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Bajo la promesa de ofrecer un marco integral, el primer paso será cancelar el tributo por Derechos de Utilidades Compartidas para pagos petroleros con producción menor a 400 mil barriles diarios.
El ahorro alcanzará entre 25 y 30 mil millones de pesos.
El propósito toral es permitirle liquidez a la empresa productiva de Estado frente a la carga brutal que representa el pago del servicio de una deuda que en el sexenio pasado, sin focos rojos al calce de las calificadoras, se duplicó irresponsablemente, pasando de 1 a 2 billones de pesos.
Lo inaudito del caso es que durante 2016 y 2017 Pemex registró los montos de inversión más bajos de su historia.
Impedida moral y físicamente de incrementar el fardo, la empresa ha tratado de disminuirlo por dos vías, la amortización de los créditos o papeles de deuda de corto plazo y el refinanciamiento, es decir canjear deuda vieja por nueva en mejores condiciones de pago.
Hasta hoy la resta es de 18 mil millones, lo que reduce a 43.5% de sus ingresos el costo financiero.
Bajo el mismo escenario se pactó ayer la renovación de una línea de crédito por 8 mil millones de dólares pactada en el sexenio pasado con tres bancos: el estadounidense JP Morgan, el japonés Mizuho Securities y el inglés HSBC.
Convenida una redención a un plazo de tres años, ahora se alarga a cinco.
Bajo el acuerdo, 2 mil 500 millones se utilizarán para refinanciar deuda y el resto para dotar de capital de trabajo a la empresa.
Reducido el brutal robo de combustibles desde dentro y fuera de la empresa, durante abril pasado los ingresos de Pemex crecieron en 6.7%.
Aunque no hay nada escrito, es evidente que el nuevo escenario podría alejar el escozor de las calificadoras de deuda, dado que no se está recurriendo al Fondo de Estabilización y se garantiza la posibilidad de la empresa para operar en tareas de exploración, lo que en la carambola ofrecería certeza de pago de la deuda.
Respiro para Pemex.
Balance general.
El punto que desató la molestia presidencial fue el escaso eco a la convocatoria para concesionar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para fines de telefonía y banda ancha.
La exigencia para los participantes era ofrecer conexión de internet gratuita de cara a sitios públicos como parques, hospitales de asistencia social, terminales de autobuses…
La respuesta presidencial fue amenazar con crear una empresa estatal para operar la extensa red, lo que presupuestalmente parecería misión imposible.
Durante años la queja de Teléfonos de México en materia de telefonía fija y móvil era que mientras a él se le obligaba a invertir en infraestructura hacia los rincones más recónditos del país, la competencia se asentaba sólo en las grandes ciudades.
Lo cierto es que América Móvil ha bajado sus niveles de inversión, y ni AT&T ni Telefónica atraviesan por su mejor momento.
Fue Fonadin.
Cauto, pero firme, el Grupo Carso del magnate Carlos Slim desbarató en dos líneas la acusación presidencial de negligente, al acumular 10 años con la concesión para construir y administrar la carretera de cuota Jala-Compostela en el estado de Nayarit, que en el terreno práctico conectaría la Playa Punta Mita y Saluyita, sin avance en la construcción.
El responsable de la concesión era el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera bajo un fideicomiso radicado en Banobras, aunque se declara independiente.
Éste le pasó la batuta a la constructora de Carso hace apenas seis meses, es decir en la agonía del anterior sexenio.
Carso fue el responsable de la construcción del Arco Norte, lo que exhibe como credencial no sólo de cumplimiento, sino de calidad.
Baja el empleo.
Aunque el vaticinio de los analistas apunta a que durante abril pasado creció 2.6% el empleo en el país, lo que implicaría 50 mil nuevas plazas, el dato implicaría una desaceleración respecto al 2.8% registrado en marzo.
La caída se inició a partir de marzo de 2018, cuando la tasa había saltado de 9.8%, ya en la antesala del proceso electoral como la incertidumbre sobre el nuevo gobierno.
La paradoja del caso es que las promesas en inversión de cara al presidente Andrés Manuel López Obrador, no empatan con la realidad.
Fin de tope salarial.
Durante marzo pasado, el promedio de incrementos salariales de cara a revisiones del contrato colectivo de trabajo fue de 4.9%, en una banda que escaló desde 3.2% hasta 8.3%.
El escenario es indicativo de que se eliminó ya el tope salarial que se imponía desde la Secretaría del Trabajo.
La medida se inició en el país desde el sexenio de Miguel de la Madrid.
Toluca languidece.
Colocada en principio como alternativa frente a la cancelación del proyecto para el Nuevo Aeropuerto de México en Texcoco, la terminal aérea de Toluca se está convirtiendo en fantasma.
El tráfico de vuelos ha descendido 28% en lo que va del año.
La jauja del segundo sexenio panista se derrumbó a la quiebra de Mexicana, cuyos slots en el aeropuerto de la Ciudad de México los ocuparían Interjet, Volaris y Aeroméxico, abandonando la capital del Estado de México.
