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Dos sucesos recientes, aparentemente sin relación alguna, tienen sin embargo una profunda conexión. Me refiero a la aprobación por parte de la Suprema Corte de una consulta popular a realizarse en agosto de 2021 y que se originó en la propuesta, por parte del presidente, de enjuiciar a todos sus antecesores vivos, con excepción del nonagenario Luis Echeverría (del que fue correligionario en el PRI , en los años setentas y ochentas). La otra es el intento, hasta ahora no consumado, de desaparecer 109 fideicomisos cuyos fondos han servido para apoyar la ciencia y la cultura en México , o que tienen como propósito financiar la respuesta ante catástrofes naturales y el cambio climático .
Pues bien, la Suprema Corte aprobó lo impensable y decidió rendirse al poder ejecutivo. La presión fue clara, los ilustres ministros estuvieron sometidos a amenazas diarias desde Palacio Nacional . A pesar de que el borrador del dictamen sometido a discusión calificaba la propuesta de ser “un concierto de inconstitucionalidades”, al final la mayoría optó por doblegarse. Tenemos así ya una presidencia imperial que le ordena al poder legislativo las leyes que debe aprobar y que ahora también controla las decisiones de la Suprema Corte. La división de poderes ha desaparecido y la restauración de la dictadura perfecta en México es prácticamente un hecho. Son décadas de avances de la sociedad civil que se liquidan de un plumazo.
La pregunta que el presidente propuso para ser sometida a consulta popular era la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes … (nombres) antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Ya se ha dicho y es elemental: si se han cometido delitos, por cualquier persona, ex presidentes o no, no se necesita preguntarle al pueblo si se debe investigar y sancionar. Simplemente se hace la denuncia y las autoridades deben actuar. Todo lo demás es circo electoral . Pero el partido en el poder trata de seguir sacando ventaja del hartazgo de la población con la corrupción rampante en México, ayer y hoy, para así obtener más votos en las elecciones intermedias de 2021 y mantener el control del Congreso de la Unión. Y esto, que es tan obvio y que en cualquier país democrático sería rechazado automáticamente por cualquier corte, es aprobado por una mayoría de juristas que temerosos le conceden su juguete electoral al presidente. El daño a la reputación de la Suprema Corte ha sido instantáneo. Lo ocurrido es digno de un episodio de la Tremenda Corte y Tres Patines.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt. Foto: Presidencia, archivo
Pero aún hay más. Sabedores de haber aprobado un despropósito, ya sea por miedo o por “amarres” políticos, todavía trataron de paliar el desastre. Modificaron la pregunta original y decidieron que se podía hacer la consulta después de las elecciones de 2021. El resultado es absurdo y confuso, digno de entrar en los anales de la ignominia judicial. Se propone ahora preguntar: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Así tenemos que ahora la Suprema Corte no solo dictamina si un despropósito es legal o no, sino que incluso lo “compone” para que pase la supuesta prueba de legalidad. Lo que ahora se pregunta es si se debe aplicar la ley en México o no. Una verdadera tontería cuya implementación a través de la consulta costará, se ha dicho, miles de millones de pesos, varias veces más que las supuestas ganancias de la cacareada rifa del avión presidencial . Pero darle el dinero al sector salud, en vez de hacer una consulta inútil no se les ocurre.
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Ahora que la Suprema Corte ha decidido rendirse mayoritariamente a la presidencia imperial de corte neopriista ya nada va a sorprender en el futuro. La tradición en gobiernos autoritarios es precisamente la de someter al poder judicial rápidamente para obtener beneficios futuros. Cuando en febrero de 2016 Evo Morales perdió el referéndum con el que buscaba poder ser candidato presidencial para un cuarto mandato, el Tribunal Constitucional, con integrantes nombrados por Evo, salió en su defensa y aprobó su candidatura reeleccionista por ser ésta un “derecho humano”. Así como en México el presidente afirma no querer enjuiciar a nadie, sino que “el pueblo lo pide”, así dijo Evo respecto a su candidatura: "No quiero, pero no puedo decepcionar a mi pueblo". En Venezuela, Nicolás Maduro se saltó la Constitución en junio para que fuera el llamado Tribunal Supremo de Justicia el que nombrara al próximo Consejo Electoral en vez de la Asamblea Nacional, dejando entrever el fraude que se prepara. Claro que Maduro celebró la obediencia de la corte que controla diciendo: “Con mucha fuerza y mucha fe, nuestra acción será grandiosa”.
En las repúblicas de protodictadores los tribunales están a su servicio. Se les llena de incondicionales desde el primer día, para así garantizar el ejercicio irrestricto del poder. Incluso en los Estados Unidos se está viviendo un proceso similar con los intentos, hasta ahora exitosos, de nombrar jueces afines a Donald Trump y su corrupta maquinaria partidaria.
Y una cosa que esos gobiernos autoritarios no necesitan es ciencia y conocimiento. A los científicos , quienes por su misma profesión están acostumbrados al pensamiento crítico , se les debe someter y convertir en dóciles ejecutores de cualquier ocurrencia que llegue del poder.
