Obligado a mantener un control férreo del presupuesto para evitar un desborde frente a la promesa de cero endeudamiento y no más impuestos, el secretario de Hacienda, Carlos Urzua, chocó de frente ante el ímpetu presidencial de combatir la enorme desigualdad social del país.
Las promesas, los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador le añadían nuevas piezas al rompecabezas del gasto, lo que obligaba a uno y otro ajustes sobre la marcha a riesgo de violar la Ley de Egresos aprobada por la Cámara de Diputados.
Se diría, pues, que Urzúa quedó atrapado entre la ortodoxia y la política, con uno y otro choques frontales con los responsables de Petróleos Mexicanos, el IMSS y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Desde un ángulo por la exigencia de mayor presupuesto, y desde otro para solicitar menor dureza en las tareas de fiscalización.
El problema, ahora, será designar a un sustituto que al tiempo de tener imagen de duro reúna el perfil técnico que ofrezca certeza de cuadrar el ingreso con el egreso, sin estirar la liga más de su resistencia.
Solvencia para operar y estímulos para crecer en la casi imposible ecuación.