La colocación en escena del Senado de una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley General de Salud para regular los precios de medicinas de patente está provocando una carambola de varias bandas que alcanza desde los márgenes de comercialización hasta las reglas de importación, pasando por la vigencia real de las patentes.
El jaque ya provocó la movilización de la espesa red de cabildeo de laboratorios multinacionales como AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Roche, Novartis y Pfizer.
El alegato habla de un hipotético regreso al esquema de control de precios que prevaleció hasta los últimos años del siglo XX.
Lo cierto es que a pretexto de la depreciación del peso, bajo el argumento de que en ocasiones 95% de las sustancias activas de los fármacos es importado, se ha registrado una escalada sin precedente, al punto de dejar inermes a enfermos de cáncer y enfermedades crónico-degenerativas.
La exposición de motivos de la iniciativa plantea como ejemplo el medicamento Glivec utilizado para casos de cáncer, que en México cuesta el equivalente a 163 dólares, mientras en Perú su valor es de 44 dólares y en Colombia de 69 dólares.
En otro caso, el fármaco Lopinavir para VIH cuesta 7 dólares en el país; 2 dólares en Guatemala y Perú, y 80 centavos en Colombia.
Hace algunos años México eliminó el requisito de planta, es decir que se puedan importar fármacos sin que la empresa que los fabrica se instale en el país.
La intención, naturalmente, era abrir la competencia para obligar a bajar precios… con la novedad de que ocurrió lo contrario.
Aunque los fabricantes colocan en la caja de los productos un precio máximo, en realidad éste es un simple referente, dado que los márgenes de comercialización en medicinas de patente oscilan entre el 12% y 18%, en tanto para los genéricos, producidos a la extinción de la patente con las sustancias activas de la fórmula, es de sólo entre 1.8% y 2.8%.
Ofrecida por la Comisión Federal de Competencia Económica una revisión integral del mercado de medicinas, éste no tiene aún fecha de aterrizaje.
El dominio en la distribución de fármacos de patente lo tiene la empresa Nadro, de Pablo Escandón Cusi, quien tras la oscura adquisición de la firma similar Marzam alcanzó 49% del mercado.
De darse cauce a la propuesta planteada por la bancada de Morena, se podrían fijar precios máximos de medicamentos en coordinación entre las Secretarias de Salud y Economía.
Este, juran, será público, trasparente y apegado a los principios de accesibilidad, asequibilidad, calidad y disponibilidad.
La batalla apenas comienza.
Balance general
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que su talante está ajeno a venganzas y revanchas, existe nerviosismo entre empresarios gigantes de cara a una investigación del Servicio de Administración Tributaria sobre un gasto millonario para intentar descarrilar al candidato presidencial de Morena.
El Instituto Electoral local le dio vista a la instancia tras una investigación.
Los recursos, cuyos aportantes están identificados, se habrían orientado a la realización de un documental sobre gobiernos populistas en América Latina; a financiar activistas venezolanos para hacer supuestos parangones entre nuestro país con un gobierno de izquierda y el suyo, o de plano financiar campañas de desprestigio.
El asunto va a sacar más que chispas.
Pasos sobre IFood
Anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la colocación de la lupa sobre los contratos públicos con proveedores de alimentos y medicinas, llama la atención la inaudita concesión otorgada a esta firma, dedicada a procesar comida para reos de reclusorios.
Como se recordará, bajo el gobierno de Felipe Calderón se promovió la construcción de siete penales bajo un esquema de asociación público-privada, los cuales contrataron a la firma que encabeza Antonio Ortiz.
Lo insólito del asunto es que el contrato avala un pago con relación a la capacidad máxima de los centros penitenciarios, que en promedio es de 2 mil 552 reos.
A quién le importa si sólo están recluidos 20, 30 o 300.
Diálogo
Durante la semana han llegado a la oficina del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, directivos de las firmas que pactaron contratos para ductos cuya construcción se encuentra detenida… cobrándole a la contratante una renta como si estuvieran en uso, a fin de llegar a un justo medio.
El alegato principal apunta a que la parálisis se debe a causas ajenas a las firmas, la mayoría por conflictos sociales, cuya responsabilidad de destrabarlos es del gobierno.
De las cuatro compañías en el asunto sólo la mitad fueron representadas por sus presidentes: Ienova y TransCanadá, es decir Carlos Ruiz Sacristán, y Robert E. Jones.
Gruma avanza
Durante el año pasado las ventas netas del Grupo Maseca crecieron 5%, pese a que su costo de comercialización subió 6%, la depreciación de la moneda y el encarecimiento de insumos.
Durante el cuarto trimestre del año el monto fue de 14 mil 80 millones de pesos, obteniendo una utilidad de operación de 2 mil 328 millones.
La compañía con divisiones en Centroamérica, Europa y Estados Unidos invirtió el año pasado 209 millones de dólares para incrementar su capacidad de producción, con énfasis en el vecino del norte.
Su deuda total alcanza mil 92 millones de billetes verdes.
Distinción
GINgroup la mayor firma de capital humano del país recibió un distintivo de empresa socialmente responsable por las tareas de beneficio colectivo que realiza en sus centros de negocio Santa Fe y World Trade Center.
