Como se sabe, la esposa de Pablo Escandón Cusi, presidente de la firma que cotiza en la Bolsa con la clave Nadro, había sido involucrada en una supuesta simulación para adquirir el 50% de su similar Marzam.
De acuerdo con los documentos de un despacho especializado en abrir empresas en paraísos fiscales, conocidos como Papeles de Panamá, Matarazzo habría girado los recursos en dólares requeridos para la adquisición a una firma off shore ubicada en Bahamas.
La información que se había dado en 2015 apuntaba a que un fondo denominado Moench Coöperatief había adquirido por su cuenta la mitad de la firma que pertenecía a Genomma Lab.
La cantidad pagada fue de mil 500 millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia había autorizado, bajo ese parámetro, la operación. La resolución de la Corte, cuyo ponente fue Eduardo Medina Mora, avalado por Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas y Margarita Luna Ramos, aunque estos últimos con reservas, dobló por primera vez a la instancia antimonopólica, abriendo una vereda para casos similares.
Naturalmente, durante el espacio de más de un año en que se ventiló el proceso Nadro habría tenido tiempo para sustraer o modificar el contenido de sus equipos de cómputo de cara a sus operaciones financieras en el exterior, que tradicionalmente son sustraídas en las visitas domiciliarias de la Cofece a empresas involucradas en investigaciones.
Los papeles del despacho panameño Mossack Fonseca se hicieron públicos simultáneamente en 169 periódicos del planeta el 3 de abril de 2016.
Iniciada una investigación por la Cofece, se le notificó a la señora Matarazzo en oficio que se le requería de información sobre la empresa y su relación con Marzam, advirtiéndole de una multa por omisión.
La señora buscó un amparo días después, en un abanico que abarcaba desde el Presidente de la República hasta el Congreso de la Unión, pasando, naturalmente, por el organismo antimonopolio, con proa al pleno y al secretario técnico, quien giró el oficio.
El asunto rebotó hasta la Corte.
De acuerdo con ésta, el Secretario Técnico del organismo carecía de atribuciones legales para iniciar el procedimiento. La Cofece, pues, no actuó en concordancia con el marco constitucional y legal.
Más aún, se habla de “un cúmulo de transgresiones a los derechos fundamentales de la quejosa”.
Al margen, sin embargo, de las violaciones de procedimiento, la gran pregunta, dada la negativa de Nadro de haber realizado la operación a trasmano, es por qué ampararse contra la inspección si no hay nada que ocultar. Llama la atención también el silencio de Genomma Lab sobre el asunto, vía su presidente Max Juda o su director general, Rodrigo Herrera.
Lo cierto es que si la Cofece repone la investigación y ésta derivara en la certeza de la operación de la discordia, Nadro estaría acaparando 49% del mercado de distribución de medicinas.
Más aún, a Marzam la abriría la posibilidad de participar en licitaciones del sector salud vía medicamentos genéricos.
Revés a la Comisión Federal de Competencia Económica.
Balance general.
Ayer se realizó una reunión entre la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, en la mira de revisar el qué, el cómo y el cuánto de lo que se perfila como un “acuerdo reparatorio” sobre el caso Odebrecht.
Algo así como lo que priva a Estados Unidos en casos de corrupción que involucran a empresas, es decir se cubre una colosal multa y se cierra el expediente.
A veces las firmas en el banquillo aceptan su responsabilidad y en otras ocasiones, como ocurrió recientemente con el Citigroup de Estados Unidos por el cara a la acusación contra su filial mexicana, CitiBanamex, por falta de rigor en controles en relación al caso Oceanografía, se asume el pago sin aceptar la culpa, para evitar un procedimiento.
Aparentemente el arreglo lo plantea la constructora brasileña en afán de poder seguir peleando contratos en el país.
La gran pregunta es si se cancelaría el curso de la investigación penal abierta por el Ministerio Público Federal.
Sí, pero no
. En cinco horas el cielo, en relación con la posibilidad de cerrar la negociación entre México y Estados Unidos para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pasó de un azul intenso a un profundo gris.
Si antes de su reunión con el representante comercial del país del norte, Robert Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hablaba de días u horas para el humo blanco, del plato a la boca se cayó la sopa.
Aparentemente cerrado el capítulo de la regla de origen automotriz, saltando de 62.5 a 70% la exigencia de contenido regional para vehículos de exportación a la región, además de que 40% de ellos los armen trabajadores con salarios de 302 pesos la hora, de frente llegó el pero.
El complemento es la regla seria, la aplicación de un arancel o impuesto de ingreso de entre 20% y 25% a los incumplidos.
La polvareda, naturalmente, se levantó de los dos lados de la frontera.
Revisión no suspensión
. Cerrada por el actual gobierno la posibilidad de mantener las llamadas rondas para otorgar contratos de exploración y explotación de petróleo para ceder la tarea al siguiente sexenio, de acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal el paréntesis duraría dos años. La especie fue desmentida por el equipo de transición del nuevo gobierno, bajo el argumento de que el proyecto de modernización de las seis refinerías y la apertura de una más en Dos Bocas, Tabasco, reclama mayor producción de crudo.
La posibilidad apunta al ligero, el más fácil de convertir en gasolinas, en un escenario en que parte de la demanda actual se tiene que importar. El petróleo pesado se está rematando en los mercados internacionales.
Crecen ventas.
A contrapelo de los pronósticos de retraimiento del consumo ante el incierto en las políticas públicas del próximo gobierno, las ventas al menudeo crecieron a nivel anual de 3.6%. En el caso de los productos para el cuidado de la salud, el salto fue de 6%, en tanto el promedio general de las tiendas de autoservicio y departamentales llegó a 5.7%.
Tregua
. Colocado en escena un nuevo incremento en las tarifas eléctricas para uso industrial, cuyo promedio alcanzó en agosto un salto de 30%, la Concamin está promoviendo una tregua de pago.
El plazo de gracia sería de cinco años.
De acuerdo con el presidente del organismo, Francisco Cervantes, a nivel anual los saltos llegan hasta 92%.
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