Recientemente José Antonio Meade, candidato por la coalición “Todos por México”, comenzó la entrega de una tarjeta llamada “Avanzar Contigo”, la cual viene acompañada de un certificado e información con las propuestas y utilidades que este programa tendrá, en caso de que llegue a la presidencia.
En agosto del 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que que no se iba a permitir la entrega de tarjetas en las campañas de 2018, pero en diciembre del mismo año la decisión cambió completamente.
El argumento fue que son un elemento de propaganda electoral y que mientras no haya un beneficio directo que comprometa o condicione el voto del ciudadano no habría violación alguna, por lo que ordenó eliminar el artículo 143 del Reglamento de Fiscalización del INE, que decía que:
“...los candidatos están impedidos para entregar por sí o por interpósita persona cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio.”
Pero este no es el primer caso en que un candidato hace uso de este tipo de estrategias. Apenas hace un año el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, repartió la tan sonada “Tarjeta Salario Rosa”, con la que se comprometía a dar una cantidad mensual a las mujeres mexiquenses como reconocimiento a sus labores en el hogar y la familia.
De igual forma la coalición del PRI, PVEM y Nueva Alianza para el gobierno de Coahuila, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, entregó en 2017 la tarjeta “Mi Monedero Rosa”. Sin embargo, en ese momento el TEPJF emitió una multa de más de 900 mil pesos a los partidos involucrados, a pesar del argumento de que sólo eran propaganda y no se dio ningún pago a través de ella a los votantes.
Años atrás ya habían sido tratados casos similares por las autoridades electorales. En 2011 Fausto Vallejo, quien buscaba la gubernatura de Michoacán entregó la “Efe”. Mientras que Rubén Moreira lanzó la "Más mejor" en Coahuila. En el Estado de México, los candidatos a la gubernatura en 2011, Alejandro Encinas y Eruviel Ávila, repartieron “La Cumplidora” y “La Efectiva”, respectivamente.
Esta última fue la que causó mayor debate entre los votantes y autoridades porque quienes la aceptaron recibieron dinero electrónico que se podía usar en tiendas y almacenes de autoservicio. En total fueron 134 millones de pesos los que se entregaron durante la campaña con “La Efectiva”. En aquella ocasión no hubo castigo ni sanciones.
La situación se repitió de nuevo en el Estado de México con las tarjetas “Monex” que se repartieron en 2012 durante la campaña de Peña Nieto a la presidencia, en donde el PRI aceptó haber gastado 16 millones de pesos en la distribución de las tarjetas y 50 millones más en dinero electrónico.
En 2015 el TEPJF dio por resuelto el caso y no dio sanción alguna al determinar que no se presentó ninguna prueba de que con estas tarjetas se haya comprado el voto de los ciudadanos.
Que el TEPJF permita el uso de tarjetas abre la puerta a la compra masiva de votos a través del engaño, debido a que, como lo explica el analista Benito Nacif Hernández , muchas de estas tarjetas, se dan con la promesa de beneficios económicos que se otorgarán en el primer momento en que el candidato en cuestión asuma el cargo.
La realidad que estos plásticos no garantizan la entrega de un recurso e incluso son sólo simbólicas, es decir, no tienen función ni valor real, pero lo más alarmante de la situación, como escribió el ex consejero electoral, Pablo C. Lezama es que los candidatos piden los datos personales a cambio de otorgar las tarjetas, por lo que el resultado es un abuso de la ignorancia y necesidad de la población.
