El eje plantea lo que fuera el signo distintivo del sexenio para alimentar la simulación: la creación de empresas fantasma con membrete, pero sin capacidad de cubrir los supuestos contratos.

La flecha apunta al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; a los ex gobernadores César Duarte, Jorge Herrera Caldera, José Ignacio Peralta, Eruviel Ávila y Rodrigo Medina, además del ex dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones.

Al margen del destino final de la querella, la acción subraya uno de los puntos distintivos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la par de la ineficacia en el combate a la inseguridad cuyas consecuencias gravitan sobre la economía de familias y empresas.

En el balance, sin embargo, se plantean escenarios favorables en materia macroeconómica que garantizan estabilidad y solidez frente a choques externos.

Empero, existen claroscuros.

Aunque las reformas estructurales, con énfasis en energía y telecomunicaciones, detonaron fuertes inversiones, éstas fueron insuficientes para catapultar la economía.

El promedio alcanzó 2.5% anual, la mitad de lo que había prometido en campaña el presidente, lo que implica un ritmo similar al de los tres sexenios pasados.

En donde fueron superados éstos fue en materia de creación de empleos, alcanzándose cuatro millones a lo largo del sexenio. Sin embargo, una parte importante fue de mala calidad. Y sin embargo, además, la ola no fue suficiente para reducir la informalidad, cuyo promedio alcanzo a 56.6% de la población.

Los puntos negros se ubican en dos capítulos: el sacrificar gasto de inversión en lugar del corriente ante escenarios críticos, como la caída en el precio del petróleo.

Dicho con todas las letras, se prefirió desechar al adelgazamiento del aparato público y los programas de austeridad tradicionales en casos similares, a detonar la posibilidad de empleos.

La paradoja es que al mismo tiempo el gobierno expandió su apalancamiento, al punto de casi duplicar la deuda integral del anterior sexenio, dejándole al relevo el compromiso de pagar el año entrante un servicio de 650 mil millones de pesos.

Multiplicado al infinito el presupuesto para seguridad pública y desarrollo social, el costo-beneficio resultó nulo. Ni disminuyó la delincuencia ni descendieron los índices de pobreza.

La entrega de contratos públicos estuvo ensombrecida por la sospecha de corrupción. Desde un ángulo, se torcían las bases para hacerle traje a la medida al favorito, y desde otro se negociaba el porcentaje de “comisión”, sobre la densidad de la disputa, llegando en ocasiones a ¡40%! del monto del contrato.

Naturalmente, el equilibrio llegaba en sacrificio de la calidad.

Sexenio de la corrupción, dictó la sentencia pública.

Balance general.

Anticipada hace semanas en este espacio su candidatura, la posible llegada del ex director general de Fomento Económico Mexicano, Femsa, a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial implica un giro de 180 grados en relación con los liderazgos: el regreso de las grandes empresas a la batuta.

Hasta el sexenio salinista los organismos los encabezan presidentes, accionistas importantes o directores generales de los grandes corporativos, que se refugiaron en el Consejo Mexicano de Negocios.

Salazar, actualmente asesor del presidente de la principal firma productora de bebidas del país, José Antonio Fernández Carbajal, además un consejero en empresas del corporativo, representaría un nuevo estilo la relación con el gobierno y la propia cúpula empresarial.

El relevo llegaría en un marco en que la creación del Consejo Asesor del Presidente de la República con altos directivos de empresas gigantes le ha creado ruido a la interrelación tradicional.

De hecho, hasta ayer los presidentes de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, y el de éste mismo no habían recibido invitación para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Ruiz Esparza al banquillo.

Desechado por el Instituto Nacional Electoral en su momento, el senador Emilio Álvarez Icaza está reviviendo una denuncia, ahora con carácter penal, contra el aún secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Esta apunta a la posible transferencia al gobierno del Estado de México de 3 mil 500 millones de pesos en la fase previa a la campaña para renovar la gubernatura.

El dinero supuestamente había salido del peaje de una carretera.

En paralelo, el legislador está colocando otras tres denuncias penales y una civil por presuntas irregularidades en las obras del Circuito Bicentenario y el Circuito Interior Mexiquense.

Vaticinios para 2019.

En su fase preliminar los Criterios Generales de Política Económica que se entregan al Congreso junto con los presupuestos de ingresos y egresos, plantean para el año próximo una tasa de inflación de entre 3.3% a 3.5%.

En el caso de la mezcla mexicana de petróleo el costo por barril oscilaría entre 55 y 58 dólares.

El crecimiento económico se ubicaría entre 2% y 2.5%, en tanto la paridad peso-dólar estaría entre 18 y 19 pesos.

Siempre no.

En el último minuto, finalmente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social al relevo, Germán Martínez, canceló su asistencia a la última reunión del sexenio del Consejo Técnico del Organismo.

¿Y la salud privada?

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Anáhuac (El subsistema Privado de Atención a la Salud en México), existen dos mil 900 unidades hospitalarias y cerca de 60 mil consultorios que operan en forma independiente, sólo que sin el apoyo de la academia, colegios, asociaciones o autoridades de salud pública.

Desde otro ángulo, se plantea la falta de regulación en la facturación hospitalaria estandarizada, lo que dificulta el manejo transparente en los costos de los insumos y la atención médica.

La medicina privada emplea a 950 mil obreros, técnicos o profesionales en todo el país, de los cuales 67 mil son profesionales de la medicina.

La conclusión habla de falta de regulación adecuada.

Reconocimiento.

A su salida como presidente de la centenaria Academia Nacional de Medicina, Armando Mancilla le entregó un reconocimiento al trabajo intelectual de investigación jurídica y proyección política realizado por Ernesto Rubio Del Cueto.

En el marco se enlista la participación de ésta como constituyente fundador y presidente de la Fundación Mexicana para la Salud; la Fundación UNAM, la Fundación IMSS, además de socio fundador de la Clínica de Adicciones Betly Ford, el Hospital Santa Catalina de Guadalajara y patrono del Instituto de Medicina Genómica

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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