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La entonces paraestatal encabezada por Emilio Lozoya Austin pagó por las plantas paralizadas desde hacía un lustro, 255 millones de dólares.
El monto de la sanción pecuniaria, a juicio de la Secretaría de la Función Pública, equivale al daño causado al patrimonio de Pemex por el sobreprecio.
En su momento Torres Garrido había defendido la compra, avalada en octubre de 2015 por el Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado aduciendo que se había recibido la opinión de un despacho externo… aunque de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación no había evidencia física.
Adquiridas en paralelo en 425 millones de dólares las plantas de la empresa Agronitrogenados que mantenía en condición de chatarra la siderúrgica Altos Hornos de México de Alonso Ancira, al estallido del escándalo Lozoya aducía que las operaciones habían sido parte del Pacto por México firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos.
A su juicio, la adquisición había sido ventajosa, dado que se utilizaría para el pago una línea de crédito abierta por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior con interés blando.
La redención se haría a lo largo de 16 años.
Las cuentas alegres hablaban de llegar a producir 3.5 millones de toneladas, con posibilidad de facturar 2 mil millones de dólares al año, en un marco en que se importa 70% de la demanda nacional.
Del dicho al hecho, empero, de acuerdo al Consejo de Administración de PMI Holdings, a quien se sectorizaron las plantas de Fertinal, su rehabilitación y modernización reclamaría 425 millones de dólares.
En el marco se le entregó un contrato a la firma Petrotiger Engineering, quien realizaría las obras entre el propio 2015 y el siguiente... con la novedad de que no se han concluido.
El presupuesto original para la división creada, Pemex Fertilizantes, era de 6 mil 366 millones de pesos, que se fueron literalmente a la basura.
Fertinal, con vocación de fertilizantes fosfatados, que tenía su planta principal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, además de una mina en Baja California Sur, fue privatizada por Fabio Covarrubias, quien fuera vicepresidente del Banco Unión, con un pago de 317 millones de billetes verdes.
El exfuncionario de Pemex inhabilitado y multado había sido cesado y sometido a una investigación.
Colocada una demanda penal en la barandilla por supuesto fraude, el segundo acto está en la antesala.
Balance general
Al margen de que el gobierno pudiera pactar compras masivas de medicinas producidas en países europeos o asiáticos, el problema toral para atender el abasto del Instituto Mexicano del Seguro Social es la distribución.
Cancelada por el organismo la tarea desde el interior ante un escenario de merma permanente de inventarios o bodegas repletas en que se agotaba la caducidad de los fármacos, se abrió el escenario a los grandes distribuidores que tenían contratos con las firmas productoras, quienes llegaron a crear una infraestructura que podía cubrir sin problema el espectro.
Y aunque surgieron algunas firmas regionales éstas apenas recibían migajas en las macro licitaciones.
El acaparamiento provocó el entredicho que las mantiene como apestadas.
Llegaste tarde
Rechazada por la Suprema Corte la posibilidad de un amparo a los tenedores de bonos expedidos por la empresa Perforadora Oro Negro para financiar la compra de cinco plataformas marinas, que apuntaba a evitar que la empresa ingresara a un concurso mercantil, el pial llegó tarde.
Como usted sabe, por decisión judicial la infraestructura ya fue entregada a los deudores.
Y aunque la resolución de un tribunal supremo podría anular la acción del juez, el litigio duraría años, lo que provocaría el deterioro total de la firma creada por los primos Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White.
El alegato de los solicitantes apuntaba a que no se pueden entrar a un procedimiento de quiebra ordenada sin el aval de los acreedores.
Bolita al INAE
Aunque la Secretaría de Hacienda ya le entregó al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos la lista de los grandes corporativos beneficiados por las condonaciones de impuestos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, está en manos de ésta la decisión de hacer públicas las razones sociales.
Cancelado el obstáculo que representaba el secreto fiscal, el freno, de cara al Servicio de Administración Tributaria, lo representan los amparos colocados en la barandilla para impedir la divulgación, que permanecen en espera de una resolución definitiva.
¿Y Adalberto Palma?
A usted le pueden llegar 20 o 30 cartas de bancos ofreciéndole un crédito para saldar sus cuentas de tarjeta de crédito a tasa menor; ampliar la línea que tiene o aprovechar una promoción para vacacionar, pero es misión imposible que le manden el estado de cuenta mensual de sus plásticos.
Naturalmente, si usted no lleva sus cuentas, ya la encajaron el diente con intereses más que leoninos.
El campeón se llama CitiBanamex.
Y aunque el Banco Santander sí envía la información, ésta es incompleta, dado que incluye los montos, pero no detalla el motivo de los cargos.
Peor aún, le cargan saldos pese a que la tarjeta se venció y la reposición no le ha llegado.
La gran pregunta es dónde está el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
