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“Pinche vieja dramática, si estás respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres la mamada. ¿Ya te acordaste o quieres más bolsas o quieres más agüita? ¿O quieres toques? Dime tú que quieres. ¿Sí? ¿No?, ¿ya te acordaste?, ¿ya te acordaste?”, grita una mujer con uniforme del Ejército Nacional , identificada como AR5, a otra que está postrada en el suelo sin poder defenderse. “¡Contéstame lo que te estoy preguntando!”, insiste la militar.
Cuatro minutos de gritos, golpes, amenazas. Tortura . La mujer agraviada, reconocida como V1, está tirada en un suelo de terracería con apenas una blusa morada y unas mallas; se desvanece y eso no impide que los insultos sigan. AR5 le pregunta por María, pero dice no conocerla.
El hecho se dio a conocer después de que los medios de comunicación difundieran un video donde miembros del Ejército y la Policía Federal torturaban a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero . También esa historia quedó guardada en la recomendación 004/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en la que advierte detención arbitraria, retención y cateo ilegal.
Este caso no es el único por el que la CNDH ha emitido una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) después de comprobar irregularidades en el actuar del Ejército. Muy al contrario, estas llamadas de atención se multiplicaron desde el 2007, año en el que se inició la Guerra contra el Narcotráfico en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa .
En total, desde el 2007 y hasta este año, han sido 123 recomendaciones emitidas por la CNDH a la SEDENA, muchas de las cuales implican a miembros de las fuerzas armadas en casos que vulneran los derechos humanos de los mexicanos. Antes de que el ex presidente Calderón tomara el mando del país, la Comisión sólo había dirigido ocho recomendaciones a la institución militar mexicana.
Además, entre 2011 y 2017, ha recibido cinco recomendaciones internacionales por los mismos motivos que pueden ser consultadas en la página recomendacionesdh.mx de la S ecretaría de Relaciones Exteriores , la Organización de las Naciones Unidas y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El caso de Ajuchitlán del Progreso, según declaraciones de la SEDENA, ocurrió en febrero del 2015 y ese mismo año la institución inició un proceso de averiguación en el Ministerio Público Militar. “Íbamos circulando y se encontraban tres personas armadas quienes no dejaban pasar a la gente que bajaba al río. Intentaron darse a la fuga, pero no pudieron porque las armas que traían consigo nos les permitieron moverse con facilidad”, dijeron en su defensa los implicados en el caso.
También señalaron que V1, la mujer torturada, y otras dos personas que la acompañaban, declararon voluntariamente pertenecer al grupo del narcotráfico la Familia Michoacana . El saldo de esa detención fue recuperar las armas que poseían, además de 11 mil 850 pesos.
Confianza en el Ejército
El aumento de las llamadas de atención de la CNDH a las fuerzas militares del país contrasta con el nivel de confianza que los mexicanos muestran a esa institución. La encuesta México: Confianza en Instituciones 2016, de la empresa Consulta Mitofsky, coloca al Ejército Nacional como la tercera institución en la que los mexicanos depositan su confianza; su evaluación es de 6.8 y está por detrás de la Universidad y la Iglesia, punteros en ese listado.
De esta forma se coloca como la fuerza procuradora de seguridad mejor posicionada. La Policía le sigue muy de lejos, en el lugar 14, con una evaluación reprobatoria de 5, otorgada por los habitantes del país.
A pesar de eso, Consulta Mitofsky informó que el nivel de confianza por parte de los mexicanos al Ejército, al igual que al resto de las instituciones mexicanas integradas en su informe, atraviesa su peor momento, pues disminuyó dos puntos respecto al 2015.
Regulación del Ejército Nacional
El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto declaró que desde hace tiempo la Ley de Seguridad Interior “dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad” y confió en que el Congreso de la Unión atendiera con urgencia ese tema, por lo que hoy mismo la Cámara de Diputados ha puesto a discusión dicha legislación.
La Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo regular al Ejército Nacional, que desde el 2007 ha tenido la responsabilidad de salvaguardar la seguridad pública del país toda vez que la confianza en las policías estatales y municipales no ha sido suficiente para confiarles, entre otras tareas, el combate al crimen organizado.
La normativa puesta a discusión permite que después de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior el Ejército Nacional salvaguarde la seguridad de un municipio o un Estado por espacio de un año. Al finalizar ese periodo, el Presidente de la República podrá modifica o prorrogar la vigencia de la declaratoria de acuerdo a las condiciones y amenazas del lugar donde los militares hayan laborado.
Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza han impulsado en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, mientras la mayoría del resto de los partidos han calificado como inconstitucional la implementación de dicha legislación, pues el Ejército tiene la responsabilidad de realizar tareas de seguridad exterior y no interior; asimismo, señalan que de avalar la Ley, los casos de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, que se documentan en las recomendaciones de la CNDH, podrían ir en aumento.
