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Se diría que el escenario, de acuerdo con los expertos en concordancia con los estándares internacionales, se subió a la ola de temores frente a las políticas del gobierno en ciernes.
El escándalo subraya pérdidas en el valor de mercado de las firmas por 38 mil 388 millones de pesos, cuyo marco está en el terreno de lo virtual, es decir, la ruleta sigue rodando.
De hecho, los bancos afectados en la cotización de las acciones por la iniciativa que los impele a bajar comisiones ya han recuperado parte de la pérdida.
La excesiva protección del actual gobierno y anteriores a las compañías extractivas nacionales y extranjeras ha provocado graves conflictos con las comunidades a las que le arrendan la tierra y posteriormente se buscan subterfugios para incumplir el pago.
Hay firmas que han invadido espacios que comunidades indígenas, como la huichola consideran sagrados, para no hablar de aquellas que extraen metales a cielo abierto vía explosiones de dinamita y uso de ácidos para limpiarlos.
El límite del exceso llegó con el colosal derrame de sustancias tóxicas de la mina estelar del Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, hacia el río Bacanuchi, afluente del Sonora, afectando gravemente a 12 comunidades, sin que la anunciada sanción multimillonaria a la responsable se haya hecho efectiva.
Planteado en el marco del Pacto por México un escenario de reformas a la Ley Minera, la posibilidad derivó sólo en la creación de un Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios para hacer participe, vía infraestructura a la población de las ganancias de las empresas extractivas.
Se planteó, por ejemplo, la construcción de calles y caminos locales, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público y aquellas que preservaran las áreas naturales.
La derrama no ha sido palpable.
En el cabildeo de las firmas se quedó en el tintero la posibilidad de incorporar al sistema de recaudación regalías que inexplicablemente, a contrapelo del concierto internacional, México no cobra.
La defensa de la Cámara Minera hablaba de que en su conjunto los agremiados le entregaban al fisco mil millones de dólares al año, lo que sin embargo no era proporcional con las ganancias.
En 2011 las empresas extractivas cubrieron fiscalmente apenas 1.3% del valor total del producto obtenido.
Ahora que de acuerdo al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, la contraprestación al gobierno por concesiones y asignaciones mineras durante los dos primeros años de vigencia de éstas es de sólo 5.70 pesos por hectárea.
Este se incrementa al tercero y cuarto año… para alcanzar 8.52 pesos.
Además, las empresas del ramo no pagan ningún derecho por la producción de minerales, incluido el oro, cobrándoseles sólo por la extensión de los terrenos a explotar.
En Perú, donde Grupo México tiene minas, se les impone a las compañías una tasa de 30% sobre utilidades corporativas, además de otra de 3% por ciento a título el de derechos… al margen, naturalmente, de la tributación sobre la renta.
¿Se acaba el mundo si se revisa el entorno en que operan las mineras?
Balance general. En la antesala de llevar a rango de ley la anunciada fusión de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, sigue la pelea por impedirla.
En la mesa se colocan, vía un desplegado, las objeciones planteadas por expertos en defensa del segundo, en un foro organizado por el Senado.
Así, el exdirector general del Bancomext, Enrique Vilatela, señala que es falso el que cuando se está apoyando la exportación se deje de hacerlo con el mercado interno, dado que la principal forma de apoyar a éste es favoreciendo la sustitución de importaciones.
A su vez, el ex subsecretario de Ingresos de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, señala que eliminando al Bancomext no se ahorra nada; al contrario, se cancelan utilidades y un valioso instrumento de apoyo al desarrollo.
Por su parte, el que fuera director general del desaparecido Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Julio Faesler, señala que Bancomext representa una parte indispensable para la política de comercio exterior.
Jaque a Aleática
. Dominado por Morena, el Congreso del Estado de México acaba de aprobar un punto de acuerdo para exigir al gobierno local clarificar las entrañas de las concesiones otorgadas a OHL, hoy Aleática, para construir y operar el viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
Se pregunta, textualmente, si se asumió una obligación incondicional de pago para la firma o su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, o si se les otorgó una garantía de recuperación de la inversión y rendimiento.
Se solicita también clarificar el monto de la inversión y rendimiento pendiente de recuperar con cierre al 31 de diciembre del año pasado, identificado el monto de recursos propios y créditos y financiamientos.
De no existir los adeudos, se solicita que el Secretario de Comunicaciones de la Entidad le notifique por escrito.
Siempre sí.
Disipada la polvareda, hete aquí que tanto BBVA Bancomer como CitiBanamex aceptan que sí hay margen para bajar las comisiones que se le cobran a la clientela.
A ellos se sumó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas.
De acuerdo con el director general de CitiBanamex, Ernesto Torres Cantú, siempre ha habido margen para reducir los cobros en el interés de ofrecer un mejor servicio con menores costos.
Lo cierto es que a contrapelo de la promesa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que en tres años no se revisaría el asunto, el trámite legislativo de cara a la iniciativa presentada sigue su marcha.
De aprobarla el Senado, la posibilidad es que la congele la Cámara de Diputados, lo que de no ocurrir obligaría al veto presidencial.
Primer gran apoyo
. La primera instancia empresarial que en los hechos se suma al programa “Jóvenes construyendo futuro”, la carta estelar en materia social del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador es el Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
El compromiso se pactó ayer en las instalaciones de Televisión Azteca, en un evento al que acudieron la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, además del que será secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
El presidente electo agradeció a la televisora por su apoyo “en tiempos difíciles para la democracia, para poder llegar a donde estamos ahora”.
En el marco se develó una placa con la frase: “Por la prosperidad incluyente”.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
