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México es percibido como el país con mayor corrupción entre las naciones miembros de la OCDE. La corrupción, desafortunadamente, es un fenómeno presente en la realidad cotidiana de todos los mexicanos. Impacta negativamente el desarrollo económico, contribuye al incremento de la pobreza, la inequidad y debilita la confianza en las instituciones. En otras palabras, la corrupción es un gran lastre para nuestra nación.
De acuerdo con el Índice 2016 de la Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, México está en el lugar 123 de 176 naciones. El mejor evaluado fue Dinamarca con 90 puntos. Nuestro país, con apenas 30, comparte ubicación en la tabla con Honduras y Sierra Leona.
Lo más preocupante es que la población con menos ingresos es la más afectada. Según un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los hogares que perciben un salario mínimo gastan 33% de sus ingresos en pagar algún costo asociado a la corrupción.
En el sector productivo, por otra parte, según la Encuesta de Fraude y Corrupción, de la consultora KPMG, 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios. Mientras que el Inegi reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.
Ante el tamaño del problema es importante cuantificar el impacto de la corrupción en nuestro país. Es necesario entender el fenómeno, localizarlo, medirlo, identificar sus causas, mecanismos de operación y exhibir sus efectos, para combatirlo adecuadamente.
En costos económicos la corrupción significa: reducción de la inversión hasta de 5% en países con mayor corrupción (Fondo Monetario Internacional), pérdida de 5% en ventas anuales para las compañías (Ernst & Young), impacto de hasta 9% en el PIB del país (Banco Mundial y Banco de México).
En cuanto a los costos políticos: 91% de los encuestados no confía en los partidos (Transparencia Mexicana), 83% no confía en los legisladores (Transparencia Mexicana), 80% no confía en instituciones del sistema judicial (Latinobarómetro), sólo 27% está satisfecho con la democracia (Latinobarómetro).
Por otra parte, algunos de los costos sociales de la corrupción son los siguientes: 14% del ingreso promedio de los hogares destinado a pagos extraoficiales (Transparencia Mexicana) y se registran 4 millones de actos de pequeña corrupción al año (CIDE-Imco).
En el ámbito de los negocios, 44% de las empresas reconoció haber pagado un soborno. (CIDE-Imco), México junto con Rusia es de los países donde las empresas hacen con mayor frecuencia pagos “extraoficiales” a políticos de alto nivel para obtener beneficios y/o para acelerar trámites, y los municipios son las principales instancias en recibir sobornos de las empresas (KPMG).
En procuración de justicia, que es uno de los impactos más nocivos de la corrupción, ya que fomenta la impunidad, según un estudio realizado en 2013 por “México Unido Contra la Delincuencia”, de 33 millones de delitos cometidos, sólo se denunciaron aproximadamente 1.6 millones y sólo 108 mil delincuentes fueron sentenciados, lo que se traduce en un 99% de impunidad. Por otra parte, de acuerdo con un análisis elaborado por el Imco, de las averiguaciones previas que terminaron en cárcel: solamente 2% fue asociado a delitos cometidos por funcionarios públicos, 10% a la delincuencia organizada y 38% por delitos contra la salud.
Asimismo, en el periodo de 2000 a 2013, de los 41 gobernadores en México acusados de corrupción, sólo se investigaron 16 casos y únicamente 4 terminaron en la cárcel. Eso en contraste con EU, en donde para el mismo periodo se investigó a 9 gobernadores, mismos 9 que fueron detenidos.
Asegurar el cumplimiento de la ley es el desafío más importante que hoy tenemos en México. Ello requiere de cambios profundos en el sistema de procuración de justicia, de fortalecer las instituciones y, sobre todo, de promover una cultura de la legalidad en todos los ámbitos y en cada uno de nosotros.
Hoy más que nunca, México necesita profesionistas responsables y comprometidos con su comunidad, que posean no sólo las competencias requeridas en sus respectivos campos profesionales, sino también valores éticos sólidos, y las instituciones de educación superior deben jugar un rol crucial en ello. Celebro que todo esto lo hayamos sometido a un análisis riguroso de manera conjunta con el Aspen Institute en México, con la participación de personalidades como Juan Ramón de la Fuente, Federico Reyes Heroles, Enrique Cárdenas Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Max Kaiser Aranda y Jaime González Aguadé, entre otros.
Presidente y director general de Laureate y de la Universidad del Valle de México
