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Aunque el anuncio de la Secretaría de Hacienda levantó suspicacias de rompimiento de reglas, pasó de noche la razón por la cual la dependencia otorgaría contratos de distribución de medicinas por adjudicación directa durante el periodo del 10 de abril al 30 de junio, abriéndose en paralelo un proceso licitatorio en forma para adjudicarse los seis meses restantes del año.
La explicación oficial hablaba de que tras la compra de medicinas para el sector salud existía un legado de corrupción, opacidad y malos manejos.
El caso es que desde octubre del año pasado se había iniciado el proceso licitatorio para la compra consolidada de medicamentos para el abasto de 2019, con batuta del Instituto Mexicano del Seguro Social y participación del equipo de transición del presidente electo, por más que entonces se hablaba de que el proceso lo organizaría la Secretaría de Salud… quedando finalmente en manos de la de Hacienda.
El hecho es que el 11 de enero pasado el IMSS dio a conocer el resultado del proceso abierto, en cuyo marco el gran ganador, con 90 claves, era Grupo Fármacos Especializados de José Antonio Pérez.
El contrato alcanzaba 7 mil 732 millones de pesos.
El segundo sitio lo obtuvo Dimesa, de Alejandro Álvarez, con 37 claves y un monto de 5 mil millones; el tercero, CPI de Gerardo Morán, con 94 claves y 5 mil 54 millones.
El cuarto era para Farmacéuticos Maypo de Carlos Arenas, con 22 claves y 2 mil 59 millones.
La primera, la segunda y la cuarta aparecieron el 20 de marzo en un comunicado de la Secretaría de Salud, señalándolos como acaparadores de contratos del sector durante el pasado sexenio, entre medicinas y equipos médicos, por 335 mil 392 millones de pesos.
La pregunta es obvia: ¿se anuló la licitación en marzo, quedando al descubierto el abasto de abril, lo que obligó a un proceso de emergencia vía adjudicación directa? En tal caso, ¿qué pasó con las que no fueron señaladas?
Por lo pronto, la nueva licitación, a la que se han inscrito 15 empresas, ya no es optativa o selectiva para las entidades federativas, dado su carácter centralizado, participando además 43 organismos de cinco dependencias federales, colocándose en la mesa 834 claves de medicamentos, 521 de materiales de curación y 26 de vacunas.
El escenario se abre a la participación extranjera, lo que no necesariamente alentaría la competencia, dado que éstas carecen de infraestructura para distribuir los medicamentos a todos los rincones del país en forma oportuna.
Desde otro ángulo, aunque se abre la puerta a fármacos fabricados en el exterior, se reclamaría la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la que carecen.
El común denominador en el nuevo estilo habla de combatir la corrupción; habrá que ver si también se trata de acabar con la opacidad.
Balance general
El documento entregado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda que plantea el escenario para la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos para el año próximo avizora nubes negras en el horizonte.
De entrada, la perspectiva de crecimiento económico se ubica en 2.1%, similar al esperado para este año, lo que implicaría necesariamente una disminución drástica de ingresos tributarios.
De hecho, para este año habrá un recorte de 121 mil 200 millones de pesos al desempatar la expectativa con la realidad.
El gasto programable se reducirá en 2020 en 264 mil 200 millones de pesos.
En el marco gravitan un escenario global complicado por conflictos mercantiles, deterioro en el crecimiento de las grandes economías y, a nivel interno, una eventual caída en los ingresos petroleros.
No soy yo
Aunque los organismos empresariales están arreciando la presión para impedir que se apruebe por parte del Congreso un nuevo escenario laboral en que se plantea la desaparición de sindicatos charros, blancos o de protección al hacer efectiva la libertad sindical prevista en el Convenio 92 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México, la exigencia viene de Estados Unidos.
Los demócratas la exigen como condición para darle el sí al acuerdo mercantil entre su país, México y Canadá.
En la baraja hay cinco iniciativas, una de las cuales prevé la desaparición de las juntas de conciliación para dar paso a tribunales laborales; otra plantea incluir en el escenario una regulación más estricta al outsourcing, y una más la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Aeroméxico se inconforma
Finalmente la Comisión Federal de Competencia Económica hizo público el monto de la multa impuesta a Aeroméxico por supuesta colusión para fijar tarifas… ¡hace 10 años! El monto es de 46 millones 190 mil pesos.
En la canasta se incluyó a Mexicana de Aviación, con un castigo simbólico de 52 pesos.
La firma fue declarada en quiebra.
Aeroméxico impugnará el castigo bajo cargos de irregularidades en el proceso.
Más huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República tienen en la mira al Grupo MirSot, firma ligada a Esteban Miranda Soto, por su presunta venta ilegal de hidrocarburos.
La indagación apunta al combustible que les surtió Pemex en sus estaciones de Colima, Querétaro, Michoacán y Guanajuato, para cruzarlo con las ventas reportadas a la Secretaría de Hacienda.
Miranda Soto es socio de la empresa Porter FG, quien peleó infructuosamente la posibilidad de una concesión portuaria vía la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.
Fundación IMSS
Dos años después, la Fundación IMSS logró encontrar sustituto del exsecretario de Salud, Jesús Kumate, como su presidente ejecutivo. El cargo lo ocupará Romeo Rodríguez Suárez, quien fuera Comisionado Nacional de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Especializados.
Entre los nombres que se barajaban estaba el que fuera su jefe durante el gobierno de Felipe Calderón, el exsecretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos.
Aunque hubo cambio de consejeros, sus nombres se guardaron bajo siete llaves.
albertobarrancochavarria0@gmail.com