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La posibilidad plantea una sacudida general a la estructura, oscilando desde la desaparición del Seguro Popular hasta la creación o recuperación de hospitales que se destinarán a uso indistinto de las instancias de salud pública.
El primero se sustituiría por una política de servicios de salud y medicamentos gratuitos en cuyo marco seguirían interactuando los Sistemas Estatales de Salud, sólo que las partidas presupuestales se entregarán en especie o estrictamente etiquetadas mediante convenios previos, para evitar desvíos o fraudes.
El único requisito para incorporarse a éste será no estar afiliado al IMSS o ISSSTE.
El esquema de compra consolidada de medicamentos se ampliará al infinito, pero su rectoría ya no estaría en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino en la Secretaría de Salud.
La revolución plantea, decíamos, que los hospitales en proceso o suspendidos serán terminados, para en el futuro los que se entregan ofrezcan servicio universal, es decir, que se puedan utilizar indistintamente por las instancias.
En la sacudida general se analiza la posibilidad de confluencia institucional entre la red de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, para una posible complementariedad de los servicios, y se revisará la magnitud de la subrogación parcial o total de servicios costosos, por ejemplo, la hemodiálisis.
En la ruta se haría un análisis integral de la estructura organizativa de las direcciones médicas del IMSS y del ISSSTE para ubicar confluencias o discrepancias de las estructuras centrales.
La meta final será la implantación del Sistema Único y Público de Salud de acceso universal, bajo la tutela de la Secretaría de Salud en funciones de autoridad sanitaria nacional, en cuyo marco la prestación de servicios no será discriminada, como resulta con el Seguro Popular, aunque se reconoce que el proceso enfrenta dificultades por múltiples diferencias legales, laborales, grados de institucionalización estable, de culturas y prácticas institucionales y organizacionales.
El documento pone en la mesa los dos modelos ubicados hasta hoy en la búsqueda de la anhelada seguridad universal.
El primero lo plantea el ex director general del IMSS Santiago Levy, proponiendo que éste ofrezca el servicio a toda la población, reforzando su escenario financiero con un aumento general de dos puntos porcentuales a la tasa del Impuesto al Valor Agregado, etiquetados para salud.
Sin embargo, no se especifica cuál sería el paquete de servicios a incluirse.
El segundo lo plantearon en su momento las bancadas del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados, proponiendo la portabilidad como eje, es decir, que los derechohabientes se atiendan indistintamente en las instancias públicas, incluida la elección de quién será el administrador de los recursos.
La opción plantea un paquete de servicios igual… con opción a ampliarlo vía el pago de un seguro adicional.
La prioridad, por lo pronto, apuntaría a las entidades federativas más desprotegidas en la materia, es decir, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz.
Apuntes para la polémica.
Balance general. Alargado su periodo como dirigente del Consejo Nacional Agropecuario bajo el pretexto de mantener la continuidad de las tareas del “cuarto de junto” en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cuerda se le acabó a Bosco de la Vega.
La convocatoria para asamblea general ordinaria del organismo debió haberse expedido en abril. La posibilidad de un nuevo año pareciera misión imposible, dado el descontento provocado entre los socios. De entrada, molestó el que se hayan cobrado cuotas extraordinarias para atender la presencia en la renegociación, lo que no tenía precedente.
En paralelo, se habla de que el énfasis en la gestión de De la Vega apuntó a su sector, es decir, los productores de papa.
Adicionalmente, durante el periodo del dirigente no se benefició a sectores dañados, como los productores de carne de cerdo, en un escenario en que las importaciones han crecido espectacularmente.
Si en 1994 se compraba en el exterior 15% del consumo nacional de 2.2 millones de toneladas, actualmente llega a 40%. Tampoco los productores de oleaginosas recibieron apoyo, por más que 80% del consumo llega de los mercados internacionales.
En el marco surgió ya la candidatura de Vicente Gómez Cobo, quien tiene un respaldo importante de la membresía, con un plus: su buena relación con el próximo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.
Zancadilla a Napoleón. Con una inversión de 77 millones de dólares, el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco rehabilitará en los próximos meses la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, tras 11 años de inactividad por una huelga promovida por el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque existía un laudo que declaraba inexistente el paro, éste lo combatió una y otra vez con amparos “para efectos”.
Finalmente. el sindicato perdió un recuento con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, que votó por levantar la huelga, lo que resolvió favorablemente la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Inversión ruinosa. En consonancia con el dicho popular, a Petróleos Mexicanos le resultó más caro el caldo que las albóndigas en la absurda compra de las plantas de fertilizantes de Agronitrogenados y Fertinal.
La división que las concentra acumula pérdidas por 4 mil 211 millones de pesos, con la novedad de que, en lugar de crecer, la producción ha disminuido.
La explicación del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya, fue que la operación se realizó por mandato del Pacto por México, que ofrecía multiplicar la producción de fertilizantes ante el encarecimiento de las importaciones.
Las plantas de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México, llevaban 15 años sin actividad.
Subliderato. Finalmente la administradora de fondos para el retiro Coppel alcanzó la segunda posición del mercado en materia de cuentas administradas, llegando a 10 millones 81 mil 401, lo que representa 19% del pastel.
En cuentas registradas, la intermediaria alcanzó el primer escalón con 9.3 millones, 22% del mercado. Además, se ubica en el segundo escalón en materia de rendimiento ofrecido a los usuarios.
Mejora regulatoria. Pionero en el manejo de una política que frena la multiplicidad de trámites burocráticos, el gobierno de Hidalgo ha logrado simplificar 730 de ellos, lo que generará ahorros a los usuarios por 700 millones de pesos.
La agenda habla de disminuir de 100 a siete y de 29 a tres los días requeridos para obtener licencias de funcionamiento de negocios y de construcción, respectivamente.
