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En uno más de los insólitos de temporada, la firma española “El Corte Inglés” investiga a los responsables de las operaciones de su filial tecnológica en México, en cuya carambola se incluyen dos licitaciones polémicas en las que participó en consorcio.
Estamos hablando de una convocada por el Servicio de Administración Tributaria que se encuentra en litigio, y otra abierta por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El punto de arranque de la indagación contra el director de Informática del consorcio con eje en el ramo mercantil, Alberto Balmaseda Reich y el director general adjunto, Lartaun Iturrioz Ortiz, es el descubrimiento de compañías de su propiedad en las Bahamas.
El primero es dueño de Advanced Business Research y Trident Corporate Services; el seguido de Hatulinana, todas ellas constituidas entre 2013 y 2014, cuando los directivos ya eran parte de la nómina de la multinacional ibérica.
De acuerdo con las clasificaciones de la Unión Europea, las islas Bahamas, situadas en el Caribe, se consideran paraísos fiscales.
La pesquisa la provocó la entrada en escena de un nuevo Código de Ética de la firma española.
La filial de ésta participó al lado de la firma Sixsigma Networks de María Asunción Aramburuzabala en una licitación convocada por el SAT para instrumentar un Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, que se le adjudicó hace casi tres años.
El monto era de 8 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, el proceso fue impugnado por la empresa Integradora de Tecnología del Grupo Altavista, quien logró una resolución favorable del décimo quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, bajo el argumento de que el procedimiento había sido torcido al asignársele erróneamente puntos a la baja a la firma.
El asunto se dirime aún en los tribunales ante los diversos recursos planteados por el SAT.
Lo grave del caso es que el consorcio ganador ha incumplido en todos sus términos el plan de trabajo previsto, corriéndose el riesgo de llegar a los montos mínimos.
La filial tecnológica de “El Corte Inglés” también participó en consorcio con firmas alemanas, japonesas y la mexicana Seguridad Privada en otra licitación que levantó un escándalo en su momento. Estamos hablando de un contrato de la Secretaría de Relaciones Exteriores para expedir pasaportes.
La dependencia le levantó la mano pese a que su oferta de 92 millones de dólares era la cuarta mejor en la pelea. La firma Mainbit pedía 72.
El caso es que a las primeras de cambio el ganador presentó fallas en su operación que provocaron una grave crisis. De 10 mil pasaportes diarios previstos, apenas se llegaba a la quinta parte.
El escándalo está a la vista.
Balance general
Aunque el gobierno ha mantenido su promesa de disciplina fiscal, corre insistente la versión de que en los próximos meses tendrá que darse un ajuste al presupuesto para replantear prioridades.
Acaparada gran parte de los recursos para programas sociales, están en la mesa impugnaciones sobre insuficiencia de partidas para órganos autónomos que podrían derivar en resoluciones judiciales favorables a su causa.
En paralelo, están surgiendo boquetes no transparentados por el anterior gobierno que obligan a inyectar recursos extraordinarios a instancias torales como el IMSS y el ISSSTE.
De hecho, ya se empezó a priorizar la conclusión de obras de infraestructura dejadas a medias.
Concesiones a consulta
En afán de evitar conflictos que paralizan u obstaculizan la explotación de minas como el caso que involucra a la firma canadiense First Majestic Silver Corp y el pueblo Wixárika, está planteada en el Senado una reforma la Ley Minera que obligaría al gobierno a consultar a las comunidades antes de otorgar una concesión.
En la larga lista de casos está el de la compañía Almaden Minerals que enfrenta el descontento de comunidades de la Sierra Norte de Puebla.
De prosperar la iniciativa de la senadora de Morena Angélica García Arrieta, la consulta la realizaría la Secretaría de Economía.
Pemex en picada
Durante enero pasado la producción de crudo por parte de Petróleos Mexicanos fue de sólo un millón 623 mil barriles diarios, lo que implicó una caída de 18% respecto al mismo mes del año anterior.
En la carambola, naturalmente, la producción de gasolinas se redujo 18%, es decir 153 mil 500 barriles diarios.
A su vez, la de gas natural se abatió 5.3%, es decir 4 mil 648 millones de pies cúbicos diarios.
En su mayor pico, antes de la embestida gubernamental a lo que fuera empresa paraestatal, la producción diaria de petróleo era de 2 millones 300 mil barriles diarios.
Esperanza inútil
Aunque la audiencia llegó antes de lo esperado, el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la Comisión Reguladora en Energía, Guillermo García Alcocer, resultó estéril.
La respuesta del Ejecutivo a sus reclamos de inocencia frente a acusaciones de incurrir en conflictos de interés, fue que éstos deben plantearle ante los órganos jurisdiccionales que abrieron los expedientes.
La autonomía de los organismos no es sinónimo de impunidad.
Como usted sabe, la carambola incluye posibles delitos colaterales como depredación fiscal, lavado y envío de recursos a paraísos fiscales, además de ocultar la autorización de un permiso para transporte de gas a la empresa Femarca, filial de la compañía Santa Fe Gas Natural que dirige un primo de su esposa.
Crece fibra
Con la adquisición de 10 propiedades industriales en el municipio de Apodaca, cuyo valor de 135 millones de dólares lo cubrió con crédito sindicado de siete bancos, la Fibra Monterrey mantuvo un crecimiento sostenido a lo largo del año pasado.
Su acervo alcanza ya 58 propiedades, de las cuales 18 son para uso de oficinas, 31 para industrias y seis para comercios.
El 97% está en renta.
El fideicomiso de bienes raíces incrementó 14.3% sus ingresos, para llegar a 254 millones 813 mil pesos.
