Culminada la tarea en diciembre del 2016, la Secretaría de Economía abrió un periodo de consultas, pese a la conclusión de las cuales no llega el humo blanco.
El escenario permitiría otorgar un distintivo de certificación a empresas que demostraran estar dentro de parámetros de calidad y cumplimiento de obligaciones fiscales.
La responsabilidad es de la Dirección General de Normas de la dependencia, en un escenario de zancadillas y golpes bajos por parte de las propias firmas en competencia.
Lo grave del caso es que la Norma se había vuelto urgente en los primeros meses del año pasado, a la vera de la publicación en Miscelánea Fiscal de una serie de modificaciones a las leyes del Impuesto sobre la Renta y al Valor Agregado aprobadas por el Congreso.
La guillotina apuntaba a las empresas subcontratantes de capital humano que no verifiquen el cumplimiento fiscal de las contratadas.
La sanción consistía en cancelarles la posibilidad de deducciones por gastos que generan las propias outsourcing.
Concretamente, las empresas debían enterar copias de la nómina con acuse de recibo de los trabajadores, en paralelo a la comprobación del entero del Impuesto sobre la Renta y comprobante de declaración de IVA.
El plazo para la regulación, después en una tregua de tres meses, venció el 17 de abril sin que hubiera aterrizado la Norma que en el papel certificaría el cumplimiento.
En su acepción original, el outsourcing, bajo el marco de suministro de personal a un tercero o absorber el que éste tenía, fue acusado de elusión fiscal en perjuicio no sólo de la Tesorería sino de los trabajadores.
En algunos casos se simula la subcontratación vía supuestas sociedades cooperativas de responsabilidad limitada o sindicatos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social emprendió en 2012 una campaña para exigir legislar sobre un escenario en que las firmas subcontratantes eludían embargos por no inscribir a sus trabajadores saltando de una a otra dirección o de plano abriendo oficinas con el mínimo menaje.
A partir de entonces se han planteado una y otra modificaciones de ley, la más sobresaliente de las cuales apuntó a una reforma a la Ley Federal del Trabajo para corresponsabilizar a los contratantes de las irregularidades de los contratadas.
El paréntesis a la gestación de la Norma ha sido objetado por GINgroup, la subcontratante más importante del país, cuya operación supera con creces a la normatividad vigente.
La empresa encabezada por Raúl Beyruti Sánchez ha pugnado porque las subcontratantes ejerzan a plenitud la figura de patrón, en un abanico que alcanza reclutamiento, contratación, capacitación y gestión de las necesidades del trabajador.
La posibilidad de generalización ha sido recogida en iniciativas de ley bajo los colores del PRI y el PRD… por más que existe otra bajo cobijo de líderes sindicales, que pretende meter reversa total a lo ganado.
Trabajadores, no subtrabajadores.
Balance general.
En Costa Rica se ha desatado un escándalo por una denuncia penal contra cinco magistrados interpuesta por la mexicana Evangelina López Guzmán, bajo cargos de haber modificado una sentencia en firme. El hecho está ligado al emporio gasero Zeta, con sede en el norte de la república y ramificaciones en Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica. El principal accionista del emporio, Miguel Zaragoza Fuentes, fue emplazado por la mujer a un juicio de divorcio que se radicó en Texas. La sentencia del juez de la causa, Roy Moore, planteaba un reparto equitativo de bienes entre la empresa y los hijos.
A ella le correspondía 100% de la propiedad de las empresas en Costa Rica, la principal de las cuales es Gas Nacional Zeta.
En prenda de legalizar la resolución, se le envío un exhorto a la primera sala de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano. El procedimiento se conoce como exequátur, es decir nacionalizar una sentencia dictada en el extranjero.
Y aunque el afectado presentó una apelación ante las cortes de Estados Unidos, sin desahogarse aún ésta la Sala modificó el texto de la sentencia para apuntar a su revocación.
El affaire conyugal se inició en 2015.
Sí pero no
. Aunque el martes la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un nivel superior a los 50 mil puntos ante la buena nueva de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el TLCAN “va por buen camino”, se soslayó la segunda parte: “Resulta que soy de la opinión de que si no funciona lo cancelaremos”. Sobadita y otro golpe.
Las frases llegaron en el contexto de una zancadilla a México y Canadá al imponérseles aranceles de hasta 30% a sus exportaciones de paneles solares, por más que se dijo que el tiro apuntaba directo a China.
En paralelo, como usted sabe, se le impusieron impuestos de importación de hasta 50% a las lavadoras fabricadas bajo el contexto de maquila en el país, afectando a las marcas Samsung, la coreana Electronics Co. y LG Electronics.
El castigo lo originó una denuncia de la firma Whirlpool.
SuKarne en el campo
. La principal exportadora de proteína animal del país, SuKarne, acaba de crear un Programa de Desarrollo de Proveedores en la mira de integrar a microempresarios y pequeños productores a su cadena de valor. La firma, con 48 años de existencia, encabezada por Jesús Vizcarra Calderón, ha impulsado la agricultura por contrato para garantizar un abasto de un millón 150 mil toneladas de maíz y 250 toneladas de forraje. Convertida en la tercera mayor engordadora de ganado del planeta, la vinculación con proveedores le permite a la compañía procesar 700 mil toneladas anuales de proteína animal, ya carne de res, de cerdo o de pollo. SuKarne produce una quinta parte del total nacional, equivalente a 18% del consumo de la población.
Cambios.
El despacho jurídico White & Case México acaba de renovar su estructura de mando. Manuel Greenwold, con 12 años de trabajo, es el nuevo socio ejecutivo, en tanto Ismael Reyes Retana asume la posición de Socio Administrativo.
Este tiene 10 años con la camiseta. Los abogados Daniel González y Pedro Morales serán socio local y consejero, respectivamente. La oficina, con ramificación en 29 países, le presta servicio a empresas, gobiernos e instituciones financieras.
albertobarrancochavarria0@gmail.com