La política científica del país fue uno de los temas más relevantes de 2021 por las campañas que emprendió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla; y este nuevo año la situación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Ley General de Ciencia y el desarrollo de la vacuna Patria serán temas preponderantes del sector.
En primer lugar está la Ley General de Ciencia, iniciativa que se ha intentado promover desde el inicio de esta administración, aunque en 2018, cuando Álvarez-Buylla asumió el cargo en el Conacyt, se pensaba que habría mayor beneficio hacia la ciencia; sin embargo, eso no sucedió, al contrario, comenzó una ríspida relación entre la comunidad y las autoridades. El l 8 febrero 2019, la senadora morenista Ana Lilia Rivera presentó una propuesta que buscaba expedir la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en sustitución de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El contenido de ese primer documento fue muy criticado por la comunidad científica. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) —organismo autónoma al que Conacyt acusó de ilegal y presentó una denuncia en contra de 31 científicos— emitió un comunicado (11 de febrero de 2019) en el que señaló algunas problemáticas con esa iniciativa, pues el Conacyt iba a centralizar y concentrar “la toma de decisiones del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”, y habría la posibilidad de que el Consejo prohibiera, limitara o cancelara “programas, proyectos y actividades de investigación, y que suspenda el régimen de patentes, para aquellas líneas consideradas unilateralmente como riesgosas por la Dirección General”.
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Desde ese momento, la propuesta implicaba “la desaparición del FCCyT, del Consejo Consultivo de Ciencias, de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República” y dejaba al Conacyt como “el único interlocutor del sector CTI del país con el Gobierno Federal”, además de que se podía ordenar la “desaparición de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) “a juicio unilateral” de la Junta de Gobierno del Conacyt.
El Foro Consultivo, encabezado por la doctora Julia Tagüeña (una de las acusadas por la FGR de delincuencia organizada), señaló en su comunicado que la iniciativa de Ana Lilia Rivera “fue presentada al Congreso de la Unión sin una discusión con la comunidad de CTI en el país”.
La propuesta no prosperó. El Conacyt indicó que estaba abierto al diálogo y recepción de los comentarios de la comunidad científica para generar la nueva ley; sin embargo, ese discurso fue señalado de falso, pues el 14 de diciembre de 2020, Álvarez-Buylla entregó al Presidente de México el “Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, que de nuevo fue descrito como centralista.
“El Anteproyecto contiene una propuesta de ley que confunde sus atribuciones y supedita la libertad de investigación a una Agenda y a un ‘Consejo de Estado’ que determinarán prioridades y ‘financiarán’ selectivamente. Es una propuesta centralista, en la que la representación de las entidades federativas en los órganos del sistema nacional es mínima” y “minimiza la función de la ciencia como creadora de nuevo conocimiento”, indicó la RedProCienciaMX en un comunicado del 11 de enero de 2021.
En 2021 hubo cambio de diputados y se prevé que la nueva Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa Cámara comience a discutir el tema el próximo periodo (inicia en febrero).
“Ya existe el borrador de la Ley, ya la tiene Conacyt, nos la va hacer llegar. (Para este borrador) se tomaron en cuenta todas las opiniones, porque para eso se realizaron foros, no nada más en la Cámara de Diputados”, dijo a EL UNIVERSAL (4/12/2021) la morenista María Eugenia Hernández.
Incertidumbre en el SNI
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984 “para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología” —señala el Conacyt en su sitio web—. Actualmente forman parte de ese programa más de 35 mil investigadores, a los que anualmente se les evalúa para determinar su permanencia o promoción en el Sistema, a través de criterios específicos.
