Bajo la firma del senador priísta Ismael Hernández Deras se está planteando una adición al artículo 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones que garantiza la transparencia.
Textualmente, el ordenamiento señala que las Cámaras y sus Confederaciones deberán informar a sus afiliados sobre el ejercicio de recursos públicos que operan bajo la modalidad de organismos intermedios, asignación directa o convenio. Dicha información deberá estar actualizada, será pública y estará disponible en el portal de internet a las mismas.
El nuevo artículo sería el 21 bis.
El episodio como recordará usted, se inició con el rechazo por parte de la cúpula mercantil a la posibilidad de que el ex presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora, pudiera competir por la presidencia, al destaparse una supuesta maquinación para adjudicarse parte de recursos públicos aportados para dotar de tabletas electrónicas de bajo costo a los pequeños comercios, alcanzando tintes insólitos los reclamos al señalarse la creación de empresas fantasma, la moda actual en el engranaje de la corrupción.
La exposición de motivos del legislador recorre el marco jurídico en que los organismos de representación mercantil y productivo se convirtieran en órganos de consulta del Estado y coadyuvantes de éste con la emisión, por ejemplo, de certificados de origen, además de realizar tareas de arbitraje.
La semilla la sembró en 1874 la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, publicándose en 1908 la primera ley de Cámaras Nacionales de Comercio.
Actualmente confluyen a la Concanaco 190 cámaras;13 federaciones de cámaras, y 39 cámaras Nacionales de Comercios en Pequeño…
Aunque se reconoce que el Fondo Nacional Emprendedor considera a las cámaras y confederaciones como organismos intermedios susceptibles de recibir recursos para su uso directo o canalización a empresas, éstos están sujetos a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y a los principios de transparencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo cierto es que las confederaciones mercantil e industrial reciben también una suerte de subsidios de organismos tripartitas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo cual no existe transparencia.
Hace algunos años, durante la presidencia en la Concamin de León Halkin Bider, el instituto otorgó una cifra millonaria a éste para la realización de foros regionales en que supuestamente se sensibilizaría sobre una reforma a la ley del IMSS… cuya ausencia de rendición de cuentas desató un escándalo.
En menor escala, la Secretaría del Trabajo le paga al menos el boleto de avión a directivos de la Concamin por acudir a Ginebra a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo con la novedad de que el tour se desgrana por toda Europa.
Aunque la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial han emprendido la defensa de los directivos de la Concanaco en el banquillo, es evidente que el escándalo salpica a toda la representación empresarial. Hasta hace unos años los cargos eran para los grandes empresarios. Hoy se convierten en trampolín para acceder a posiciones públicas o cargos de elección popular.
Freno a Concanacogates.
Balance general.
De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, la firma Roku Inc y su principal distribuidor en el país, Latamel Distribuidores, perdieron un amparo que les habría permitido levantar medidas cautelares a favor de Cablevisión.
Estas impiden la venta a tiendas departamentales de la línea de cajas de streaming.
La firma propiedad de Televisa presentó en junio del año pasado una denuncia por la evidencia de hackers que ofrecían contenidos robados a través de aparatos Roku a la vera de ausencia de medidas de seguridad. La oferta vía whatsApp e internet hablaba de servicio ilegal de contenidos.
La medida cautelar la han refrendado juzgados de la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, colocándose la veda en tiendas como Best Buy, Sears o Coppel, además de portales como Amazon o De Remate. De acuerdo con el Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones se trata de un hito que permitirá ejercer criterios para combatir la piratería digital
La demanda se planteó ante el juez 38 de lo Civil de la Ciudad de México, quien dictó la medida cautelar que ha tratado de recurrirse desde el año pasado por la firma y algunas tiendas departamentales.
Pensionissste en el callejón. De tener solidez la argumentación de Pensionissste para demandar a la constructora ICA por supuesto falta de información a los inversionistas sobre su realidad financiera, ésta salpicaría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por omisión.
Sin embargo, es evidente que la compra de 400 millones de pesos en acciones de la firma se saltó todas las trancas en materia de evaluación de riesgos.
Su director general de entonces, José María de la Torre Verea, jugó a la ruleta rusa a la vera de su cercanía con la cúpula de la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray. Las fichas se movían al gusto de sus intereses.
Abren competencia. De acuerdo con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, encabezada por Alicia Ricalde Magaña, desde finales del año pasado compiten en la ruta Isla Mujeres-Puerto Juárez la naviera Ultramar, de Germán Orozco, y las firmas Marinas de México, de José Luis Zavala, y Navegando, de Juan Pablo Vega.
Este último se había quejado de no permitirle el acceso. Y aunque se reconoce que la empresa Lumen Cosmetics representada por Sam Mahjours no tiene posibilidad de operar, se aduce que el asunto está en manos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, encabezada por Guillermo Ruíz de Teresa.
Donde se mantiene el veto es en la Terminal Marítima de Punta Venado, cuya operación es responsabilidad de la empresa Calizas Industriales del Carmen. En el escenario de la explosión de uno de los ferries de Barcos Caribe, la API ha instalado arcos de revisión en bultos y equipaje, además de contratar personal en el cumplimiento de los Códigos Internacionales de Seguridad.
Degradan a Monterrey. De acuerdo con la clasificación de Calidad de Vida que realiza año con año la empresa Mercer, las únicas ciudades mexicanas sembradas en el listado de 231, Monterrey y la Ciudad de México, cayeron de los escalones 112 y 129, respectivamente, al 147 y 208. En el caso de la capital de Nuevo León se habla de la poca disponibilidad de agua potable, la contaminación ambiental y exposición a posibles enfermedades infecciosas.
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