¿Porqué es tan importante para el presidente Enrique Peña Nieto que Raúl Cervantes sea el próximo fiscal general por nueve años? ¿Por qué puso al Senado en modo #FiscalCarnal, en una chicana políticamente tan costosa? ¿Por qué emula a Javier Duarte y a Roberto Borge en la misma maniobra para buscar impunidad transexenal que a esos exgobernadores les provocó el repudio nacional? ¿Por qué asumió el alto riesgo de engañar a la opinión pública con una iniciativa tramposa para suprimir el pase automático del procurador, una cuyo único propósito era hacer que la gente creyera que se daba marcha atrás al transitorio mientras los senadores del PRI y sus aliados la congelaban para impedir que se votara? ¿De qué tamaño es su miedo a una Fiscalía verdaderamente autónoma?
Vamos por partes. Los argumentos del #PRIERDE (PRI+Verde) a favor de Cervantes son pueriles, por decirlo sutilmente. Hablan de sus méritos de jurista, como si fuera el único abogado talentoso en México, como si no hubiera penalistas tan capaces o más que él para encabezar la Procuraduría, y de paso esconden en su currículum sus credenciales de abogado del candidato Peña Nieto, primo del operador jurídico -antes oficial y ahora oficioso- del presidente Peña Nieto y conspicuo militante priista: dos veces diputado federal por ese partido, delegado a dos Asambleas Nacionales, coordinador de Asuntos Jurídicos y secretario general adjunto del CEN del PRI. Y qué decir de su actuación en la PGR, que se distingue por el celo con el que cuida a Lozoya y al propio Peña Nieto en el caso Odebrecht. Huelga explicar que esta parte de su cacareada “trayectoria”, soslayada públicamente, es la que lo hace más valioso para el priñanietismo.
La verdad es que Peña y su partido experimentan una peculiar mezcla de pánico y soberbia. Su temor a ser llamados a cuentas por la Justicia es tan grande como su prepotencia, recientemente insuflada por los resultados de la inefable elección en el Estado de México. Pero lo más importante, la razón por la cual el presidente se ha endurecido y ha hecho que los legisladores priistas se pinten la cara y marchen al campo de batalla con el estandarte del #FiscalCarnal es que ha llegado a la conclusión de que la única posibilidad de que el PRI gane en 2018 no estriba en el voto indeciso o switcher -que sensatamente da por perdido- sino en el aparato, la estructura y la maquinaria que operaron en Edomex. Por eso al priñanietismo ya no le importa cuidar las formas ni le interesa salvar cara ante la ciudadanía, por eso se ha descarado y prácticamente les ha declarado la guerra a las organizaciones de la sociedad civil. Primero lo hizo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción por medio del anterior presidente del Senado, luego lo ratificó por conducto del coordinador de los senadores del PRI, vía la ignominiosa cooptación de algunos panistas, a fin de forzar el pase automático o, si no le queda más remedio, de imponer a otro fiscal-tapadera.
Cierto, el más elemental análisis político nos dice que se trata de un grave error. No me refiero solo al costo que el priismo va a pagar con el mayor deterioro de su imagen, que será alto, sino principalmente a la exacerbación del enojo social y a la concentración de ese enojo en el PRI. Más aún, la forma en que el gobierno está apretando a los medios para atacar a sus adversarios está desnudando la restauración autoritaria. Pero todo es cuestión de comparar dimensiones: si bien es muy grande el daño de usar la aplanadora del poder para poner a un incondicional en la Fiscalía, es todavía mayor para el grupo priñanietista el peligro de permitir que haya un fiscal autónomo capaz de ejercer la acción penal contra él. No espero, pues, un cambio de actitud del presidente o de su partido. Ya empezó y se va a intensificar la madre de todas las canallas: la guerra sucia de calumnias, difamaciones y toda suerte de bajezas contra todo aquel que atente contra su impunidad transexenal. Ni hablar, llegó la hora de la verdad. Está quedando claro quiénes quieren que se extienda el cáncer de México y quiénes queremos extirparlo mediante el cambio de régimen.