En 2021, el Conacyt modificó el Reglamento del SNI, aunque los cambios iniciaron desde el 21 de septiembre de 2020m cuando se dio a conocer el nuevo Reglamento y para el 20 de abril se publicaron en el DOF algunas reformas aprobadas sin tomar en cuenta las cerca de 300 críticas de la comunidad científica emitidas en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Los primeros afectados por las decisiones del Conacyt fueron más de mil investigadores que laboran en instituciones privadas, pues se les retiró el estímulo económico. Por ello decidieron interponer amparos y aunque se ha ordenado al Conacyt dé los estímulos, el Consejo no ha atendido al requerimiento.
Crisis en el CIDE
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), uno de los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Conacyt, enfrenta una crisis desde agosto, cuando el Consejo designó a José Antonio Romero Tellaeche como director interino del CIDE, tras la renuncia de Sergio López Ayllón.
La gestión de Romero destacó por haber destituido a la doctora Catherine Andrews de la Secretaría Académica, quien se negó a suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs) porque ya estaban programadas con semanas de anticipación tal y como lo planteaba el reglamento. Sin embargo, Romero Tellaeche calificó esa acción como “un acto de rebeldía”. También destituyó, entre otros, a Alejandro Madrazo Lajous de la dirección del CIDE en la región centro, Aguascalientes, por “pérdida de confianza”, esto luego de que el investigador emitiera críticas hacia la actual administración.
Esas acciones fueron criticadas por la comunidad cideíta y la preocupación incrementó cuando Romero se postuló para director; por ello, los alumnos protestaron el 19 de noviembre en el edificio del Conacyt (Insurgentes Sur 1582), con la intención de reponer el proceso de director.
Cerca de tres horas los alumnos estuvieron afuera del Conacyt sin que ninguna autoridad les aceptara el documento con sus exigencias. A sabiendas de toda esa situación, el 29 de noviembre, Álvarez-Buylla informó que había decidido designar a Romero Tellaeche como director del CIDE para el periodo 2021-2026, en medio de un proceso que ha sido señalado de “irregular”, lo que provocó que los estudiantes tomaran las instalaciones del CIDE.
Aunque Álvarez-Buylla ha declarado que está abierta al diálogo, en cinco ocasiones no ha acudido al llamado de estudiantes y profesores del CIDE, quienes desde el inicio han solicitado la destitución de Romero Tellaeche.
El futuro del CIDE es incierto y por ello instituciones y figuras nacionales e internacionales han suscrito cartas en las que expresan su preocupación por la situación. El viernes, elementos femeninos de Protección Federal llegaron al CIDE para resguardar las instalaciones, pero además, los estudiantes constataron la presencia de la Guardia Nacional.
Retraso de la vacuna Patria
Durante la pandemia de Covid-19, el Conacyt no fue capaz de generar una vacuna. Fue el 13 de abril cuando Álvarez-Buylla dio a conocer avances sobre la vacuna Patria y adelantó que sería aprobada para uso de emergencia entre noviembre y diciembre, pero eso no sucedió.
La funcionaria presentó un calendario con las etapas. Los análisis de resultados de la Fase 1 estarían entre abril y mayo, los de la Fase 2 entre junio y julio, los de la Fase 3 entre agosto y octubre, y la aprobación para uso de emergencia entre noviembre y diciembre.
El 1 de diciembre, en el evento en el Zócalo, organizado por sus tres años de gobierno, el Presidente dijo que “el año próximo (2022), si todo marcha bien, contaremos con la vacuna Patria”.
El proceso de esta vacuna apenas se encuentra en la Fase 2. De hecho, el 15 de diciembre, el Conacyt emitió un comunicado en el que llamó a las personas mayores de 18 años a participar en “la Fase Clínica 2R”, que tiene por objetivo “evaluar el uso de la vacuna Patria como refuerzo para la inmunidad inducida por otros biológicos ya aplicados”.
Frase
"Ya existe el borrador de la Ley, ya la tiene Conacyt, nos la va hacer llegar. Se tomaron en cuenta todas las opiniones, porque para eso se realizaron foros, no nada más en la Cámara de Diputados”. María Eugenia Hernández. Diputada de Morena
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