La renuncia del procurador Raúl Cervantes Andrade es mucho más que un cambio regular en el gabinete. No es de sorprender que es una posición de gran desgaste y volatilidad política.
Prácticamente todos quienes han pasado por esa oficina han sufrido altos costos políticos, al grado de que se ha vuelto recurrente la frase: “para ser procurador se requiere ser un abogado con prestigio y disposición a perderlo”. El número de cambios en esa oficina es por mucho superior al de la media en la administración pública en general.
La renuncia del Procurador se da en un momento de gran trascendencia para las definiciones políticas, abre el debate sobre el nuevo modelo de procuración de justicia y adelanta desenlaces, el primero de ellos sobre la designación de quien lo suceda. El décimo sexto artículo transitorio del 102 constitucional (el “pase automático”) señala que “el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria” de creación de la Fiscalía General de la República “quedará designado por virtud de este decreto Fiscal General de la República” por un periodo de nueve años. Frente a la inminente eliminación del “pase automático” se tendrá que definir si la designación se hace en los términos de la Constitución o se aprueba un nuevo modelo, incluyente y sólido.
La Procuraduría General de la República presenta una serie de ineficacias estructurales, no es un mecanismo adecuado para la persecución de delitos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Es necesaria su reforma, pero ésta no debe hacerse sobre el zócalo de los intereses políticos, el debate es saber cómo crear un diseño institucional funcional, adecuado con la realidad nacional.
La reforma al 102 constitucional implica un nuevo modelo de procuración de justicia que tiene que ser armónico y complementario con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y en el que deben incluirse definiciones fundamentales como la autonomía de los fiscales electorales y anticorrupción, los procesos y el diseño institucional para el combate al delito, además de decisiones políticas como el mecanismo de nombramiento y la remoción del fiscal, entre otras.
Ante este escenario, si Peña quiere tener influencia en la designación del Fiscal tendría que impulsar la ley a toda prisa y costa en este periodo ordinario de sesiones, de otra forma sería muy difícil lograrlo en pleno proceso electoral, por lo que es previsible que quemará su resto para hacerlo con inmediatez.
Esto llevará al Presidente a un dilema de fondo, abonar a una cortina de impunidad hacia el grupo actualmente gobernante y beneficiarios del poder, como las empresas constructoras o aprovechar lo que probablemente es la mayor oportunidad del fin de sexenio: lograr una Fiscalía que sirva, con profesionales independientes y prestigiados, lo que sería de gran beneficio para México y también potenciaría al Ejecutivo Federal.
El debate sobre el modelo de procuración de justicia es sin duda el tema más importante, una visión sectaria de cualquier grupo dañaría a la nación, a la procuración de justicia y al Estado de Derecho.
