Más Información
La modificación obliga a las firmas a cumplir con las certificaciones establecidas en las normas que regulan el funcionamiento de la actividad. Para el efecto, se constituiría una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en el concierto de la ley.
El 80% de los empleos formales del país se crea bajo el esquema de subcontratación.
La exposición de motivos habla de irregularidades sin fin en la contratación, oscilando desde registrarlos como socios de sindicatos o como profesionistas independientes, eludiendo para fines fiscales, el sueldo real que perciben.
Peor aún, aunque a veces el salario se contabiliza como honorarios, otras se maneja como póliza de seguro o por derechos de autor, naturalmente con la finalidad de evadir el pago del impuesto sobre la renta y la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit.
La mayoría de los pagos salariales se hace al margen de recibos timbrados por el Servicio de Administración Tributaria.
A veces, con el contrato, el trabajador firma su renuncia anticipada.
Aunque en la legislatura pasada se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para hacer corresponsables a las empresas contratantes de las irregularidades de las subcontratadas, hasta hoy el ordenamiento es letra muerta.
La mano laxa se da no sólo en el ámbito privado, empresas gigantes, grandes y medianas, sino en el propio sector público, sobre todo en el ámbito de mantenimiento, jardinería y limpieza.
Aún así, paradójicamente, los ex senadores Isaías González y Tereso Medina, ambos dirigentes sindicales, pretendieron dar un albazo para derogar la medida, ocultándolo en una iniciativa para modificar la justicia laboral en el país.
La “estrategia” se reventó con otra paradoja: una queja planteada por la poderosa central estadounidense de trabajadores AFL-CIO en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El problema es que la poda se llevó algunos puntos de la iniciativa que podrían contribuir a sancionar el outsourcing. Así, en el artículo 119 se planteaba imponer una sanción pecuniaria de 250 a 5 mil veces la unidad de medida que sustituyó a los salarios mínimos, a quienes actuaran de forma dolosa.
Se consideraba como tal, por ejemplo, el transferir de manera deliberada a trabajadores de la empresa contratante a la subcontratada.
En ese contexto, el Servicio de Administración Tributaria emitió una Miscelánea Fiscal el año pasado, en la que les exigía a las empresas de outsourcing a enterar la nómina con acuse de recibo, en paralelo a la comprobación del entero del impuesto sobre la renta y, en su caso, del impuesto al valor agregado.
De no cumplirse el requisito, los contratantes perderían su derecho a deducir los gastos que generan las subcontratadas.
La medida no surtió efecto, al coaccionarse a los trabajadores (lo-tomas-o-lo-dejas) a firmas ajenas a la realidad.
Lo inaudito del caso es que el propio SAT daría marcha atrás hace cinco meses, bajo el pretexto de simplificar los papeles, colocando como simple requisito el registro fiscal de la outsourcing y los datos de los trabajadores.
La simulación como estrategia.
Balance general. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la Secretaría de Hacienda estaría involucrada en el desvío de recursos por parte de entidades hacia el PRI.
El monto total extraído de las arcas públicas con estación en empresas fantasma durante 2016 es equivalente a 36 millones de dólares, colocándose en la lista negra a Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y el Estado de México.
En el detalle, el gobierno de César Duarte habría desviado 246 millones de pesos; el de Jorge Herrera Caldera, 230 millones, y el de Claudia Pavlovich, 140 millones.
No se detalla el monto en el Estado de México. El mecanismo en el que estaban ocho empresas se denominó Operación Safiro.
De acuerdo con el que fuera secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez, sentenciado a cuatro años de prisión, se le dijo en su momento que las empresas estaban blindadas por el Servicio de Administración Tributaria, y que la entidad no era la única que utilizaba un mecanismo similar.
El propio gobernador Duarte habría dicho que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda, asociada con el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Contrato de discordia. Aunque la filial de la constructora brasileña Odebrecht, Braskem, quien opera el complejo Etileno XXI ubicado en Veracruz, ha dicho que no negociará el contrato de suministro de etano pactado a 20 años con Pemex, a precio y monto fijo, lo cierto es que Petróleos Mexicanos ganaría el round si el asunto se fuera a los tribunales.
La empresa productiva del Estado ha perdido muchos recursos para cumplir cabalmente con el compromiso, en un escenario en que la producción del elemento se ha caído drásticamente.
El alegato hablaría, pues, de imposibilidad de cumplimiento, lo que provocaría una penalidad que perjudicaría más que beneficiar a la empresa denunciante.
En el contexto se ha calificado de ventaja para la firma el que a la vera de señalamientos había hablado de abandonar el país. La empresa está asociada con la mexicana Idesa.
Lupa a mineras. Colocada en la mesa del Senado una propuesta de reforma a la Ley Minera por la legisladora de Morena, Angélica García Arriola, de alcanzar el sí del Congreso se intensificaría la vigilancia del gobierno sobre las mineras para evitar la utilización de métodos poco ortodoxos, como extraer metales y minerales a base de dinamita.
Además, se plantea colocar el énfasis en el impacto ambiental y social hacia las comunidades donde operan. El fondo que se crea a base de aportaciones de las firmas sobre la base de su facturación, se destinará íntegramente a rehabilitar las zonas dañadas.
OMC al quite. Desterrado en el nuevo acuerdo mercantil entre México, Estados Unidos y Canadá el capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte remitido a la creación de paneles trinacionales para ventilar las disputas, la tarea ahora la realizará la Organización Mundial del Comercio. El problema es que la vía no sólo será más costosa, sino más farragosa.
Affaire de Concanaco. En el escenario de la denuncia planteada por el jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por el supuesto pago con recursos públicos de parte de la Concanaco a empresas que no cumplieron la tarea, quien era el tesorero de la cúpula mercantil en el momento en que se daría el ilícito es Ricardo Navarro, quien pasó a una vicepresidencia.
El actual presidente, Juan Manuel López Campos, lo sustituyó cuando éste intentaba alcanzar la presidencia del organismo.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
