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En afán de justificar parte del sobreendeudamiento en que incurrió el gobierno durante el sexenio pasado, en cuyo escenario el débito total llegó a arañar el equivalente a 50% del Producto Interno Bruto, la Secretaría de Hacienda habló de haberle inyectado cuantiosos recursos a los fondos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en afán de equilibrarlos.
El caso es que esta última tiene aún un boquete en su pasivo laboral, es decir el faltante para atender solicitudes de pensión y jubilación de sus trabajadores, por un monto de 19 mil millones… de dólares.
La empresa productiva del Estado arrastra un pasivo total de 60 mil millones de billetes verdes, de los cuales 13 mil se explican por emisiones de deuda en los mercados o préstamos bancarios; 16 mil por los denunciados contratos leoninos que le obligan a pagar como si operaran gasoductos en obra paralizada…
Y si le seguimos, a los productores externos de energía se les adeudan 7 mil millones, y a los participantes en el fallido esquema Pidiregas, 6 mil millones.
Como recordará usted, éste se ideó como una fórmula para ocultar pasivos, bajo la idea de cubrir el costo de obras de infraestructura con financiamiento privado que, según ello, se pagaría al entrar éstas en operación.
Lo cierto es que, como en el caso de Pemex, en el escenario trágico está la intención de minar a la empresa productiva del Estado dándole todas las ventajas a la competencia privada.
Así, otorgada por la reforma energética a la empresa la facultad exclusiva de transmisión del fluido generado por ella o los privados, la Comisión Reguladora de Energía impuso una tarifa que resulta ventajosa para éstos.
El círculo se vuelve más estrecho si se considera que el gobierno anterior lanzó una emisión vía la Fibra E para reforzar la estructura de transmisión de la firma, en lugar de enfocarla a generación.
Estamos hablando de 16 mil millones de pesos.
Bajo la férula de ésta, además, se impusieron tarifas de generación eléctrica que resultan inferiores a los costos de producción de la CFE.
Como usted sabe, la mitad de la generación por parte de privados se le vende a la exparaestatal en condiciones desventajosas, con la novedad de que los contratos se firmaron por 15 años.
En afán de tratar de enderezar la nave, la CFE está renegociando prácticamente todos los contratos desde un marco en que se ha comprometido el gobierno a no promover cambios constitucionales hasta dentro de tres años.
En el marco, se está cerrando otra fuente de drenado con la creación de un sistema anticorrupción que vigila las compras de la empresa… con visión retrospectiva.
En los tiempos que corren, no se trata de revivir una empresa monopólica, pero tampoco de que la conviertan en una más del montón.
Balance general
Emotivo, humano, el discurso del presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, logró concitar a su final una ovación de pie de los mil 300 asistentes al cambio de estafeta, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el del presidente entrante, Carlos Salazar Lomelín, éste de corte político–social, logró que el numerito se repitiera en varias ocasiones. Así cuando habló de que las empresas no le piden trato privilegiado al gobierno; cuando subrayó los graves contrastes sociales del país…
En el marco, el exdirector general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) se comprometió a invertir de la mano del gobierno y contribuir a que se erradique la pobreza extrema en el sexenio.
El Ejecutivo aceptó la colaboración y comprometió a su vez al sector a participar en la cruzada para erradicar la corrupción.
Carambola por Pemex
Colocada la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos por HR Ratings en escala global de HR A- con perspectiva negativa desde el 30 de octubre del año pasado, la firma está analizando si la mantiene o la degrada, en cuyo caso se afectaría la calidad de la deuda soberana del país.
La duda apunta a que la empresa pudiera sostener el monto de ingreso tributario previsto, en cuyo caso negativo se podría alterar la meta del gobierno de lograr un superávit primario en el presupuesto respecto al Producto Interno Bruto.
Además, se plantea que la desaceleración en el crecimiento económico pudiera provocar un deterioro en las condiciones de inversión que perjudique la recaudación.
Finalmente se habla de la posibilidad de que el gobierno reasigne el gasto corriente para incrementar el de inversión de la petrolera.
Inversiones ruinosas
Encendidos los focos rojos en Coca-Cola FEMSA por las pérdidas de 24 mil 245 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2017, la mira apuntó a una inversión ruinosa sembrada en Filipinas y las dificultades de operación en Venezuela.
Vendida la planta en el primer caso, desconsolidadas de sus estados financieros las operaciones en el segundo, en el mismo lapso del año pasado el escenario se revirtió, lográndose una ganancia de 5 mil 710 millones de pesos.
La paradoja del caso fue el alocado lanzamiento de las fanfarrias tras la inversión en Filipinas.
Bajan expectativas
La desaceleración en el crecimiento de la economía en el último trimestre del año pasado está provocando un ajuste en los pronósticos para este 2019. De acuerdo con Banamex, por ejemplo, se cerrará en 1.4%, creciendo sólo un punto en el primer trimestre.
El punto central habla de que el fenómeno se ha extendido a mayor número de sectores, alcanzando no sólo nuevas ramas industriales, sino a servicios.
Los niveles hablan de estancamiento.
Chicana del SAT
Conminado por un tribunal colegiado en materia administrativa a reponer el fallo de una licitación para instrumentar un Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, bajo la convicción de que se habían evaluado erróneamente las posturas de los dos consorcios que diputaban un contrato de 8 mil 500 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria ha impuesto desde mayo pasado una serie de recursos para no acatar la resolución.
El asunto lo revivamos ayer al dar cuenta que la empresa española El Corte Inglés está investigando a los directivos de su filial tecnológica en México, firma que participó el consorcio ganador, por tener empresas en el paraíso fiscal de las islas Bahamas.
El fallo lo impugnó la empresa integradora de Tecnología del Grupo Altavista.
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