En una cadena de mensajes en Twitter, el empresario adelanta varios apellidos: “Los Maza, los Horosco (sic), los Autrey, los Murillo”, además de “los chamacos de la pandilla de Lozoya” y los despachos de abogados que cobraron 20% de las liquidaciones.
Asimismo, aunque advierte que la lista es infinita, habla “de ese que mata elefantes por diversión”.
Por lo pronto, con fecha 29 de noviembre le envió una carta a la atención del titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en reclamo de 3 millones de dólares que le debió entregar al organismo por instrucción directa del Procurador General de la República, en aquel entonces Jesús Murillo Karam, sin que se hubiera determinado que existía tal adeudo, por lo que Yáñez le da un plazo de 10 días para que le entregue un cheque de caja por el monto.
Los recursos salieron de una cuenta administrada por Whitney Bank con sede en Nueva Oregón, Estados Unidos, en mayo de 2014.
En paralelo, tres días antes le había dirigido un oficio al entonces director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández, reclamándole el contrato de venta de las acciones de la empresa ASL Futbol del Golfo, propietaria de los derechos del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, argumentando que la acción se realizó bajo presión y contra su voluntad.
Según ello el equipo tenía un valor de 25 millones de dólares.
Amado Yáñez exige, además, que se le haga entrega de los recursos recibidos por los papeles.
Como se recordará, Petróleos Mexicanos gestionó la suspensión por dos años como contratista de Oceanografía por una falta menor, lo que desató una tormenta al acusarla CitiBanamex de un fraude millonario al haber recibido préstamos de factoraje, dejando en prenda facturas por cobrar del propio Pemex.
Yáñez estuvo dos años en la cárcel; sus empresas quedaron bajo la administración del SAE; la compañía se fue a concurso mercantil y, en el marco, están en lista de resolución centenares de demanda laborales contra la empresa, que en su momento estelar tenía 13 mil empleados.
Según el recuento del empresario vía las redes sociales, cuando el SAE tomó Oceanografía los contratos con Pemex tenían un remanente de 950 millones de dólares, acusando al organismo, además, de confabularse con Pemex para rescindir por anticipado los contratos vigentes.
Y aunque el juez del concurso mercantil ordenó la restauración de nueve contratos por 650 millones de dólares, la respuesta de la empresa productiva del Estado fue que Oceanografía no sabía operarlos.
Aduce, además, que en la gestión del SAE en la empresa se recibieron por parte de Pemex más de 2 mil 266 millones de pesos, con buena parte de los cuales se pagó a despachos legales y contables fantasma.
Se acusa también al SAT de despedir a 11 mil trabajadores engañando con liquidaciones a más de 3 mil, a los cuales no se les pagó.
A los trabajadores liquidados se les cobraba 20% de “comisión”.
Adicionalmente, el SAE permitió que CitiBanamex cobrara más de 5 mil millones de pesos que a su juicio Oceanografía no debía; además de 2 mil 700 millones de IVA y de perder activos por 10 mil millones,
El contraataque de Oceanografía.
Balance general. Festinada por tirios y troyanos la firma del acuerdo mercantil México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC, ahora resulta que está en puerta un nuevo jaque en el escenario, al plantear el presidente Donald Trump la posibilidad de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el paréntesis para la llegada oficial del nuevo marco.
La estrategia se plantea como presión para el Congreso del país del norte, que en el papel aceleraría la aprobación del nuevo acuerdo para evitar un daño a sus exportadoras.
La prisa, aleatoriamente, evitaría que intentaran los demócratas, con mayoría en la Cámara de Representantes, realizar cambios.
Bajo el marco el comercio entre los tres países se regiría por las reglas existentes hasta 1994, es decir se tendrían que desempolvar los archivos para revivir los aranceles a las diversas fracciones.
Tampoco habría, naturalmente, mecanismo alguno de solución de disputas interpaíses.
Fondos buitre. Colocada la oferta de compra de los bonos verdes adquiridos por extranjeros para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco por un total de mil 800 millones de dólares, ésta plantea un costo nominal de 90 centavos por dólar, frente a 73 a que se cotizaban los papeles en los mercados secundarios.
La previsión apunta a evitar que caigan en manos de los llamados fondos buitre, cuya estrategia es adquirir emisiones de deuda con precio castigado y luego exigir su redención al costo nominal.
Como usted sabe, en Argentina la presión vía demandas internacionales puso en graves aprietos al gobierno.
En México, éstos en su momento adquirieron papeles de deuda de Vitro en mercados secundarios a 17 centavos de cada dólar, exigiendo que se les pagara a su costo real a pesar de la resolución judicial que avaló la reestructura de la deuda de la empresa vidriera tras su ingreso voluntario a un concurso mercantil.
¿Medallita? Festinado por el anterior gobierno el que el Fondo Monetario Internacional hubiera avalado el escenario financiero del país sin colocarle observaciones, como fase previa para mantener viva una línea de crédito por 74 mil millones de dólares que nació desde las turbulencias de 2008, hete aquí que el trámite tuvo un costo.
Este fue de 210 millones de dólares.
La vigencia de los préstamos se vence en diciembre del año próximo.
La comisión se ha venido pagando cada año.
Banca popular. De acuerdo con el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma, su principal objetivo en la etapa inicial es reforzar las reglas para impedir fraudes a usuarios de Sociedades Financieras Populares.
En el escenario está la tragedia provocada por Ficrea, que tres años después aún no se ha logrado resarcir la pérdida de centenares de usuarios que le entregaron los ahorros de toda su vida con el propósito iluso de obtener un rendimiento a título de pensión.
La mitad ha muerto en la lucha.
Ni pena ni gloria. Se termina el año sin que la Cámara Nacional del Cemento haya resaltado su aniversario número 70, en cuyo marco se escribe una parte del desarrollo de la gran infraestructura del país.
En la página se anota su lucha por la instauración de los llamados Ceprofies; la expansión como segunda empresa del planeta en su ramo de Cementos Mexicanos; la tecnología para evitar daños al medio ambiente; la función social de sus firmas…
En la presidencia del organismo han desfilado personajes como el fundador de ICA, Bernardo Quintana Arrioja, y Antonio Taracena.
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