Más Información
Del dicho al hecho, el 12 de mayo se giró un oficio al Consejo de la Judicatura bajo la presunción de irregularidades en el proceso cerrado hace unos meses.
La flecha apunta al juez Felipe Consuelo Soto, titular del Tercer Juzgado en Materia Civil de la Ciudad de México; al síndico designado, Sergio Hermida Guerrero y al Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantiles.
El oficio (PCTA/LXIII/126/18) firmado por el presidente de la Comisión, Jesús Salvador Valencia Guzmán está dirigido al ministro Luis María Aguilar Morales.
La acusación concreta, en el caso del juez, habla de reservar información de acuerdos dictados, a soslayo de que los concursos mercantiles son públicos. En paralelo, no les requirió información de los ingresos y egresos de la empresa al conciliador, al visitador y al síndico, permitiendo que los recursos se gastaran sin supervisión.
“Se aprobaron señala letra por letra el texto, convenios que evidentemente perjudican a los acreedores y trabajadores de Oceanografía, permitiendo que se pierdan garantías por falta la vigilancia, como es el caso de cinco embarcaciones que formaban parte de la masa concursal”.
Más allá, se acusa al juez de permitir la entrega a terceros de ocho embarcaciones integradas en la masa concursal denominados Amado Daniel, Don Daniel, Don Amado, Don Alfonso, Caballo Galiano, Caballo Siete Leguas, Caballo As de Oros, Caballo Geniter Caballo Xinthua, en el marco de un convenio que no fue aprobado.
Los bienes se entregaron a una empresa denominada Caballo Frión Arrendadera, aduciendo una solicitud del Servicio de Administración, Enajenación de Bienes, a quien se entregó originalmente la administración de la contratista de Pemex tras su incautación.
Las naves estaban a resguardo de la Procuraduría General de la República.
La actuación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados derivó de la aprobación de un punto de acuerdo planteado por la diputada Rocío Nahle, de Morena.
El propio presidente de ésta, José Salvador Valencia Guzmán, le giró el 22 de mayo un oficio al juez Consuelo Soto, a través del cual le solicita dar vista a la acreedora de la indagación emprendida, a fin de que en caso necesario acudan al recinto legislativo para externar sus inconformidades. La misiva incluye parte de la Sentencia de Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos expedida el 23 de octubre del 2014 y el Convenio de Acreedores aprobado en sentencia interlocutora del 12 de enero pasado.
En el marco se habla de seis inconsistencias entre una y otra.
El juez Consuelo Soto fue el que llevó originalmente el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, alargando una y otra vez los plazos previstos para cerrarlo… por lo que fue relevado.
Oceanografía del escándalo.
Balance general.
Prohibida por la autoridad judicial local y federal, la venta, importación y distribución de un dispositivo elaborado por la empresa Roku, demandada por Cablevisión su principal comercializadora en el país, Latanel Distribuidora, ante la evidencia en que éste se constituía como medio para captar señales y contenido de canales constituidos, como Blim, Netflix, Cinépolis, Klic …, la empresa se lanza al contraataque.
Aunque originalmente había aceptado que su plataforma tenía una debilidad en su seguridad, comprometiéndose a eliminarla, ahora está ejerciendo presión sobre los jueces vía una campaña mediática.
En esta señala que desde antes de ser demandada estaba combatiendo la piratería, lo que la coloca en posición difícil, dado que reconoce su debilidad y aun así mantiene su oferta. En la cumbre de la contradicción, se aduce que cada mejora que se hace a su dispositivo beneficia a los canales establecidos, es decir que sí se le estaba perjudicando, pero cada vez más poquito.
La campaña habla de confianza en las autoridades judiciales del país pero al mismo tiempo califica de inconstitucionales y contrarias a las prácticas de comercio internacional las resoluciones contrarias a su causa.
El daño que provoca el dispositivo no es sólo a los derechos de autor, sino al propio interés público.
Dimes y diretes. Lo grave del caso es que mientras los candidatos a la Presidencia de la República planteaban diversos escenarios de apoyo a la investigación científica y tecnológica, el gobierno seguía soslayado el mandato legal de destinar al efecto el equivalente al uno por ciento del PIB.
A lo más que se ha llegado es a 0.55%.
En el escenario hay coincidencia de bajar los impuestos e incrementar el gasto en programas sociales, lo que parecería contradictorio, dado el mínimo margen de miembros que dejan los compromisos etiquetados por el gobierno como el pago de la deuda total: los ubica al Fobaproa y al rescate de contratos públicos.
Rendija de justicia
. ¿Se acuerda usted de los nueve aviones tipo Airbus A320 que el Banco Nacional de Comercio Exterior logró incautarle a Mexicana de Aviación al asumir las garantías de un préstamo de mil 100 millones de pesos?
Bien, por la notación es que finalmente lo lograron vender a 11.8 millones de
dólares, equivalentes en 235 millones
de pesos.
El producto será para cubrir indemnización laboral a trabajadores.
Como recordará usted, el Bancomext renunció a ellos al otorgársele una parte del capital de la empresa en mantenimiento en la línea aérea RO, junto a los otros dos grados acreedores es decir Banorte y Aeropuertos y Servicio Auxiliares.
En el acuerdo se pactó crear un fideicomiso para integrar parte de las ganancias para el mismo efecto.
Son 7 mil los damnificados.
Acciona cumple
. Otorgado un contrato a Acción Construcción para construir 30 kilómetros, concretamente el tramo Salón Compostela de la autoparte que uno a Guadalajara con Puerto Vallarta , el avance, es de más de 50%.
El tramo concluido, de 17.8 kilómetros, incluye 17 estructuras entre puentes, pasos inferiores y pasos superiores, en paralelo a un túnel. La inversión es de 5 mil millones de pesos.
La firma española opera en el país desde 1978, colocando como sus cartas-credenciales la construcción de un dique seco en el puerto de Veracruz, la sede de la Universidad Autónoma Metropolitana en Cuajimalpa y el nuevo edificio de la Auditoria Superior de la Federación.
¡Detengan el alud!
Colocado en el escenario un círculo vicioso que encarece las pólizas hasta niveles de escándalo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros le ésta proponiendo a los candidatos a la Presidencia trabajar en una política de administración de riesgos para frenar la incidencia de eventos catastróficos.
El propio gobierno se gasta 5 mil millones de dólares por año en la materia.
La posibilidad de prevención apoyaría los rubros de seguridad, vivienda, robo de automóviles y accidentes viales.
