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Otrora apostaban a que al final se sabría de qué artes se valió el funcionario en turno de la empresa productiva de Estado para triangular con la española Repsol un multimillonario contrato de suministro de gas natural proveniente de Perú.
Hubo nombres, hubo razones sociales, pero no cargos. A fin de cuentas no hay delito en que un exfuncionario trabaje con empresas privadas afines, siempre y cuando se cumpla un año de la salida del cargo, dado el bagaje de información acumulada.
Tampoco, desde el punto de vista legal, se podría cuestionar a una empresa que le coloca a un contrato una serie de cláusulas parciales a su causa en el desarrollo de una obra.
El problema es de quien las acepta.
Así, las firmas Carso de Carlos Slim; Ienova encabezada por Carlos Ruiz Sacristán y TransCanadá se cubrieron frente a eventuales movimientos sociales que paralicen las obras, exigiendo que se les pague en ocio como si el ducto estuviera en uso.
De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad en el cobijo de la hamaca éstas han cobrado 21 mil millones de dólares.
De acuerdo a la ley, las empresas que participan en una licitación para un ducto deben garantizar que cuentan con el derecho de vía correspondiente, es decir que no hay problema alguno en puerta de carácter social o ecológico.
En el marco, si una comunidad paraliza las obras por alguna razón de carácter político, las firmas voltean hacia el gobierno para que libere el obstáculo.
En el caso extremo, la firma estadounidense que operaba el ferrocarril Chiapas-Mayab conocido como “la Bestia”, se enfrascó en un pleito jurídico con el gobierno al exigirle pagar por los daños ocurridos a las vías y puentes ante la furia de un huracán.
Expedida por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1989 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que le abrió la puerta a los particulares para generar de cara al autoconsumo, abriendo una rendija para venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad, muy pronto su jefe de la oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya había adquirido una planta en sociedad con Claudio X. González.
Hoy éste es propietario de la firma Proveedora de Servicios de Energía, en tanto el expresidente y exsecretario de Energía, Felipe Calderón, hasta diciembre pasado fue consejero de la empresa Avangrid, filial de Iberdrola, la principal generadora privada del país.
Algunos de los nueve exfuncionarios señalados promovieron desde su trinchera la privatización eléctrica; otros la diseñaron, y los más la usufructuaron.
Asunto de moral y no de leyes.
Balance general
En el marco de la inminente resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la megafusión entre Disney y Fox, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su preocupación de que la concentración vaya a dejar fuera de la televisión abierta algunos partidos de futbol.
Lo grave del caso, sin embargo, es que el Ejecutivo planteó un posible conflicto de interés en la resolución del asunto.
La flecha apuntaría a la titular de la Unidad de Competencia del propio Ifetel, Georgina Santiago, cuya opinión es toral para los integrantes del pleno, quien ha trabajado con los abogados del despacho SAE fundado por Jaime Serral Puche, quien gestiona la fusión.
Estamos hablando de Eduardo Pérez Motta y Ernesto Estrada.
Crecen comisiones
Viva aún la discusión en comisiones del Senado de cara a la iniciativa que plantea reglamentar los cobros bancarios a la clientela, éstos se han disparado.
El año pasado el monto fue de 164 mil 560 millones de pesos.
Como recordará usted, a la presentación de la iniciativa se desató una formidable gritería sobre si se vulneraba la autonomía del Banco de México, al punto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de suspender tres años la posibilidad.
Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, decidió mantenerla viva, aludiendo a la separación constitucional de los poderes.
