acuerdos complementarios o suplementarios.
Insiste Caintra.
Bajo el argumento de que mientras las exportaciones de acero de Estados Unidos a México se han mantenido estables, en tanto las nuestras a ese país han caído 30%, la Caintra de Monterrey está solicitando la intervención del Senado para presionar la exclusión del país del arancel global impuesto al producto.
Como usted sabe, la Casa Blanca apeló a la seguridad del país para imponer la medida 132 que incluye al aluminio, a tasa de 15%.
El arancel al acero es de 25%.
La medida, a juicio del organismo, es contraria al espíritu de libre comercio y atentatoria contra la integración de contenido regional.
¿Vuelven repecos?
A iniciativa del diputado panista Fernando Torres Graciano se está colocando una reforma que permitiría el regreso del régimen fiscal para micro y pequeños comercios conocido como Repeco, es decir Régimen de Pequeños Contribuyentes. La modificación se inscribe en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta.
De acuerdo con la exposición de motivos, la sencillez del esquema permitiría la incorporación de los negocios a la formalidad en un marco en que 29 millones de mexicanos están fuera de ella. El cambio de régimen fiscal decretado en 2013 obliga a los comercios a tener una computadora, un software e internet para cumplir sus obligaciones.