La sesión en la Cámara de Diputados tuvo que finalizar el jueves 1 de octubre, luego de que se pospuso la votación de la reforma que elimina los fideicomisos por falta de quórum. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
En México, el desfalco “transformacional” en curso ya acabó con todos los fondos de reserva existentes. La economía dejo de crecer desde 2019 y este 2020 ha representado hasta ahora un desastre económico y de salud. Resulta que los vilipendiados gobiernos neoliberales le dejaron 372 mil millones de pesos en caja al actual gobierno. De ese total, 280 mil millones pertenecían al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que ya para comienzos de 2021 habrá prácticamente desaparecido. Los otros 92 mil millones habían sido acumulados en el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, y ya también se han agotado. Ambos fondos tenían el fin de amortiguar contingencias. El primero existía desde el año 2000 y representaba el ahorro de 18 años: se lo acabaron en dos. Además, y al contrario de lo que se ha afirmado falsamente, la deuda interna y externa de México sí ha aumentado en estos dos años, en total y con respecto al PIB.
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Así que ahora el gobierno va por el último “guardadito”, es decir 109 fideicomisos creados en el pasado para los más diversos propósitos relacionados con ciencia y cultura. En particular, los fideicomisos pertenecientes a Centros Públicos de Investigación y al CINVESTAV , que aunque representan montos pequeños servirán ahora para tapar los hoyos presupuestales que ha dejado la crisis pero también la decisión irracional de no parar o al menos aplazar los costosos proyectos insignia del actual gobierno. Mientras PEMEX continúa desangrando dinero de manera espectacular, se continúa construyendo una refinería cuyos costos han explotado. Mientras la situación financiera de CFE cada vez es peor, Manuel Bartlett le devuelve al sindicato charro las jubilaciones doradas a los 25 años de servicio y con el salario completo, algo que el sindicato ni siquiera estaba peleando. Mientras el sector salud sufre un desabasto mayúsculo y su personal enferma y muere por Covid , lo único que se le ocurre al gobierno es realizar rifas.
Protesta de la comunidad científica contra la extinción de fideicomisos. Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL
En este México distópico de hoy la ciencia, los científicos y las universidades autónomas solo estorban. Ya lo dijo de manera muy clara Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia: "No hay recursos que alcancen para investigación básica. Yo en el corto plazo prefiero comprar tecnologías ya probadas que desarrollar nuevas". Es la ideología de la burguesía compradora enquistada en Palacio Nacional.
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El propósito de los fideicomisos de investigación, que ahora se pretende apropiar el gobierno, ha sido siempre el de proporcionar una garantía de estabilidad a los centros de investigación. Los resultados de un proyecto requieren años de arduo trabajo y los fideicomisos han funcionado como puentes financieros para salvar eventualidades sexenales. Además, siempre se les ha exigido a esos centros que generen recursos propios a través de contratos con la industria o proyectos internacionales. Los recursos autogenerados se han administrado a través de los fideicomisos, que siempre han estado auditados y sujetos a revisiones periódicas. De ninguna manera han sido fuente de corrupción generalizada o han servido para pagar “aviadores” como ahora se afirma a la ligera.
Es indignante la manera con la que se justifica desaparecer los fideicomisos para tapar los boquetes que ha generado la incompetencia que gobierna, el lenguaje que se utiliza es insultante y polarizador. Además de que todo era corrupción, se dice, los “beneficiarios” de los fideicomisos no deben temer nada. Los “beneficios” les seguirán llegando a través del presupuesto.
Diputados durante la votación por la extinción de 109 fideicomisos. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Traducido al español, eso significa que los científicos tendrán que estar extendiendo la mano cada año para que se les proporcionen recursos para sus investigaciones. Tendrán que portarse bien y ser dóciles, so pena de perder sus “beneficios”, equiparables en esa lógica al resto de los programas sociales de este gobierno. Así en México nos iremos llenando no de gente productiva, consciente e independiente, sino de toda suerte de “beneficiarios” dependientes por cordón umbilical del Gran Benefactor apoltronado en la silla imperial y que tanto insiste en la repartición directa de sus “becas”.
Esa es la conexión trágica entre el sometimiento de la corte y el grave ataque a la ciencia y cultura en México. Se trata de avasallar y someter al pensamiento crítico. Con la Suprema Corte parece que ya lo lograron. Los jueces, preocupados seguramente de no poner en peligro sus actuales cargos y privilegios, se descalificaron a si mismos.
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Pero con los científicos no lo van a lograr, por más que se esfuercen en convertirlos en carne de cañón de una supuesta gran transformación que solo va dejando escombros. Reparar todos los daños tomará décadas, pero los científicos mexicanos lo lograrán eventualmente. Y lo harán porque son patriotas y están comprometidos con su país, porque no andan en búsqueda de prebendas personales, porque quieren crear un mundo mejor para las generaciones futuras, muy al contrario de esos diputados y jueces que hoy comprometen el porvenir del país a cambio de migajas y de ocupar un puesto de comparsas en el proceso de consolidación dictatorial en curso. Debemos sentir vergüenza ajena de esos magistrados y diputados sin columna vertebral, pero al mismo debemos sentirnos orgullosos de esos científicos que continuarán dando la lucha desde la trinchera de su laboratorio por conseguir un México mejor.
fjb
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