De acuerdo con la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se creó un Comité Nacional que fija el costo por tonelada de la caña bajo una fórmula compleja.
En la ecuación se toma en cuenta en calidad de deducción el promedio de los costos totales de la cosecha de cuyo resultado 34% lo absorbe el abastecedor, en tanto 66% restante lo cubren los ingenios y los propios abastecedores en partes iguales.
En la sofisticación interviene, además el llamado efecto Karbe, es decir, el kilogramo de azúcar recuperado sin estándar.
En 2016, por ejemplo, el costo por tonelada se fijó en 660 pesos, en un marco en que el promedio de precio por costal de 50 kilos del dulce estaba en 540 pesos.
En la perspectiva de la actual zafra se prevé un incremento en la producción de 3.7%, al alcanzar sólo en enero un millón 44 mil toneladas.
En términos prácticos, a los cañeros les toca 40% del valor de mercado del azúcar.
Realizado el cálculo la Secretaría de Economía fijó el precio para cada zafra.
Los cañeros, como usted sabe, han protestado por los acuerdos pactados por los gobiernos de México y Estados Unidos que disminuyen de 53% a 30% el porcentaje susceptible de ingreso sin arancel al mercado del país del norte, de azúcar refinada dado que se abate la base de cálculo para fijar el precio de la tonelada de caña.
El daño lo calcula la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales en 150 millones de dólares.
El esquema de fijación de precio se planteó en afán de darle fin a un conflicto interminable entre productores de caña e industriales del azúcar que invariablemente llegaba a las calles de la Ciudad de México.
Se calcula que el número de productores de caña están entre 60 y 180 mil.
En el escenario se planteó la fallida expropiación de cuatro grupos de ingenios en 2001, durante el gobierno foxista.
En paralelo, desapareció la Financiera Nacional Azucarera, Finasa, quien tradicionalmente cargaba una pesada mora de los industriales.
Hasta esa fecha la regulación se planteaba vía el Decreto Cañero que declara de interés público la siembra el cultivo, y la industrialización de la caña de azúcar.
Al advenimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, impugnada en el momento por el gobierno por la vía de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte, se ubicó en cada ingenio un Comité de Producción y Calidad de la Cañas que en el papel dictamina la pureza de la materia prima.
El esquema que convocaba a la paz se empezó a resquebrajar hace cuatro años cuando empezaron las quejas de cálculos erróneos de los que se deslindaba la Secretaría de Economía.
El pleito está vivo.
Balance general
. Colocada hace tres meses, exactamente el 10 de noviembre pasado, una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación sobre una presunta transferencia de 3 mil 100 millones de pesos de recursos públicos al gobierno del Estado de México, que se habrían desviado para apuntalar la campaña de Alfredo del Mazo por la gubernatura, hasta hoy no hay señales de vida.
Ante ello, el denunciante, Paulo Diez Gargari, le está exigiendo a la instancia la entrega de una constancia de resolución en sentido negativo a que obliga al artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para con base en ella, llevar al asunto a los tribunales.
El abogado invoca al último párrafo del artículo 61 de la Ley de Fiscalización que obliga a la autoridad a dar respuesta a las denuncias fundadas y documentadas.
El dinero lo justificó la Secretaría de Hacienda como una suerte de indemnización a la entidad federativa por una aportación para construir una carretera.
El caso había sido desechado por el Instituto Nacional Electoral.
Capitales rusos.
Colocada Rusia al centro de la lupa ante versiones de que estaría involucrada en el proceso electoral, el organismo de promoción Pro México está tratando de atraer capitales de ese país.
La inversión rusa es propiamente simbólica. En los tres primeros trimestres del año pasado apenas alcanzó 10.4 millones de dólares, por más que la cifra es cinco veces mayor a la de 2016.
La intención es buscar incursiones en materia de manufactura avanzada y eficiencia energética.
Del otro lado de la moneda México ha sembrado apuestas en la ex Unión Soviética entre 2007 y 2016 por 24 millones de dólares.
Entre las firmas mexicanas que han llegado están el Grupo Maseca, Kidzania, Mexichem, Nemark y Binsil.
En 2016 el intercambio comercial fue de mil 481 millones de dólares con un salto de 156% respecto al año anterior.
El 33% fue de autopartes.
Inversión en FCC
. En el marco de la Reunión de Negocios de la Industria Ferroviaria conocida como Explorail, celebrada en Cancún, la principal firma el ramo Kansas City Southern, se comprometió a invertir este año 2 mil 102 millones de pesos, frente a los 2 mil 17 del año pasado.
En el evento se habló la presentación de una iniciativa al Congreso para castigar con más rigor los asaltos ferroviarios.
La participación tuvo carácter internacional. En una de las mesas, por ejemplo, se planteó la radiografía Metroferroviaria en América Latina.
Además, se presentó el escenario de las nuevas tecnologías.
Una por otra.
Desechada por la Secretaría del Trabajo la posibilidad de darle cauce a la parte de una iniciativa en materia de justicia laboral que le abre la puerta a generalizar la actividad de subcontratación o terceria en las empresas está en la mesa otra que plantea mayor regulación.
Esta la colocó el diputado perredista Julio Saldaña Morán.
La intención, mantenida en el paréntesis por la Secretaría de Economía la posibilidad de una Norma Oficial Mexicana que marque la ruta para evitar abusos u omisiones es darle pauta a la autoridad para intervenir cuando se opere al margen de las leyes laborales o se evadan cuidar impuestos.
Crece Unifin.
La financiera Unifin, especializada en arrendamiento puro logró el año pasado alcanzar un índice de capitalización de 13.9%, superior al mínimo exigido.
Sus ingresos crecieron 51%, y su margen financiero nominal 34%.
La firma colocó el año pasado un bono de deuda por 450 millones de dólares en los mercados internacionales.
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