¿Por qué se ha descarado el #priñanietismo? ¿Por qué sojuzga a quienes deberían contrapesarlo, pese que al hacerlo exhibe burdamente su corrupción ante la opinión pública? Porque las personas que nos percatamos de ello no formamos parte de su base social ni incidimos en ella en el corto plazo. El círculo rojo, por lo demás, ya es mayoritariamente antipriista, y el presidente Enrique Peña Nieto no tiene tiempo ni interés de cortejarlo. Le urge cumplir dos objetivos: 1) romper al Frente Ciudadano mediante el linchamiento mediático y la cooptación de panistas, perredistas o emecistas (intenta acotar la contienda a una parejera con Morena para que el PRI se beneficie del voto útil anti AMLO); 2) manipular al Senado y a las autoridades electorales para asegurar su impunidad y desnivelar más la cancha de las elecciones de 2018 a su favor (quiere que, si su núcleo clientelar del círculo verde no le basta para ganar, nadie pueda llevarlo ante la justicia). Quien no lo entienda así no entenderá los coletazos del dinosaurio.
La clave está hoy en el segundo objetivo, donde se percibe más diáfanamente la estratagema priista. Los estrategas #priñanetistas se propusieron primero imponer al #FiscalCarnal y perdieron la batalla. Luego apretaron al Tribunal Electoral para que no anulara la elección de Coahuila, y están cerca de lograrlo. Finalmente consumaron la remoción del titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Este último caso revela su modus operandi. En él podemos apreciar tanto sus móviles como su impudicia, es decir, las razones por las que han dejado atrás el disimulo y atacan con ferocidad. Veamos.
El fiscal electoral tuvo la osadía de fiscalizar al poder y afectar sus intereses. Ejerció la acción penal contra quien era subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, una posible carta del Enrique Peña Nieto para suceder a Miguel Ángel Osorio Chong; el golpe sacó a Escobar de la Secretaría y le pegó en la línea de flotación al Verde (un partido más peñanietista que el PRI). Después investigó a los exgobernadores priistas Javier Duarte y a Roberto Borge, y fue central en las acciones para llevar a la justicia a César Duarte. Peor aún, inició averiguación contra Emilio Lozoya como presunto intermediario para que Odebrecht diera millones de dólares a la campaña del entonces candidato presidencial Peña Nieto. ¿A alguien le sorprende el enojo de Los Pinos en su contra y la decisión de destituirlo?
Las causas del despido mueven a la risa. Lo acusaron de filtrar información a un periódico (algo que la PGR hace sistemáticamente) y poner en riesgo el debido proceso contra el exdirector de Pemex. Si el fiscal hubiera afectado la pesquisa en torno a la empresa brasileña no lo habrían corrido, lo habrían premiado. Y es que, si alguna duda quedaba de que el Ejecutivo y sus secuaces legislativos están protegiendo a Lozoya para blindar a Peña, el descabezamiento de la FEPADE la disipó. La maniobra -en el más rancio estilo del priismo, esgrimiendo la legalidad para imponer la inmoralidad- demuestra el tamaño del ilícito que esconden y arroja a México a la ignominia. En Brasil, en Perú, en Colombia y en otras partes del mundo los sobornos de Odebrecht han llevado a la cárcel a los políticos más poderosos; aquí, en cambio, llevan a la calle al fiscal que estaba persiguiendo a los implicados. Es el mundo al revés: intocable, el exfuncionario exige disculpas y amaga con meter a la cárcel al exfiscal. ¡Y todavía hay quienes no ven el enorme daño que este PRI tóxico le hace a nuestro país!
El gobierno va con todo. No le importa que nadie se trague sus baladronadas legaloides, porque la opinión publicada no pesa entre sus votantes y porque su impunidad transexenal bien vale el escándalo de los opinadores y la desconfianza en los órganos electorales. No teme a las líneas ágata sino a las órdenes de aprensión. Y aunque todos sabemos que se trata de uno de los más corruptos de la historia de México, los indicios no se han traducido en evidencias jurídicas porque no ha habido investigaciones serias sobre la casa blanca, sobre los obscenos negocios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre la estafa maestra, sobre Odebrecht, sobre nada. Es el sello de la casa del autoritarismo restaurado y su corrupción legal: las leyes sirven para castigar la desobediencia, no la deshonestidad.
Ojo, el #priñanietismo no pretende limpiar su imagen en los periódicos. Quiere quedar impune, cueste lo que cueste.