Aunque en su origen las firmas en opción de subcontratarse apuntaban a tareas de limpieza y mantenimiento, en el abanico actual el escenario alcanza hasta el staff de alto nivel de multinacionales.
La ruta no es privativa del sector privado. El público la ha adoptado en su fase primaria, colocándose en la pelea por los contratos al menos dos docenas de empresas.
En la larga confección de la norma, aún no publicada en el Diario Oficial de la Federación, participaron media docena de firmas con expedientes limpios, además, naturalmente, de expertos en materia laboral.
Uno de los puntos torales del nuevo escenario apunta a hacer efectiva una reforma a la Ley Federal del Trabajo que corresponsabiliza a las empresas contratantes de las irregularidades cometidas por las tercerías.
El común denominador habla de soslayar la inscripción de los trabajadores al marco de beneficios sociales, es decir el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Sin embargo, la urgencia de regulación llegó de cara a una Miscelánea Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria al amanecer de este año, que recoge modificaciones a las leyes del Impuesto sobre la Renta y al Valor Agregado aprobadas por el Congreso.
La guillotina apunta a las empresas contratantes que no verifiquen el cumplimiento fiscal de las contratadas.
El castigo sería cancelarles la posibilidad de deducciones por gastos que les generen las propias outsourcing… es decir el principal atractivo para contratarlas.
La obligación concreta es enterar la nómina de las empresa contratadas con acuse de recibo de los trabajadores, en paralelo a la comprobación del entero del Impuesto sobre la Renta y la declaración de IVA.
El plazo para arrancar el escenario venció el 17 de abril pasado, tras una tregua de tres meses. La norma permite la simplificación del trámite.
La mula no era arisca.
Hace seis años el IMSS le envió al Congreso un estudio en el que se transparentaban las trampas de las firmas para eludir la inscripción de los trabajadores.
El muestrario exhibía desde oficinas con el mínimo mobiliario para saltar de un domicilio a otro, o en la mala suerte de ser atrapados, dejar una pírrica cosecha para quienes lleguen a embargar.
Uno de los puntos hablaba, además, de inscribir a los trabajadores bajo la perspectiva de un salario mínimo… aunque pagándoles bajo el agua una compensación en efectivo.
Hasta abril pasado el SAT había identificado a 71 mil 441 contribuyentes que utilizan los esquemas de outsourcing, de los cuales el 64% se ubicaba en la Ciudad de México.
El recuento hablaba de una elusión fiscal en los cuatro primeros meses del año de 8 mil 228 millones de pesos.
En Estados Unidos las firmas de capital mexicano que utilicen el esquema de tercerías y no cumplan con la ley, se exponen a multas de hasta 10 millones de dólares.
En nuestro país la sanción pecuniaria máxima alcanzaría 4 millones de pesos… pero posibilidad de 15 años de cárcel.
El nuevo marco plantea esquemas prácticos de cumplimiento, desde la obligación de registros patronales hasta la de exhibir los riesgos de trabajo, de cara a la adscripción a un nivel u otro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Norma habemus. ¿La cumplimus?
Balance general.
Finalmente, los efectos del “gasolinazo” de enero y los incrementos permanentes en tarifas eléctricas de uso industrial, además del gas LP, tras su liberación, descarrilaron la promesa del ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, de regresar la inflación al cauce original.
Como usted recuerda, el pronostico del organismo hablaba de una banda de tres más/menos un punto, muy lejos de la tasa anual de 6.63% que registró en noviembre.
Y falta el mes más crítico.
Mientras el combustible para las amas de casa ha crecido en su precio al publico 42.88% , la gasolina Premium acumula un incremento de 22.19 en tanto la Magna a 16.72. Las tarifas para la planta productiva han subido 32%.
Naturalmente el nivel presiona las negociaciones contractuales de los sindicatos con las empresas.
Mikel como Meade. Como le anticipamos ayer, el sucesor de Mikel Arriola Peñalosa en la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social es el que fuera director de Prestaciones Económicas y Sociales, Tuffic Miguel Ortega.
Prevista la renuncia el miércoles, ésta no se hizo publica para dejar toda la cancha a la del secretario de Educación Publica, Aurelio Nuño.
Integrante del grupo afín al canciller Luis Videgaray, en el que caben el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya y el ex titular de la dependencia, José Antonio Meade, Arriola enfrentará un proceso similar al de éste.
Ninguno de los dos es político.
La apuesta apunta a repetir los pasos de un Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo, quienes pelearon la grande sin haber tenido un cargo de elección popular.
¿Técnicos contra rudos?
Colocado en la mira original para pelear por el PRI la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México el secretario de Salud, José Narro, la apuesta apunta a la tarea realizada por Mikel en el Seguro Social.
El problema será empatar entre la población los escenario de estadística con la percepción real de quienes acuden al organismo para atención.
Invea como pesadilla.
Las empresas de publicidad exterior se quejan amargamente de lo que califican de arbitrariedades del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a cargo de Meyer Klip.
A contrapelo de estar inscritos en el padrón oficial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de contar con la licencia correspondiente, el organismo instala en los anuncios lonas de suspensión.
Tradicionalmente la operación se realiza en las madrugadas.
La explicación habla en el común denominador de “domicilio diferente al registrado ante las autoridades”, con la novedad de que la inmensa de las acciones son revertidas con amparos.